Interior asegura al juez Llarena que los Mossos renunciaron a su colaboración para detener a Puigdemont

El informe que el Ministerio del Interior ha remitido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena responsabiliza a los Mossos d’Esquadra de la detención fallida, el pasado jueves, del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont cuando este apareció en Barcelona para dar un mitin. El departamento de Fernando Grande-Marlaska destaca en el documento que, una vez que se anunció la intención de Puigdemont de acudir a la capital catalana supuestamente para asistir al pleno de investidura del socialista Salvador Illa, la policía autonómica informó al ministerio del diseño del dispositivo específico y especial que iba a poner en marcha para proceder al arresto del líder de Junts una vez que este fuese localizado. Fue entonces cuando Interior les ofreció a la policía catalana colaboración por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil, “sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”.

El documento añade que, por ello, aquel día ni Policía Nacional ni Guardia Civil pusieron en marcha ningún operativo paralelo para detener al expresident, aunque sí mantuvieron activos los controles habituales en fronteras, puertos y aeropuertos, donde conservan las competencias, así como en la ciudad y área de influencia metropolitana de la capital catalana. Interior recalca en su informe que el Estatuto de Autonomía da a los Mossos la competencia y capacidades operativas “como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa”, el mismo mensaje que desde que se produjo la fuga se ha lanzado desde el Gobierno.

No obstante, el ministerio añade que, una vez se confirmó que Puigdemont había eludido el dispositivo policial entorno al Parlament dispuesto por los Mossos para detenerlo, impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil en Cataluña, a través del delegado del Gobierno, para que “se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizar y proceder a la detención del expresident. Esto se tradujo, continúa el informe, en un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de Cataluña, y la puesta en marcha de controles en carreteras, en especial en aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia. En este sentido, matiza que las principales vías por volumen de tráfico quedaron, no obstante, bajo responsabilidad de la policía autonómica. “Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto”, recalca Interior en una nota hecha pública este martes.

El informe de Interior es respuesta a la petición de explicaciones que hizo el juez Llarena al día siguiente de la fuga tanto al ministerio como a los Mossos. Ante la orden de detención vigente contra el líder de Junts, cualquier cuerpo de seguridad tenía la obligación de detenerlo nada más pisar suelo español. Pero Puigdemont fue capaz de entrar en el país y dar un mitin público ante 3.500 personas sin que se le arrestara. Por ello, el magistrado se dirigió al departamento de Grande-Marlaska —del que dependen la Policía Nacional y la Guardia Civil— para que le explicase “cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y posterior detención”; “los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial”; “así como de las órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga”. También quería saber qué agentes “diseñaron, aprobaron y ejecutaron” este plan.

En la nota de prensa en la que ha informado este martes del envío del informe al Supremo, Interior recuerda que la detención de Puigdemont “ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales” dependiente del ministerio desde que se dictó la orden de detención contra él en noviembre de 2017. No obstante, recuerda que España forma parte del Acuerdo Schengen ―que engloba a 23 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega e Islandia― que garantiza la libre circulación de personas con la eliminación de los controles permanente de personas en las fronteras interiores, lo que dificulta que “que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento”.

En todo caso, añade la nota, en los dispositivos de control y vigilancia que establecieron Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia en aquellas jornadas, así como en puertos y aeropuertos, “no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”. Interior explica al juez a que si bien el acuerdo Schengen abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras, la medida debe ser justificados ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros por la existencia de “una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, medida que considera “excepcional” y que no se justificaba para detener a Puigdemont, añade.