Pacto de Toledo

El Congreso logra un amplio consenso al aprobar las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones

Los diputados rechazan los 19 votos particulares presentados por los grupos parlamentarios

Vista del hemiciclo durante el pleno del Congreso de los Diputados, durante la tramitación de los Presupuestos.
Vista del hemiciclo durante el pleno del Congreso de los Diputados, durante la tramitación de los Presupuestos.Efe

Una de cal y otra de arena se ha visto este jueves en el Congreso. Al choque vivido en el debate de la nueva ley educativa se ha opuesto el amplio consenso alcanzado para dar luz verde a las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, que servirán de líneas básicas en la negociación de la reforma de las pensiones que empieza ahora entre el Gobierno y los agentes sociales. Este es el cuarto informe y la tercera renovación del Pacto de Toledo, creado hace ya 25 años. En esta ocasión ha tardado casi cinco años en lograrse ese consenso que se ha traducido en un amplio respaldo en la votación del Congreso de los Diputados este jueves: 262 votos a favor.

Solo la CUP, que cuenta con dos diputados, ha votado en contra. Entre las abstenciones, 78 en total, hay que sumar a un grupo muy dispar: Vox, ERC, Bildu, BNG y Foro Asturias. A favor del informe de la comisión con esas recomendaciones han adelantado su voto el PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Compromís. A pesar de este amplio respaldo, se han presentado bastantes votos particulares, 19, que han sido rechazados, según ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En las intervenciones de los grupos que apoyan las conclusiones se ha destacado que con el paso que se da hoy se camina hacia la “sostenibilidad” y la “suficiencia” del sistema de pensiones. “Hoy es un día grande. Este no es un acuerdo cualquiera”, ha proclamado Iñigo Barandiaran, el diputado del PNV, que ha sido miembro de la comisión del Pacto de Toledo durante los casi cinco años que ha tardado en elaborarse el informe. También los portavoces del PSOE, Merce Perea, y JuntxCAT, Genis Boadella, han hecho una defensa cerrada del texto.

Uno de los puntos más significativos de esta edición es el apoyo de Unidas Podemos al Pacto de Toledo. Durante los últimos años, la formación morada ha estado alentando las movilizaciones de pensionistas promovidas por diversas organizaciones, y algunas de ellas han sido muy críticas con esta comisión parlamentaria e, incluso, han reclamado su eliminación. Esto se ha podido apreciar en el discurso de Meri Pita, la diputada canaria que ha sido su portavoz en este tema durante la legislatura: “Esto es un primer paso. La lucha no termina”. Incluso ha dado la claves de por qué su formación, otrora crítica, ha virado su posición: “No es nuestro texto y viene a ser condición necesaria para la formación de Gobierno”.

En su intervención, el portavoz del PP, Tomás Cabezón, ha aprovechado para resaltar que su partido sí que es capaz de llegar a acuerdos. Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, ha aprovechado las abstenciones de VOX, ERC y Bildu para situarlos en la misma orilla: “Se han autoexcluido”.

La respuesta de Jordi Salvador, de ERC, ha sido que a su grupo no le basta con que el Estado asuma ahora los “gastos impropios”, sino que debería auditarse lo sucedido en el pasado. Y ha añadido que recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC no es para “tirar cohetes”. El portavoz de Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha recordado las movilizaciones de pensionistas y ha defendido, como uno de los votos particulares, presentado con ERC, que las pensiones mínimas se liguen al salario mínimo.

Lo más destacado de esta edición es la llamada a que el Estado aporte más dinero para financiar las pensiones. Para ello propone profundizar en la separación de fuentes de financiación del sistema basándose en que se financien con impuestos los llamados “gastos impropios” (las facturas de las prestaciones por nacimiento de hijos, descuentos en cotizaciones o el complemento en la pensión de las mujeres con hijos, entre otros). Esto supone unos 20.000 millones de euros. También se abre la puerta a explorar vías para que los trabajadores se jubilen más tarde, sin modificar la edad legal de jubilación, y, por último, se llama a impulsar el ahorro privado a través de planes colectivos o de empresa como complemento para la pensión futura.







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