Junts amenaza con más plantones para boicotear al Gobierno si no se amnistía a Puigdemont

Entre los miembros de la dirección de Junts per Catalunya cunde la idea de que el Gobierno ha empezado septiembre con una asignatura pendiente y que tendrá que esmerarse si quiere salvar este curso. La ley de amnistía fue aprobada a finales de mayo, pero sigue sin dar cobertura a Carles Puigdemont y la inseguridad sobre el futuro del expresident irrita a sus compañeros de partido. El disgusto se canaliza buscando un culpable y, descartada la mediación con los jueces, Junts trata de hacer valer su papel desequilibrante en el Congreso y pone en la diana al presidente Pedro Sánchez. La amenaza es boicotear cualquier propuesta legislativa que surja de los despachos del PSOE. “El Gobierno no tiene que olvidar que no tiene mayoría absoluta”, advirtió este miércoles Puigdemont. “Con Junts no funcionan ni los chantajes ni los embudos para hacernos tragar sapos”, añadió.

El súbito cambio de criterio que mostró este martes en el Congreso el grupo de diputados de Junts que capitanea Miriam Nogueras, alineándose con el PP y Vox para impedir regular el alquiler de temporada, se anuncia como una muestra de lo que está por venir. Fuentes del partido niegan que exista una ruptura formal de la relación con el PSOE, pero se pone de relieve que en los diez meses que han transcurrido desde que Junts apoyó la investidura de Pedro Sánchez apenas ha habido ninguna ganancia tangible que permita al partido presentar réditos y lucimiento ante el electorado independentista. “O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias”, manifestó el diputado de Junts Josep Maria Cruset. “Desde el 8 de agosto hay un antes y un después”, advertían este martes fuentes parlamentarias de Junts antes de sorprender con su voto en contra, poniendo el foco sobre el operativo de detención del expresident Puigdemont y no tanto en el pacto de ERC y PSC para investir al president Salvador Illa. “Lo que pasó fue muy bestia. El Gobierno no hace nada ante los jueces que prevarican con una amnistía aprobada”, señalan dichas fuentes

El PSOE argumenta que la aprobación de la ley de amnistía no es un gesto menor, pero Junts replica que el Gobierno no pelea lo suficiente contra la interpretación discrecional de los jueces que mantienen imputado a Puigdemont. Jordi Turull, secretario general de Junts, incluso ha acusado a los socialistas de “mirar hacia otro lado” para no enfrentarse al Tribunal Supremo. Si no se resuelve la situación de incertidumbre judicial que pesa sobre Puigdemont, Junts tiene previsto contraatacar rellenando de piedras el camino de la legislatura. “Es farragoso gobernar en minoría? Sí, no me lo tiene que explicar nadie. Pero es una buena manera de fomentar la democracia, porque da juego a las minorías”, manifestó Puigdemont en un escrito que publicó en las redes sociales.

Fue precisamente JxCat quien provocó un retraso de cuatro meses en la aprobación del texto de la amnistía porque consideró que el primer redactado de la norma quedaba cojo. El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, tuvo un papel muy activo en el articulado definitivo y afirmó que, al fin, la ley quedaba “blindada”. Sin embargo, Puigdemont sigue teniendo que vivir en Bélgica para evitar ser detenido si regresa a España e incluso protagonizó una inaudita reaparición en Barcelona este verano para escapar de los Mossos d’Esquadra.

La situación es especialmente delicada para Junts porque lo confronta con la gestión que ha hecho su máximo rival independentista, ERC, de los acuerdos con el PSOE. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, sí ha podido regresar libremente de Suiza a Cataluña tras salir beneficiada de la amnistía y, además, el partido republicano defiende haber cerrado un acuerdo con el PSOE para reformar el modelo de financiación de Cataluña.

Los bandazos de Junts

Miriam Nogueras trató de justificar este miércoles el cambio de criterio de Junts en relación con la propuesta de Sumar, avalada por el Gobierno, para regular los alquileres de temporada. JxCat había anunciado que optaría por la abstención, pero terminó votando en contra. “No se pueden imponer políticas que no funcionan”, alegó la portavoz de Junts en el Congreso. El colectivo Sindicat de Llogateres organizó una protesta este miércoles frente a la sede del partido y lo acusó al partido de ser “una marioneta de la patronal inmobiliaria”.

