Gonzalo Boye, abogado en todas las salsas

Gonzalo Boye (55 años) se mueve entre tantas aguas que la marea se lo ha llevado más de una vez. Los capítulos en la hiperactiva vida de este mediático abogado conducen desde Viña del Mar (Chile) hasta escenarios tan dispares como la desaparecida cárcel de Carabanchel, donde comenzó a cumplir condena en los noventa por colaborar en un secuestro de ETA; o a la vivienda de Waterloo donde reside el expresidente catalán Carles Puigdemont desde su huida de la justicia española y a quien representa. Declarado héroe por algunos y diablo por otros, el controvertido Boye ha abandonado en más de una ocasión la discreta segunda línea por donde suelen discurrir los letrados. Muchas veces lo ha hecho de forma voluntaria (su presencia es habitual en programas de televisión), y otras, obligado: la juez María Tardón lo mantiene procesado desde diciembre por ayudar supuestamente al histórico narco Sito Miñanco, uno de sus antiguos clientes, a blanquear un dinero procedente de la droga.

Si en algo coinciden su entorno y sus adversarios es en utilizar el adjetivo “listo” para definirlo. “Sin duda”, insiste uno de ellos, “es inteligente”. Boye se maneja muy bien en las distancias cortas, es un buen conversador y sabe medir el alcance de sus palabras. Él mismo reconoce que su trabajo no se limita al ámbito jurídico, sino que alcanza una dimensión pública donde también debe disputar la partida. “Hay que colonizar el imaginario”, relata sentado en su bufete en Madrid, que comparte con su actual pareja, y en cuyo equipo se integran otras siete personas. Escribe artículos de opinión en Eldiario.es y Elnacional.cat, un digital catalán con una tendencia editorial independentista. También fue accionista de la revista satírica Mongolia, de la que se desvinculó en 2017.

Hijo de un periodista chileno opositor a la dictadura y de una diplomada en Derecho pinochetista, según cuenta él mismo en un documental de 2016 que lleva por título su apellido (Boye), aterrizó en España a finales de los ochenta junto a su primera esposa, madre de dos de sus tres hijas. Llegó desde Alemania, donde había estudiado Economía y Ciencias Políticas, dispuesto a dedicarse a los negocios. Pero la policía lo detuvo en 1992, lo vinculaba al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno y lo acusó de colaborar en los secuestros de Diego Prado y Colón de Carvajal en 1983, y de Emiliano Revilla en 1988, ambos perpetrados por ETA. La primera imputación quedó en nada —”en 1983 ni siquiera estaba en España”, subraya él—, pero la segunda llegó a juicio. La Audiencia Nacional lo sentencia en 1996 a 14 años, 8 meses y 1 día de prisión por prestar ayuda logística a la organización terrorista, aunque descarta su pertenencia a banda armada. “Yo no era miembro del MIR”, recalca Boye, que defiende su inocencia. Insiste en que no tuvo nada que ver y que su condena solo se sostiene con el testimonio de otro arrestado que lo implicó.

Ya en la cárcel, logró licenciarse en Derecho. Cuando seis años después queda en libertad, comienza como repartidor de hielo mientras consigue clientes. Una vida discreta que cambia a raíz de los atentados del 11-M: Boye asume la representación de una víctima chilena y su nombre regresa a la prensa.

Otras causas mediáticas le mantendrán en el foco: impulsa la querella en la Audiencia Nacional contra seis asesores de George W. Bush, expresidente de EE UU, por crímenes de guerra en Guantánamo (que provocó que la Embajada norteamericana elaborara un informe sobre él, según los papeles de WikiLeaks); se integra en el equipo que defendió a Edward Snowden, exanalista de inteligencia de la NSA que reveló los programas de espionaje masivo estadounidense; o se persona como acusación popular en la investigación de los papeles de Bárcenas. A su lista se suman caras menos amables, como el narco Sito Miñanco y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, exdirigente de ETA.

“Juega varias barajas a la vez”, apunta un antiguo colaborador, en referencia a esa presencia de Boye en causas muy mediáticas y ensalzadas por la izquierda por la defensa de los derechos humanos, mientras en otras representa a criminales. En su entorno, que lo describe como un apasionado del trabajo, lo enmarcan en el ejercicio del derecho de defensa. Que le ha llevado, dicen sus cercanos, a ser víctima de una campaña de “demonización”, que se acentuó a partir de 2017, cuando comienza a representar a dirigentes independentistas: entre ellos, a los expresidentes Puigdemont y Quim Torra . Desde entonces, se ha presentado contra él una querella, que no prosperó, por iniciar en Bélgica un proceso contra el juez instructor del procés donde se aportaba una traducción errónea de unas palabras del magistrado; un testigo protegido lo implicó en el caso Pujol; la Audiencia Nacional ordenó embargar sus cuentas para abonar la indemnización a Emiliano Revilla, que este reclamó en 2018; y se le ha procesado por ayudar supuestamente a Miñanco. Una acusación que Boye niega: “Se me persigue por ejercer mi profesión”.

“Querido Boye, van a por ti, van a por nosotros. Pero sabemos de tu determinación e inocencia. Es un gran orgullo y un gran privilegio ser tu defendida”, le escribía Laura Borràs, actual candidata de Junts a la Generalitat. El secesionismo lo ha convertido así en otro mártir más de su causa.