El PP de Ayuso pide derogar la ley de memoria democrática porque “alienta el guerracivilismo como estrategia política”

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid en la que insta al gobierno regional a no participar en los actos organizados por el ejecutivo central para conmemorar el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y a proponer la derogación de la ley de memoria democrática. Esa proposición no de ley, registrada el martes con las firmas del portavoz parlamentario de los conservadores, Carlos Díaz-Pache, y de uno de los estrategas de la presidenta e inventor de la marca Vox, el diputado Rafael Núñez Huesca, acrecienta el choque total entre las dos administraciones. El último capítulo incluye que Madrid haya recurrido ante el Tribunal Constitucional, como adelantó EL PAÍS, la intención del gobierno central de declarar la sede de la presidencia regional como lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas y encarcelamientos que allí se produjeron cuando entre sus muros operaba la dirección general de seguridad (DGS) del franquismo (1939-1979).

“La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se aprueba al dictado de Bildu, herederos políticos de una banda terrorista que trató de destruir la democracia española desde el primer momento; como su antecedente, la de Memoria Histórica, se aprobó al dictado de Podemos y Zapatero”, se lee en el texto de la iniciativa, en el que se asegura que la norma busca “una alteración interesada de la verdad histórica” o “la deslegitimación de la Transición Española”, pues, se dice, “manipula la historia y siembra deliberadamente la discordia en la sociedad española, buscando resucitar el guerracivilismo”.

Sobre los actos organizados para conmemorar la muerte del dictador, los proponentes aseguran que “el gobierno de Sánchez persigue dividir la sociedad en función de la adscripción política de padres o abuelos, reprobar a los partidos de la oposición, y lo que resulta aún más grave: comprometer a la Corona”.

Y remata: “Para colmo, el programa de actividades asume una presunta relación causa-efecto entre la muerte de Francisco Franco y el advenimiento de la democracia”, cuando, argumenta, “fue fruto de un admirable proceso de concordia entre todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad española, cuya obra fue refrendada en referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978″.

En ese contexto, los proponentes justifican la derogación de la ley con que “alienta el guerracivilismo como estrategia política, divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables y convierte a los gobiernos de la UCD y del PSOE (hasta 1983) en cómplices necesarios del franquismo, al mismo tiempo que es un ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando y del totalitarismo, que se ensayó en España, antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial”.

El texto, que se aprobará con toda seguridad cuando el PP decida incluirlo en el orden del día del pleno de la Asamblea, pues los conservadores tienen mayoría absoluta en el Parlamento regional, resume el enfrentamiento total de las dos administraciones alrededor de la Transición.

El miércoles, para explicar el recurso ante el Constitucional por la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria, el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, expuso que “vincular la Real Casa de Correos con un periodo corto de su historia es una auténtica barbaridad”. “Tan solo un 15% de su historia se puede vincular con la Dirección General de Seguridad”, afirmó. Y añadió: “Exigimos al Gobierno central que deje de dinamitar los puentes que se construyeron durante la Transición, no ensucie el nombre de la Real Casa de Correos y, por extensión, el de todos los madrileños”.

Una línea que ya había marcado la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al acusar al presidente Pedro Sánchez de haber “enloquecido” por diseñar un programa de actos para conmemorar la muerte del dictador.

La presidenta, de hecho, ya tildó “falsa, sectaria y autoritaria” la ley de memoria democrática hace dos años, durante un pleno en la Asamblea donde se debatía sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos. Ayuso ya pidió entonces la derogación de la norma, pero no dio ningún paso oficialmente. Ahora, si el PP aprueba su iniciativa, tendrá la excusa para instar formalmente al gobierno central a que lo haga.