Estas son las reformas en pensiones y el mercado de trabajo que el Gobierno ha enviado a Bruselas

El Gobierno ya ha enviado esta semana a Bruselas los planes que tiene para el mercado de trabajo y las pensiones. Eran las dos fichas —de 30— que le faltaban por remitir a la Comisión Europea para empezar a recibir los 70.000 millones del plan de recuperación. No ha sido fácil encontrar un acuerdo entre los dos socios que componen la coalición. De hecho, no puede decirse que haya un punto común en pensiones. La ampliación del periodo de cómputo —ahora sin concretar― sigue planteada. Sí que hay un texto de encuentro, con cierta ambigüedad en la redacción, en el mercado de trabajo.

El texto ambivalente que se envía a Bruselas en materia laboral puede contentar a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las dos caras del choque de posiciones que se ha dado en el seno del Ejecutivo. Pero también es cierto que la enumeración de los aspectos que se proponen reformar y el punto de partida —la legislación laboral que dejó el PP en 2012— llevan a concluir que los cambios solo pueden ir en una dirección: la que se apunta en el pacto de Gobierno alcanzado a finales de 2019.

La concreción de los cambios planteados llegará en el diálogo social y el Parlamento, puesto que los textos entregados a los agentes sociales el martes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, dejan margen suficiente a la negociación.

Alguna de las reformas a las que se ha comprometido el Gobierno, en realidad, ya se han materializado, como la ley del teletrabajo o el desarrollo de los reglamentos de igualdad. Pero hay más. Estos son los puntos más importantes que se plantean:

Luchar contra la temporalidad. 37 años después de facilitarse los contratos temporales, España sigue padeciendo el abuso de la eventualidad. Desde entonces, casi todas las reformas laborales se han justificado con ese argumento: reducir la temporalidad, que se da en el 25% de la población asalariada. Pero el éxito, hasta ahora, ha sido escaso. La receta que pone el Gobierno sobre la mesa para combatir ese exceso de eventualidad pasa por exigir una justificación más clara a la hora de contratar de forma temporal.

Un fondo tripartito para los ERTE. Tras la experiencia de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) durante la pandemia, el Ejecutivo se plantea “establecer un modelo permanente” con las lecciones sacadas. Los ERTE no son un mecanismo nuevo en la legislación laboral, pero la regulación extraordinaria y las ayudas aparejadas han favorecido su uso estos meses. En esta línea, el Ejecutivo propone “un fondo tripartito” (Gobierno, sindicatos y empresarios) para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE. También fortalecer la formación de los afectados.

Cambios en los convenios. Este ha sido uno de los puntos que más fricciones ha provocado en el seno del Ejecutivo. Para orillar el problema se ha optado por una redacción ambigua: “abordar […] la ultra-actividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo”. Nada dice de en qué sentido piensa el Gobierno “abordar” estos puntos, pero también es cierto que el punto de partida es la reforma laboral de 2012, que en la “relación entre convenios” otorga toda la primacía al de empresa. Es decir, lo probable es que los cambios vayan en favor de los convenios sectoriales, como dice el pacto de Gobierno. Lo mismo puede decirse de la ultraactividad, (prórroga de los convenios hasta su renovación), que en 2012 se limitó a un año. La concreción, como en todos los aspectos de pensiones y del mercado de trabajo, llegará en el diálogo social.

Frenar la precariedad en la subcontratación. Los cambios en la regulación de las condiciones laborales de las empresas son un tema abierto desde hace años. La legislatura pasada estuvo a punto de lograrse un cambio. Finalmente no fue posible. Ahora la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los contratos de obra o servicio favorece las intenciones del Ejecutivo. También hay que aclarar qué convenio —y por tanto, qué condiciones laborales— es el de referencia para las empresas subcontratistas, si el del sector o el propio de la empresa principal.

