El asedio judicial a Begoña Gómez se fija en un ‘software’ de “uso gratuito gestionado por la Complutense”

La investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin encontrar pruebas del tráfico de influencias denunciado por la organización ultraderechista Manos Limpias. Los informes de la Guardia Civil encargados por el juez descartan indicios de delito en la actuación de Gómez. Las declaraciones de testigos e imputados no han supuesto avances en la investigación. Y tampoco existen aún evidencias sobre una supuesta apropiación indebida por parte de Gómez de un software financiado por empresas privadas a favor de la cátedra que ella codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del último fleco de una causa judicial que dura ya seis meses, acumula querellas en distintos juzgados y mantiene imputada a la esposa del presidente. Ese programa informático, que ahora es motivo de nuevas diligencias judiciales, se ofrece así en la página web en pruebas que Gómez habilitó por indicación de la Universidad: “Su uso no tiene ningún coste; es gestionado por la Complutense y el resto de colaboradores sin ánimo de lucro”.

Fuentes de la Universidad Complutense explicaron a EL PAÍS que ignoran cuál será el futuro del software —en el que se invirtieron más de 200.000 euros— y de los 29.685 euros que han quedado como saldo positivo en las cuentas de la cátedra, alimentadas con aportaciones privadas en el tiempo que estuvo activa. La universidad rechazó la solicitud de Gómez de renovar por otros cuatro años la cátedra, uno de cuyos objetivos era desarrollar una herramienta digital de ayuda a pequeñas y medianas empresas. “Una vez que el juez dictamine, se decidirá qué hacer”, señalan las mismas fuentes.

La universidad reclamó hace tres meses al registro territorial de la propiedad intelectual “cualesquiera inscripciones que respondan al nombre de Begoña Gómez Fernández ante la posibilidad de una hipotética apropiación de un bien/proyecto/software que es preciso contrastar”. El registro, según la documentación enviada al juez, contestó: “La búsqueda a partir del único parámetro Begoña Gómez Fernández no devuelve resultados de autoría”. Y amplió la información ante una nueva petición de la Complutense: “No hay solicitudes ni inscripciones de derechos en los que figure como titular la sociedad ‘Transforma TSC, S. L.”.

Esa firma, Transforma TSC, Sociedad Limitada, fue registrada por Begoña Gómez en noviembre de 2023 con un nombre parecido al de la cátedra que codirigía en la universidad. Pero la empresa, creada para poder desarrollar actividades profesionales diferenciadas de las que llevaba a cabo en la Complutense, no ha puesto a su nombre ningún software ni ha presentado cuentas, porque carece de actividad.

La Universidad Complutense, cuyos servicios jurídicos y administrativos auditaron cuatro años de gestión de la cátedra sin hallar apenas reparos, admite su confusión porque Begoña Gómez inscribió en 2020 la marca TSC Transformación Social Competitiva, y en 2023 creó una sociedad con un nombre parecido. Además, cuando los trabajos de la cátedra lograron desarrollar una herramienta digital para el uso gratuito por parte de empresas, Gómez registró otra vez a su nombre —en esta ocasión por indicación de la propia Universidad Complutense— un dominio web (www.TransformaTSC.org) donde alojar el controvertido software, fabricado y financiado por Google, Telefónica e Indra, estás dos últimas firmas participadas por el Estado.

Gestión pública sin ánimo de lucro

Esa página web es una plataforma tecnológica todavía inacabada —está en pruebas y la universidad ignora cuál será su futuro— donde se puede leer: “El uso de este software no tiene coste, y puede ser utilizado por cualquier empresa que quiera transitar el camino hacia la sostenibilidad. Además, tanto la Universidad Complutense de Madrid como el resto de sus colaboradores llevan a cabo su gestión sin ningún ánimo de lucro”. El supuesto negocio ilícito de Begoña Gómez, según la denuncia de Hazte Oír, “es una herramienta de uso libre, diseñada y pensada para las pymes”, señala la página web.

Esta herramienta digital inacabada es el último asunto que el juez Peinado investiga dentro de una causa que ya dura seis meses. El instructor parece descartar, en función de las últimas diligencias solicitadas, el motivo principal por el que abrió el proceso: un tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de la empresa estatal Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor en la cátedra que dirigió Begoña Gómez. Pese a ello, Barrabés está imputado. También lo está el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que impulsó la creación de la cátedra codirigida por la mujer del presidente.

La Audiencia marca límites a la investigación

La Audiencia Provincial de Madrid estableció en un auto del 29 de mayo pasado los límites de la causa abierta por Peinado: “La investigación deberá limitarse a los hechos sobre los que existe base objetiva, debiendo el instructor dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora, dado el carácter genérico inicial del oficio”. Los hechos sobre los que existía “base objetiva” para abrir una investigación eran, según la Audiencia, los contratos adjudicados a Barrabés en un concurso público porque el empresario incluyó en su oferta una carta de apoyo, junto a otras 31 de firmas e instituciones con idéntica redacción, firmada por Begoña Gómez como codirectora de la cátedra de la Complutense.

La Audiencia Provincial censuraba el resto de asuntos incluidos en la querella que dio origen a la causa: “Existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos, otro, el referido al rescate (multimillonario del Gobierno español) a Globalia (Air Europa) en el que la vinculación de la denunciada (Begoña Gómez) es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales (...)”.

Pese a esta resolución de la Audiencia Provincial poniendo límites a la investigación, el juez Peinado solicitó un mes después a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) todo el expediente del rescate a Air Europa. Una vez que recibió la información, el instructor encargó hace unas semanas a la UCO de la Guardia Civil analizar la documentación para sacar conclusiones.

La Fiscalía y la defensa de Gómez han recurrido ante la Audiencia Provincial la instrucción de Peinado al entender que ha convertido el proceso en una causa general contra la esposa del presidente del Gobierno, algo prohibido por la Ley.

Vox y Hazte Oír, personadas como acusación popular en la causa abierta por Peinado, han intentado extender la investigación mediante la presentación de otras dos querellas contra Begoña Gómez. La titular del juzgado 34 de Madrid ha rechazado la querella de Vox por no encontrar en los hechos relatados, todos ellos vinculados a la cátedra de la Complutense, ni un solo indicio de tráfico de influencias. Por su parte, el titular del juzgado 48 ha remitido la querella de Hazte Oír al Juzgado 41, de Peinado, por entender que los hechos denunciados, relacionados con la cátedra y el software para empresas, están relacionados con la investigación abierta a Begoña Gómez. La Audiencia Provincial ha ratificado hace unos días esta decisión para que el juez Peinado pueda investigar los nuevos delitos que Hazte Oír atribuye a Begoña Gómez.