Vox quiere que Pallete, expresidente de Telefónica, comparezca en la comisión sobre el ‘caso Begoña Gómez’ impulsada por Ayuso

Vox ha registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una solicitud para ampliar su lista de posibles comparecientes en la comisión de investigación impulsada por el PP de Isabel Díaz Ayuso para esclarecer si la Universidad Complutense (UCM) dio un trato de favor a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, el partido ultra quiere incluir a José María Álvarez-Pallete, en calidad de expresidente Ejecutivo de Telefónica; Rosauro Varo, en calidad de miembro del Consejo Asesor de Telefónica; y Nicolás Oriol, en calidad de Secretario General y director jurídico de Telefónica. De esta manera se querría poner bajo los focos el papel jugado por la compañía en el desarrollo de un software para la cátedra que Gómez codirigió en la UCM. Además, como ya hizo en noviembre, Vox solicita ampliar el número de sesiones de la comisión en dos más. Las propuestas serán examinadas el 31 de enero en la Mesa del Parlamento regional, donde el PP goza de mayoría absoluta, y, por tanto, tiene capacidad total de decisión.

Las comparecencias que solicita Vox están vinculadas a la declaración que protagonizó el miércoles el representante legal de Telefónica, Nicolás Oriol, ante el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa abierta contra Gómez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su trabajo como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria. Según fuentes jurídicas, Oriol afirmó que la compañía aportó capital humano valorado en 50.000 euros en el proyecto tecnológico de la cátedra que dirigía Gómez en la Complutense, y que fue Varo, por entonces miembro del Consejo Asesor de la empresa, el que intermedió con la esposa del presidente de Gobierno para que la empresa se sumara a la iniciativa.

Gómez está acusada de haber inscrito a su favor la marca y el software de ese proyecto tecnológico en una sociedad de su propiedad. La UCM investigó en junio de 2024 la posible inscripción de la que se le acusa y consultó al registro de la propiedad intelectual si esto era cierto. El registro contestó que ni la esposa del presidente ni su empresa habían registrado nada. Pese a la respuesta, la universidad pidió al juez Peinado que lo investigase y este acabó imputando a Gómez en octubre por un presunto delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional. A nombre de Begoña Gómez solo está el dominio web donde se alojaría la plataforma tecnológica, cuyo coste fue de 25 euros que pagó de su bolsillo.

Si el PP rechaza en la Mesa de la Asamblea las pretensiones de Vox, la comisión de investigación afrontará sus dos últimas sesiones los días 12 (en el que se tratará sobre empresas patrocinadoras o colaboradoras con los estudios que organizó Gómez en la UCM) y 19 de febrero (comparecencias finales) sin que aún se haya aclarado si los conservadores convocarán a Sánchez, que en ese caso no estaría obligado a acudir a la llamada de la Cámara.

También tendría la posibilidad de convocar al presidente del gobierno el propio Vox, que solo tiene derecho a pedir una comparecencia a lo largo de toda la comisión. Y esa única posibilidad está reservada para Sánchez, según ha dejado claro la formación que dirige en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino.

Pero es altamente improbable que tanto Sánchez como sus subordinados del Ejecutivo central acudan a la Cámara en el caso de que se activen sus comparecencias. En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante Parlamentos autonómicos. Una decisión avalada por distintos dictámenes del Consejo de Estado.

Goyache niega el trato de favor

Los trabajos de la comisión de investigación se centran en la relación profesional entre Gómez y la UCM, que empezó en 2012 y acabó en 2024, cuando, en medio de la investigación judicial, la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez. De esta manera, Gómez figuraba hasta el curso pasado en la web del centro educativo como codirectora de un máster de formación permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra.

Cuando arrancaron los trabajos, el PP estaba especialmente interesado en utilizar la comisión de investigación de la Asamblea para poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector, Joaquín Goyache, y en que se explicara qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra, sin tener titulación superior, y la relación con las empresas que la financiaban.

Durante su comparecencia en la comisión, a mediados de noviembre, Goyache desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente: ”No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.