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Bruselas pide a España “más esfuerzos” para enderezar las finanzas públicas

La Comisión Europea advierte de un “cierto retroceso” en las reformas

Lluís Pellicer
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, junto a Pierre Moscovici.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, junto a Pierre Moscovici.OLIVIER HOSLET (EFE)

Tras dos décadas de vida del euro, la mitad de los 19 países de la moneda única siguen adoleciendo de profundos desequilibrios. Entre ellos, España, pero también las otras tres grandes economías de la zona euro: Francia, Alemania y, sobre todo, Italia. Como avanzó EL PAÍS el domingo, a pesar de cinco años de crecimiento “sólido”, la Comisión Europea advierte a España en el informe del llamado semestre europeo de que los “grandes volúmenes de deuda externa e interna”, tanto pública como privada, siguen constituyendo su principal fuente de “vulnerabilidad” en un “contexto de elevado desempleo” y le pide "más esfuerzos" para enderezar sus cuentas públicas. Aun así, el foco de Bruselas sigue estando en Italia, Grecia y Chipre, cuyos desequilibrios considera “excesivos”.

La Comisión Europea, como viene haciendo en todos sus informes, resalta la expansión que viene experimentando la economía española en los últimos años. Sin embargo, en su evaluación sobre el progreso de las reformas estructurales y la corrección de los desequilibrios, sigue hallando varias asignaturas pendientes. España ha hecho progresos, pero los niveles de endeudamiento siguen altos y necesita seguir registrando superávit por cuenta corriente durante “un periodo prolongado de tiempo” para que su financiación exterior baje hasta “niveles prudentes”. Al mismo tiempo, la Comisión requiere “más esfuerzos” para llevar a las finanzas públicas hacia una senda más sostenible y le señala todo el recorrido que le queda en el terreno laboral, donde la temporalidad se ha generalizado, y social, donde España sigue sufriendo elevadas tasas de temporalidad y ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social.

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Bruselas también critica el elevado desempleo, la lentitud en la ejecución de políticas para aumentar el crecimiento potencial de la economía española y las carencias en investigación e innovación y la regulación empresarial. En su informe específico por países, además, señala la elevada tasa de desigualdad y de población en riesgo de pobreza como uno de los principales legados de la Gran Recesión que todavía debe afrontar España, entre otros motivos por el uso generalizado de contratos laborales temporales.

A España, pues, se le acumula la resolución de desequilibrios. En parte, porque “la velocidad” de las reformas se ha ralentizado desde 2014 y, en concreto, por la situación “cambiante” que vive España con el cambio de gobierno en 2018 y la convocatoria de elecciones para abril. Es más, el ejecutivo comunitario aprecia en el informe incluso “un cierto retroceso”, particularmente en el área de las pensiones. La Comisión Europea avisa de que el Presupuesto de 2018 implicó la “desviación” respecto a “dos elementos clave” de la reforma de 2013: el mecanismo de revisión anual para actualizar las pensiones durante 2018 y 2019 y el llamado factor de sostenibilidad, aparcado hasta 2023. Bruselas advierte de las consecuencias de esas medidas para la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo y concluye que, en caso de que se vinculen las pensiones con el IPC, el gasto aumentará lo equivalente al 4% del PIB en 2050.

El examen también disecciona la cara y la cruz de la subida del 22,3% del salario mínimo. Y si bien por una parte considera que será un elemento que modere el ritmo de crecimiento del empleo, también servirá para amortiguar el riesgo de los trabajadores de hallarse en riesgo de pobreza. Según la Comisión, alrededor del 11% de los empleados españoles percibirán el salario mínimo interprofesional, en comparación con el 4% que lo percibía en 2017. Pero esa proporción varía según las comunidades: desde el 3% de Navarra al 18% de la Comunidad Valenciana.

Lentitud de las reformas en Grecia

Aun así, los tres países con más dificultades siguen siendo Italia, Grecia y Chipre. Sobre Italia pesa la segunda deuda más elevada de Europa, equivalente al 133% de su Producto Interior Bruto (PIB). A pesar de haber llegado a un acuerdo político con el gobierno de Giuseppe Conte, la Comisión Europea sigue firme en sus análisis: ese lastre previsiblemente no va a bajar en los próximos años a causa de la debilidad de la economía del país –que el año pasado entró en recesión— y “los planes fiscales actuales del gobierno”.

Las consecuencias de la recesión siguen cebándose sobre Grecia. El país recuperó su soberanía en política fiscal al salir del programa de apoyo del fondo de rescate (Mede) el pasado mes de agosto. Sin embargo, la economía adolece por todas partes, según Bruselas: el alto endeudamiento público (182,2% del PIB en el tercer trimestre), su déficit exterior, la alta proporción de préstamos morosos, un alto desempleo y un bajo crecimiento potencial.

La Comisión lamenta, en cualquier caso, que los países con elevados niveles de deuda estén desaprovechando los años de bonanza para reconstruir sus colchones fiscales. En el informe por paises, Bruselas admite los esfuerzos de Grecia al ejecutar reformas, per advierte de que "en algunas áreas" ha ido lenta y ha ido aparcando "reformas clave". Tras ese documento, el Eurogrupo será el encargado de determinar si debe activar medidas de contingencia.

Pero los desequilibrios no solo están en la orilla del Mediterráneo. También Alemania y Holanda han sido señalados por la Comisión Europea. En el caso alemán, Bruselas insiste en las necesidades de inversión para asegurar un “modelo de crecimiento sostenible e inclusivo” dadas las carencias en infraestructuras y educación que tiene el país, en especial a nivel municipal. Una llamada a la que Alemania hizo oídos sordos durante años pero que el actual gobierno de coalición respondió en parte con un plan expansivo para este año.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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