Fedea critica la “contrarreforma” de pensiones del Gobierno, que aboca al sistema a “un ajuste abrupto” en el futuro

El servicio de estudios cree que las propuestas del Congreso y del Gobierno se basan en un diagnóstico excesivamente optimista y que hará falta una mayor contención del gasto

Una representación del Movimiento de Pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en una concentración ante el Congreso de los Diputados.
Una representación del Movimiento de Pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en una concentración ante el Congreso de los Diputados.EFE

El think-tank Fedea considera que la Comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno tienen un diagnóstico “excesivamente optimista” e “intencionadamente tranquilizador” sobre el sistema de pensiones. Este diagnóstico se basa en que la Seguridad Social asume una larga serie de gastos impropios y por tanto no existen problemas de sostenibilidad financiera sino una mala contabilización. En consecuencia, el Gobierno sostiene que se podrá absorber sin problemas el aumento del gasto que generará el envejecimiento de la población y ha decidido desmantelar todos los controles del gasto que suponían la reforma de 2013.

Toda la sostenibilidad se fía a aumentar las aportaciones del Estado y algunas medidas para alargar la vida laboral. En opinión de Fedea, esto resulta claramente insuficiente y “se crean las condiciones para que el desajuste siga creciendo”. “La contrarreforma de pensiones que está planteando el Gobierno comportaría un aumento muy considerable del gasto (...), abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro”, concluye el documento firmado por tres economistas expertos en pensiones: Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez Martín.

Existen “dudas bien fundadas” sobre la capacidad de las propuestas del ministro José Luis Escrivá para generar reducciones de gasto como las prometidas, señalan. Fedea apunta por ejemplo que el titular de la Seguridad Social sugiere que se podrían ahorrar 1,2 puntos de PIB por cada año que se consiga retrasar la edad efectiva de jubilación. Pero, ¿cómo se va a ahorrar tal cantidad si el gasto de todas las altas de un año supone un tercio de esa cifra?, deslizan.

Y si se logra llevar la edad de jubilación real a la legal entonces no operarán las penalizaciones por jubilarse anticipadamente, que en realidad representan un ahorro para el sistema, defienden estos expertos. Y añaden que tampoco se aprecia que en general las empresas quieran a los trabajadores más allá de esas edades.

A juicio de este think-tank dependiente del Banco de España, el resultado es que se blindarán las prestaciones de jubilación, imponiendo una carga excesiva sobre los trabajadores. Las consecuencias serán muy negativas para la equidad entre generaciones, afirman. Incluso en un escenario con una inmigración muy elevada, el déficit de las pensiones se enquistará durante años en una cifra superior al 3% del PIB, casi la mitad de lo que se recauda por IRPF.

Escrivá cifra en unos 23.000 millones de euros al año los gastos impropios que soporta la Seguridad Social. Sin embargo, según Fedea, de esa cifra solo se pueden considerar realmente gastos impropios unos 4.700 millones. De esta forma se arrebatan al servicio público de empleo unos 11.000 millones que financian prestaciones de paro.

Las reformas que intentan cambiar cómo se calcula la pensión se pueden hacer mientras haya tiempo. Pero la jubilación del baby boom comienza en 2023 y Fedea destaca el impacto negativo que tendrá además la pandemia, aumentando la deuda y por tanto reduciendo el margen de actuación. “Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesaria una inyección muy considerable al sistema”, dice. Y esta habría que financiarla con cotizaciones o impuestos, dejando muy poco espacio para otras políticas.

Por todo ello, Fedea propone una política de gasto “más cauta”: extender el periodo utilizado para calcular la pensión a toda la vida laboral; establecer un factor de sostenibilidad que ligue la prestación inicial a la esperanza de vida o vincular de manera automática la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida con salvaguardas para las profesiones más penosas. Defiende que se actualicen las pensiones mínimas con el IPC, pero pide que las alzas del resto se vinculen a la situación financiera, si bien de forma menos drástica que con el famoso 0,25%. En definitiva, reclama que los pensionistas de ahora que no están en las mínimas, que según Fedea han capeado mucho mejor las dos últimas crisis, soporten una parte del ajuste. Esto no significa que las prestaciones tengan que caer en euros, sino que tendrán que subir menos que los salarios, matiza.

Escrivá siempre ha argumentado que el sistema de pensiones español tiene un punto de partida mejor para absorber lo que viene porque gasta algo menos en porcentaje de PIB. Sin embargo, Fedea responde que ese cálculo no tiene en cuenta que España ahora mismo es un país más joven que los que utiliza el ministro de referencia y que esa ventaja se diluirá conforme la población envejezca. Y recuerda que el sistema ofrece por las cotizaciones aportadas “una rentabilidad muy superior a la que el crecimiento esperable de la masa salarial podría pagar”. En promedio un 74% más de lo que se ha cotizado según cálculos del Banco de España.

Los expertos de Fedea subrayan que parte del desequilibrio tiene su origen en que las pensiones españolas son de las más generosas de Europa en relación a los salarios que las sustentan. Y además se prevé que durante los próximos 30 años el número de pensiones se eleve desde los 10,5 millones a los 14,9 millones. Y así la tasa de dependencia (la relación entre trabajadores y jubilados) pasará del 30% actual al 56% en 2050.

Sobre la firma

Antonio Maqueda

Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.

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