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Ayuso se abre a blindar el Valle de los Caídos frente a la Ley de Memoria Democrática, como reclama Vox

La Comunidad comienza a tramitar este jueves una ley de patrimonio que establece la posibilidad de proteger, siguiendo criterios técnicos, las cruces y los elementos decorativos

El Valle de los Caídos, el pasado 20 de octubre.
El Valle de los Caídos, el pasado 20 de octubre.Santi Burgos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha abierto la puerta a blindar la integridad estructural del Valle de los Caídos, como le exige Vox desde hace semanas. La extrema derecha, único socio posible del PP en la región, reclama que se declare este complejo levantado por la dictadura franquista como Bien de Interés Cultural (BIC) para así impedir que se “resignifique” como “lugar de memoria democrática”, tal y como prevé la Ley de Memoria Democrática. Aunque Díaz Ayuso aduce que no tiene competencias para hacerlo, pues el conjunto pertenece a Patrimonio Nacional, su Ejecutivo cree haber encontrado una vía que puede garantizar que no se toque ni una sola piedra, según dos fuentes de su máxima confianza: la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que ya se tramita en la Asamblea, y que incluye como bienes del patrimonio etnográfico “la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger”.

Sin embargo, matizan en el Ejecutivo, la decisión no está tomada: “Esa mención [en el articulado de la ley] a la protección de las cruces podría aplicarse a la Cruz del Valle de los Caídos, ubicada en San Lorenzo de El Escorial y gestionada por Patrimonio Nacional. En cualquier caso, como ocurre con la ley actual, el procedimiento reglado para la protección quedaría en manos de los técnicos, que tendrían que determinar el valor patrimonial de los bienes a proteger dentro de esta categoría”.

Concebido por el dictador Francisco Franco para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, el Valle de Cuelgamuros es también la tumba de miles de víctimas de la dictadura enterradas allí sin el consentimiento de sus familiares. En medio de la negociación para que el PP y Vox aprueben los Presupuestos de 2023, Rocío Monasterio, portavoz regional de la extrema derecha, ya puso sobre la mesa su petición de proteger el monumento de la dictadura durante un pleno de octubre. Este jueves, precisamente, la Cámara regional votará las enmiendas a la totalidad presentadas contra la ley de Patrimonio por la oposición de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Podemos). Si la norma supera ese trámite, como es previsible, el Valle de los Caídos, con su basílica y su inmensa cruz, estará más cerca de blindarse contra cualquier cambio producto de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Isabel Díaz Ayuso, en un acto el lunes en el Club Siglo XXI, en Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, en un acto el lunes en el Club Siglo XXI, en Madrid. Álvaro García

El compromiso de Ayuso con el mantenimiento del complejo en su actual estado es conocido. En octubre contestó una carta que le había dirigido un representante de Manos Limpias asegurando que “nunca” dará permiso para demoler ni la cruz ni ningún otro elemento del Valle de Cuelgamuros, en caso de que el Gobierno quisiera llevar a cabo algún tipo de intervención más allá de la conservación en el complejo monumental, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, según publicó la web El Independiente.

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Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la cartelería del Valle de los Caídos ya ha empezado a sustituirse por la de su nuevo nombre: Valle de Cuelgamuros. El Gobierno ultima el nuevo portal sobre el monumento, que incluirá toda la documentación reunida por expertos sobre su construcción y los traslados de restos (más de 33.000, el equivalente a la ciudad de Teruel), además de los discursos pronunciados durante la dictadura relacionados con el mausoleo y referencias a documentales y películas. Un decreto de próxima publicación establecerá el nuevo régimen jurídico del recinto y supondrá la salida de la comunidad benedictina que durante décadas ha dirigido el lugar. El plan de resignificación del monumento, iniciado con el traslado de los restos de Franco en octubre de 2019, culminará con un centro de interpretación, para lo cual el Gobierno prevé convocar un concurso de ideas.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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