El Supremo reprueba que los Mossos no detuvieran a Puigdemont antes de su nueva fuga e insiste en investigarlo

El juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, ha enviado a los juzgados de Barcelona la investigación sobre el regreso a España y posterior fuga de Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y líder de Junts, el pasado 8 de agosto. Ese día, Puigdemont —que lleva huido de la justicia desde noviembre de 2017— reapareció en el centro de Barcelona, dio un discurso ante sus fieles antes de la investidura del socialista Salvador Illa y automáticamente volvió a desaparecer. Las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron incapaces de arrestarlo, pese a que existía una orden de detención contra el dirigente independentista. Ahora, tras recibir sendos informes del Ministerio del Interior y de los Mossos d’Esquadra, Llarena concluye que esos documentos “no reflejan” que existieran en aquel momento “impedimentos” que justifiquen que Puigdemont no fuera detenido.

A través de una sucinta resolución de dos páginas, firmada este jueves, el juez del Supremo acuerda deducir testimonio, al apreciar indicios de dos posibles delitos en la actuación de aquel día: omisión del deber de perseguir delitos por parte de funcionarios y encubrimiento. Tres mossos fueron detenidos en los días posteriores a la fuga, y la Policía autonómica los suspendió cautelarmente. Llarena afirma en su resolución que no se puede “excluir la participación de otros responsables” en la huida de Puigdemont.

Tras analizar el contenido de los informes de Interior y de los Mossos, Llarena los envía a los juzgados de Barcelona para que tomen decisiones “a los efectos legales oportunos”. Los tribunales de Cataluña ya habían abierto una investigación contra los tres mossos arrestados.

El juez admite que los informes de Interior y los Mossos “aportan una explicación detallada de las circunstancias en las que se produjo la aparición pública del procesado rebelde, así como las razones por las que no se detectó su entrada y salida de España y no pudo materializarse su detención”. Sin embargo, Llarena cuestiona que la Policía catalana no pudiera arrestarlo.

“Pese a expresarse en el informe autonómico la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga, los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional”, censura el instructor del Tribunal Supremo.

Llarena movió ficha el día después de la reaparición y fuga de Puigdemont en Barcelona. El 9 de agosto, el magistrado exigió explicaciones a los Mossos y a Interior, pues sobre el expresident pesa una orden de arresto nacional —al encontrarse procesado y pendiente de juicio por malversación y desobediencia, ya que el alto tribunal rechazó en julio aplicarle la amnistía—. Llarena pidió a las Fuerzas de Seguridad que precisaran los dispositivos policiales desplegados para arrestar al dirigente independentista (que días antes había anunciado públicamente su vuelta a España), así como qué mandos los “diseñaron, aprobaron y ejecutaron”.

En su respuesta, Interior aseguró al juez que los Mossos renunciaron a contar con su colaboración para detener a Puigdemont; y que “los responsables políticos y operativos” de la Policía autonómica informaron al ministerio de que iban a poner en marcha “un dispositivo específico y especial” para proceder al arresto del líder de Junts una vez que este fuese localizado “y se diesen la circunstancias operativamente idóneas”. Por su parte, el cuerpo catalán alegó que “no se dispuso de la oportunidad para proceder a su detención”, aunque admitió “errores” en su actuación.