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El juez Peinado insiste en investigar los pagos de la cátedra universitaria de Begoña Gómez

El magistrado reactiva la causa días antes de que la Audiencia de Madrid decida si la archiva

El magistrado Juan Carlos Peinado, cerca de los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, en junio.
El magistrado Juan Carlos Peinado, cerca de los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, en junio.Andrea Comas
J. J. Gálvez

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado más documentación a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la cátedra que dirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado, que mantiene imputada a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha pedido al centro docente que le suministre un listado de los “alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones de la cátedra”; así como una “relación de cantidades pagadas” a la investigada, al director adjunto de la cátedra y a todos los profesores, entre otros.

El pasado 19 de julio, Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM, declaró al juez que Begoña Gómez cobró como máximo 15.000 euros al año de la universidad. Aunque, según dijo Doadrio, la mujer del presidente preguntó si podía percibir hasta 30.000 euros porque participaba en “dos másteres”: “Yo pregunté a Asuntos Económicos y me dijeron que no. Que por normas presupuestarias, tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran. Y eso es lo que cobraría, pero sería por los másteres. Por la cátedra no pudo cobrar”.

Este nuevo movimiento del juez —recogido en una resolución firmada el martes— se produce apenas unos días antes de que la Audiencia Provincial de Madrid se reúna para estudiar si archiva toda la causa. El tribunal, que pidió a Peinado todas las pesquisas para analizar a fondo el asunto, se ha citado el próximo 30 de septiembre para deliberar y votar sobre los recursos de la defensa de Gómez y de la Fiscalía, que han acusado al magistrado de emprender una investigación desproporcionada, “prospectiva” y “carente de indicios”. “La causa sigue adelante con una amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición”, afirmó el ministerio público en un escrito.

En una resolución firmada el pasado 6 de septiembre, que se ha conocido este jueves, la Audiencia Provincial de Madrid ya rechazó adelantar su deliberación sobre el archivo de la causa, algo que había pedido el abogado de Gómez en julio. Por tanto, el tribunal mantiene que lo estudiará el 30 de septiembre. “Si bien la resolución derivada de esa sesión de deliberación y fallo se conocerá con posterioridad, tras la redacción por parte de su ponente y de la notificación del correspondiente auto”, ha precisado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las pesquisas contra Begoña Gómez arrancaron el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del juzgado se desprende que Peinado investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, que obtuvo adjudicaciones públicas. También ahonda en los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense, donde estuvo al frente de una cátedra.

A su vez, el juez ha puesto el foco en la relación de Gómez con el Instituto de Empresa —donde ella dirigió el IE Africa Center— y ha citado a declarar a una de sus empleadas el próximo 16 de octubre. Igualmente, ha colocado la diana en el rescate de la compañía Air Europa por parte del Gobierno a finales de 2020, para lo que ya pidió a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que le remitiese el expediente de las ayudas otorgadas por el Ejecutivo a la aerolínea del grupo Globalia. Sobre ese asunto ha insistido esta semana a la Guardia Civil, para que elabore y entregue un informe al respecto. La intención del juez es dilucidar si los vínculos entre Gómez y el entonces consejero delegado de la compañía, Javier Hidalgo, tuvieron alguna influencia, pese a que la Audiencia Provincial dijo que las sospechas eran meras “conjeturas”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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