Escrivá plantea compensar el alza de las pensiones si caen los precios

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha definido ya la fórmula para revalorizar las pensiones sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo. Tras varias propuestas a los agentes sociales, Escrivá presentó el lunes su última oferta: las subidas serán con la inflación media del año anterior. Pero habrá un mecanismo para absorber las alzas cuando el IPC sea negativo, como pasó en 2020, y así evitar que los pensionistas ganen aún más poder adquisitivo. En estos casos las prestaciones no subirán ese año, pero la ganancia obtenida por la inflación negativa se compensará en los tres años siguientes, según fuentes de la negociación. Esta es una de las patas de la primera fase de la reforma que Escrivá quiere tener lista antes de abril para satisfacer a Bruselas.

En 2020 los precios cayeron un 0,2% de media. En cambio, las pensiones, siguiendo las previsiones iniciales de inflación, habían subido a comienzos de año un 0,9%. Eso se tradujo en una ganancia de poder adquisitivo que se ha consolidado después. Para evitar esto —y el incremento de gasto que supone—, la Seguridad Social ha preparado un nuevo mecanismo de revalorización anual que ha detallado a los sindicatos y las patronales en las negociaciones que tienen abiertas sobre la reforma de las pensiones.

El texto que les entregó el pasado lunes empieza precisamente por este punto, la “nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo”. Para asegurar este objetivo, plantea una revalorización anual que, a diferencia de ahora, tomará la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del siguiente. Es decir, se usará el Índice de Precios al Consumo ya registrado y no una previsión que luego se compensa como se hace ahora. Además, cuando el IPC medio sea negativo, las pensiones no subirán y la diferencia se absorberá en los tres años siguientes en que haya que subir las pensiones. Esta propuesta modifica la inicial, que era tomar una media móvil del IPC durante cinco años.

A falta de lo que suceda durante la negociación con los agentes sociales, este futuro mecanismo de absorción solo se activará, lógicamente, cuando los precios caigan.

Este es el primer punto de la primera fase de reforma de las pensiones que plantea Escrivá y que quiere tener lista rápido. Varias fuentes al tanto de las negociaciones con los agentes sociales hablan incluso de un par de semanas, aunque algunas se muestran escépticas. A los sindicatos y empresarios no les convencen en absoluto las propuestas de la Seguridad Social. “Es solo una propuesta del Gobierno que no es compartida por los agentes sociales en la mesa. Tiene que haber cambios sustanciales tanto en contenidos como en plazos”, apuntaban este viernes en una de las organizaciones que participan en la negociación.

En esos contenidos está el paquete de medidas para alargar la edad real de jubilación y que se acerque así a la legal, que este año se sitúa entre los 65 y los 66 años (y llegará a una franja entre los 65 años y los 67 en 2027). La primera de ellas sería el veto a la llamada jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos. No obstante, este punto está pendiente de la contrapropuesta que hagan conjuntamente los sindicatos y las patronales en la mesa de negociación.

Jubilación anticipada

El documento entregado el lunes también concreta las restricciones a la jubilación anticipada voluntaria, a la que puede accederse dos años antes de llegarse a la edad legal de jubilación correspondiente. El planteamiento de la Seguridad Social es que los coeficientes reductores que se aplican se calculen por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres, como ahora. Para hacerlo, Escrivá plantea un periodo transitorio de tres años. El resultado final es que habrá pensiones más bajas para quienes se acojan a esta modalidad y, por tanto, un menor atractivo para hacerlo.

También en el retiro parcial hay un cambio sustancial, pues se plantea que el jubilado no pueda concentrar en un año todo el tiempo de trabajo que le corresponde antes del retiro definitivo. Debería trabajar ese tiempo durante cada uno de los años. Con ello se obstaculiza uno de los trucos que utilizan las empresas para renovar plantillas a menor coste, pero también se dificulta el uso del contrato del trabajador sustituto del jubilado.

El siguiente retoque que se pone sobre la mesa son los incentivos en la jubilación demorada a través de varias vías. Una es la mejora del premio que recibe quien decide continuar en el mercado laboral tras cumplir la edad legal, ya que la pensión se incrementaría para todos en un 4%. Este incentivo ahora se sitúa entre el 2% y el 4% en función de los años cotizados. Otra propuesta es dar una cantidad a tanto alzado por cada año completo de cotización adicional.

Además de estos cambios, también está desglosada la senda para que el Estado pague con impuestos los gastos que se consideran impropios del sistema, siguiendo la terminología que utiliza el Pacto de Toledo en sus recomendaciones de noviembre del año pasado. Ese camino concluirá en 2023, como ya ha anunciado el ministro Escrivá en alguna ocasión.

Una vez salga adelante esta primera fase de la reforma, la intención de la Seguridad Social es abordar en una segunda tanda la derogación del actual factor de sostenibilidad (cuya aplicación está suspendida y vincula la pensión inicial a la esperanza de vida) y su sustitución por otro; la subida de las máximas de cotización; la extensión del periodo de cómputo a los 35 años; el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad, y el impulso de los sistemas complementarios de pensiones. Sin embargo, estas son las intenciones del Gobierno, pero no coinciden con las pretensiones de los agentes sociales.

A los empresarios y sindicatos no les convence el contenido de las propuestas de la Seguridad Social. Los primeros argumentan que todo el paquete para que la gente se jubile más tarde acabará por dificultar y encarecer la renovación de las plantillas. A los segundos no les gusta “el perímetro” de temas que se proponen. También creen que es el momento de abordar ya la cotización de los autónomos de acuerdo con los ingresos que perciben. Y sostienen que la intención de la Seguridad Social de cerrar cuanto antes esta fase de negociación es prácticamente imposible.

Bruselas vigila con celo

La negociación para reformar las pensiones va en paralelo con las conversaciones con Bruselas para recibir los fondos europeos. Estos se han vinculado a la aprobación de reformas. Y Bruselas examinará cada seis meses, antes de cada desembolso, que se cumple hito por hito con la hoja de ruta prevista. El hecho de que se haya llevado a octubre el aumento a 35 años del periodo de cálculo, uno de los puntos que más ahorro conlleva y más polémicos, implica que será un hito a tener en cuenta para librar estos fondos a final de año.

El conjunto de este plan de reformas está aún negociándose con la Comisión Europea. Y en este punto hay versiones algo discrepantes según con quién se consulte en el Ejecutivo: para unos, la reforma de las pensiones está casi encarrilada y, aunque reconocen que Bruselas sigue pidiendo números, consideran que España está haciendo más que el resto, tiene una mejor situación de partida en el gasto en pensiones y, por lo tanto, bastaría con lo planteado. Para la otra parte, Bruselas cree que la reforma es insuficiente y pide mayor ambición. Máxime cuando al inicio de la negociación la Comisión intentó imponer un ajuste fiscal a cambio de los fondos. Pero esta exigencia se sorteó gracias a la cláusula que levanta la disciplina fiscal por la pandemia. Esto explicaría que el foco se ponga en las pensiones, cuyo déficit supone una buena porción del agujero en las cuentas del Estado y que, además, una parte ahora se pretende pasar al presupuesto sin medidas tributarias que lo compensen. El déficit de las administraciones públicas ya bordeaba el 3% del PIB en 2019, una cifra por la cual Europa inicia el procedimiento para poner en vigilancia fiscal a un país. Ahora el déficit estructural podría situarse en el 5%, según el Banco de España. Y en el 7% según la Comisión. De ahí la importancia de la reforma de las pensiones.