En materia de vivienda, y concretamente ante los alquileres, Junts ha dado fuertes bandazos en sus posicionamientos desde 2019, cuando en Cataluña comenzó a hablarse de una ley para regular el precio. Tras repasar una docena de votaciones o comparecencias de sus representantes en el Ayuntamiento de Barcelona, el Parlament y el Congreso, la síntesis sería que el partido sucesor de la extinta Convergència se ha mostrado partidario de limitar las subidas de precio de los alquileres. De otra parte, ha votado en contra de propuestas que ha habido para regular los alquileres de temporada, aunque los representantes de la formación defienden que son partidarios de una “buena regulación”. La disparidad de posicionamientos da cuenta de las tensiones internas que hay en el partido cuando se trata de vivienda y de modificar las condiciones a los caseros.

En el ámbito competencial de Cataluña, Junts formaba parte del Govern de la Generalitat (con el president Quim Torra) cuando en 2020 las entidades por el derecho a la vivienda, encabezadas por el Sindicato de Inquilinas, presentaron el proyecto de ley para regular las subidas. En julio de 2020 apoyaron el proyecto junto a ERC, la CUP y los comunes, en un momento en el que Junts presumía de estar más a la izquierda que Convergència.

Antes de la votación, en septiembre, intentó con enmiendas que no prosperaron endurecer las condiciones para declarar zonas de mercado tenso o en las que los propietarios debían aplicar la contención de rentas. Con todo, el 10 de septiembre votó sí al decreto, junto a ERC, la CUP y los comunes, y con el voto en contra de los diputados del PDeCat, que entendían que no se protegía al pequeño propietario y fue la primera vez en la que se rompió la disciplina de voto en la coalición que encabezó Carles Puigdemont.

Es destacable, con todo, que el Consejo de Garantías Estatutarias emitió un dictamen alertando de que el decreto 11/2020 invadía competencias del Estado y que limitar el precio obliga a una normativa de ámbito estatal. Los diputados de Junts sabían, pues, que probablemente la norma sería recurrida y tumbada. Y así fue, aunque pidieron, junto a las entidades impulsoras y los partidos que apoyaron la regulación, al Gobierno de Pedro Sánchez que no lo recurriera ante el Tribunal Constitucional. Fue en junio de 2021 y la sentencia que tumbó la regulación llegó en marzo de 2022: estuvo vigente durante un año y medio.

Sobre la regulación de los alquileres de temporada, en el Parlament Junts tumbó el decreto ley que el gobierno de ERC presentó antes de las elecciones de la pasada primavera. La norma, que se apoyaba en restringir los alquileres de temporada a estancias breves y justificadas, también fue rechazado por el PSC. Ambos grupos aseguraron que le faltaba seguridad jurídica y consenso con los sectores afectados.

En el Congreso, los diputados de Junts exigieron en 2021 al Gobierno que la futura Ley de Vivienda incluyera la regulación o tope de las rentas. Y cuando el Constitucional tumbó la regulación catalana de los precios, instaron a que la futura Ley de Vivienda habilitara a las comunidades autónomas para hacerlo. Pero a la hora de la votación, en abril de 2023, Junts no apoyó la primera Ley española de Vivienda de nuevo con argumentos competenciales: se alineó con fuerzas de derechas como el PNV, PP y Vox. Meses después, llevó la ley al Constitucional, junto con ERC, alegando que invadía competencias.

En el Ayuntamiento de Barcelona, Junts impulsó en 2019 una pionera comisión de estudio en la que durante varios meses de 2020 comparecieron agentes sociales y expertos: la conclusión, votada de nuevo por Junts, fue que sí era necesario regular los alquileres. En 2021, con la norma catalana ya en vigor, también apoyó la petición de la alcaldesa Ada Colau de que Barcelona fuera declarada área tensa de mercado residencial (para poder aplicar la norma) durante cinco años. En cambio, los concejales de Junts han rechazado proposiciones o iniciativas presentadas por ERC o los comunes que instaban a aplicar la normativa urbanística para acotar la oferta de temporada.

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