El Gobierno recortará los incentivos fiscales para los planes de pensiones individuales y aumentará los de los colectivos

El Ejecutivo de coalición pretende reducir a partir del próximo año las deducciones fiscales que los contribuyentes se aplican en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones privados individuales. Por el contrario, aumentará la ayuda fiscal a los planes de pensiones colectivos, según confirman varias fuentes del Ejecutivo. El Gobierno prevé aprobar la medida en el Consejo de Ministros de este martes en el que también llevará los Presupuestos Generales del Estado para 2021. De esta forma, sigue la ruta que se apunta en el texto del Pacto de Toledo, todavía no definitivo, que prioriza esta forma de ahorro para la jubilación frente a la individual.

La idea del Gobierno pasa por reducir las deducciones de los planes de pensiones individuales de un máximo de 8.000 euros al año a 2.000 euros. Con los planes colectivos, el movimiento sería el contrario. La deducción anual aumentaría de los 8.000 euros actuales a 10.000 euros.

Esta medida es una de las recomendaciones que realizó hace unos meses la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo creado para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, tras analizar la eficacia de los principales beneficios fiscales (bonificaciones, deducciones y exenciones) del sistema tributario español. En su informe concluyó que esta deducción no cumplía con su función principal: incentivar el ahorro privado. Lo mismo puede leerse en el texto del Pacto de Toledo ultimado este viernes cuando los diputados se dicen “conscientes del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas [de ahorro complementario para las pensiones] han tenido hasta la fecha”.

La deducción fiscal para los planes de pensiones tiene un coste de 1.643 millones para las arcas públicas y de ella se benefician 2,5 millones de españoles, el 12,8% del total de contribuyentes, según cálculos de la Airef.

La conclusión del organismo presidido por Cristina Herrera tras analizar esta deducción fue: “De la evaluación se desprende que el incentivo fiscal puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal”.

La deducción de los planes de pensiones arrastra críticas y alabanzas cerradas desde hace tiempo. La Airef considera que es un incentivo “regresivo, desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas”. Es decir, beneficia más a quien más tiene. Lo mismo ha dicho quien ahora es ministro de Seguridad Social y fue su anterior presidente, José Luis Escrivá. La realidad es que de los más de 19 millones de contribuyentes que presentan la declaración del IRPF, menos de 20.000 personas se deducen el máximo de 8.000 euros al año, el 0,9% del total. Incluso el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), ya avisaba hace unos años: “No se puede favorecer más a través del IRPF el ahorro a largo plazo a quienes ya tienen suficiente capacidad de ahorro. El IRPF se convertiría en inequitativo”. Según el trabajo de la Airef, el 10% de los contribuyentes más ricos se llevan el 66% del beneficio fiscal con un coste para las arcas de 1.084 millones.

La contrapartida estará en que el cambio que prepara el Ejecutivo favorecerá a los planes de colectivos o de empleo al aumentar la deducción para estos hasta los 10.000 euros.

Esta medida se incrusta entre los cambios que el Gobierno prepara para reformar el sistema de pensiones. El incentivo del ahorro privado como complemento de las prestaciones públicas siempre ha figurado en los objetivos del Pacto de Toledo. Sin embargo, siempre ha tenido poco éxito. Solo ha funcionado en el País Vasco a través de las llamadas entidades sociales de previsión, que se articulan a través de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Y, de hecho, los diputados han tomado el ejemplo de una de estas entidades, Geroa Pentsioak.

Esta es una de las patas de la reforma que se está preparando y que, tras la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, pretende empezar a negociar el Gobierno con los agentes sociales. El objetivo es sacarla con acuerdo, como ya sucedió en 2011, cuando se pactó el retraso de la edad legal de jubilación de 65 años a 67, como norma general, con los empresarios y sindicatos, que sufrieron un importante desgaste social por esto. El fin es que entre esa reforma y la que ahora se prepara, una continuidad de aquella, se afronte el gran reto demográfico que enfrenta España en las próximas décadas, cuando se jubilará la generación del baby boom en un país cada vez más envejecido.

Los cambios que se plantea el Ejecutivo siguen el diseño planteado por el Pacto de Toledo, que, a su vez, sigue en algunos puntos las modificaciones planteadas por Escrivá ante esta misma comisión parlamentaria. Entre esos cambios estaría el acercamiento de la edad real de jubilación (casi 63 años) a la legal (entre 65 y 67 años). En un informe reciente de la Airef se apunta que por cada año que se consiga retrasar esta edad legal, se ahorra un gasto equivalente a un 0,8% del PIB. Es decir, lograr el objetivo de igualarla acerca ese ahorro a dos puntos del PIB.