Regulación laboral de las plataformas digitales. Este cambio es el que más pronto puede resolverse, pues el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales llevan meses negociándolo. En la última oferta del departamento que dirige Yolanda Díaz se proponía fortalecer los elementos que dictan que colectivos como los riders (repartidores en bicicleta) son asalariados y la posibilidad de que los representantes de los trabajadores tengan derecho de consulta en los aspectos laborales de los algoritmos que utilizan las empresas (horario, calificaciones…).

Políticas activas y formación. Las fichas enviadas a Bruselas plantean el tema por separado. El primero es uno sobre los que Bruselas reclama reiteradamente cambios. La propuesta del Ejecutivo es diseñar “trayectorias individualizadas de orientación, el impulso a la capacitación digital y a los nuevos nichos de empleo relacionados con la transición verde”. También plantea la modernización de los servicios públicos de empleo “mediante la digitalización, el perfilado de desempleados y el análisis de vacantes”. Otra línea es la revisión de las bonificaciones a la contratación, de las que el examen reciente de la Autoridad Fiscal ha destacado su ineficacia, pese a ser la principal partida de gasto de las políticas de empleo.

Financiación con impuestos de los gastos impropios de la Seguridad Social. El Ejecutivo cifra en 20.000 millones el coste que asume el instituto previsor y que no debería asumir, porque, entiende el Gobierno y el Pacto de Toledo, son gastos no contributivos. Ese dinero se pagará con impuestos y no con cotizaciones, y se marca el plazo para hacerlo en 2023.

Mantener el poder adquisitivo de las pensiones. La intención del Ejecutivo es negociar con los agentes sociales un mecanismo que ate la evolución de las pensiones a la marcha del IPC. Además, la Seguridad Social plantea que, sin bajar nominalmente las prestaciones, se tenga en cuenta los años en que las pensiones suben más que los precios para evitar ganancias en el poder de compra, como ha sucedido este ejercicio.

Acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Uno de los principales mecanismos de contención del gasto es retrasar la edad real de jubilación. Ahora la edad legal se sitúa en 66 años, para quienes han cotizado 37,5 años (llegará a los 67 en 2027). Mientras que la real está en torno a los 64 años. Elevar esta última es uno de los objetivos del departamento que dirige José Luis Escrivá a través de incentivos a la jubilación demorada voluntaria y con restricciones en las jubilaciones anticipadas.

Incrementar el periodo de cómputo. Tomar más años para calcular la pensión es otro de los elementos puestos sobre la mesa. Finalmente no se ha concretado cuánto tiempo, pese a que se ha hablado de 35 años. Esto supone, de media, una pensión inicial más baja para los nuevos jubilados. Para compensarlo, también se permitiría descartar los peores años en la cotización.

Un nuevo factor de sostenibilidad. La reforma de las pensiones de 2013 diseñó un factor de sostenibilidad que ligaba la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida, rebajándola si se vivía más años. Ahora, la Seguridad Social propone una vuelta a lo planteado en la reforma de 2011, que hablaba de un mecanismo que, partiendo de la variación de la esperanza de vida, afecte a otros parámetros de la pensión. Aunque no se especifica, entonces se hablaba de la pensión inicial, el número de años cotizados o la edad de jubilación. El objetivo es “liberar a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.

Cotización de los autónomos según su nivel de ingresos. El 85% de los autónomos cotiza por las bases mínimas. Esto se debe a que ahora los trabajadores por cuenta propia pueden elegir la base por la que pagan a la Seguridad Social, con algunas restricciones. Lo planteado es que coticen de acuerdo a sus ingresos.

Aumentar las bases máximas de cotización. En este momento, en España hay un tope en las bases máximas de cotización. Aunque un trabajador gane más de ese límite (4.070 euros), no paga más a la Seguridad Social. El Ejecutivo plantea aumentar ese tope, elevando también la pensión máxima para no romper la relación entre lo que se cotiza y lo que se cobra.