El Pacto de Toledo quiere acercar la edad real de jubilación a la legal

El Pacto de Toledo ha alumbrado este viernes un texto que servirá de guía para la próxima reforma de pensiones. Contiene las recomendaciones para cerrar el déficit que arrastra el sistema desde 2011 y los ajustes para afrontar el impacto de la jubilación de la generación del baby boom. Del texto resaltan dos claves: que el sistema solo soporte las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad y el resto de gastos lo asuma el Estado con impuestos y acercar la edad real de jubilación a la legal. El documento cerrado, después de cuatro años, prevé contar el martes con un respaldo amplio en la votación de la comisión parlamentaria.

El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que cuenta con 22 recomendaciones, se votará el próximo martes en la comisión parlamentaria. La mayoría de fuentes del Pacto de Toledo apuntan que el documento contará con el voto positivo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, Junts per Catalunya y PP. Algo que certifica el portavoz del grupo vasco, Íñigo Barandiaran. Otras fuentes, no obstante, añaden que los populares se habrían reservado el sentido de su voto. Más dudas hay con la posición que tendrán Bildu y Vox. ERC, por su parte, está entre el no y la abstención, como apunta su portavoz, Jordi Salvador, quien ve avances respecto a otras ediciones pero los cree aún insuficientes. En cualquier caso, las negociaciones y deliberaciones entre los miembros del Pacto de Toledo son a puerta cerrada por lo que hasta el martes puede haber cambios de última hora en el texto.

El documento con las 22 recomendaciones arranca dejando claro que el Pacto de Toledo “se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual”. Los siguientes puntos, una vez que se aprueben definitivamente, serán el germen de la reforma de pensiones. De la lectura del documento se vislumbran los puntos más importantes por los que discurrirá, que son los siguientes:

Déficit y financiación. Es uno de las claves de esta edición, la cuarta del Pacto de Toledo, y se desarrolla en la recomendación número 1. Defiende que “las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva” y, para zanjarlo, propone ir más allá en la llamada separación de fuentes de financiación da un paso, para que las cuotas sociales se centren cada vez más en pagar las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad.

Señalan los diputados que se paguen con impuestos las prestaciones de paternidad/maternidad, el complemento en las pensiones de jubilación de las mujeres que han sido madres o los descuentos en cotizaciones para impulsar el empleo (tarifas planas). Los cálculos que ha desgranado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus comparecencias cifran estos gastos impropios en 23.000 millones de euros. Según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, ya en 2021 el Gobierno asumiría con impuestos 11.000 millones de esa factura. El periodo para acabar este recorrido sería esta legislatura, es decir, 2023.

Edad de jubilación. Esta vez el Pacto de Toledo no propone aumentar la edad legal. Lo hizo en 2011 y dio pie al retraso progresivo de 65 a 67 años, como norma general, límite que se alcanzará en 2027. Ahora lo que pide es que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”. La coincidencia de esta línea con las intenciones de Escrivá son plenas. Él propone esa aproximación la vía del desincentivo al retiro anticipado y el incentivo a la jubilación más allá de la edad legal. En este sentido, la comisión habla de que “es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que dicha prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente”.

En los últimos compases de la negociación, se ha incorporado un párrafo que pide a la Seguridad Social que analice la situación de los trabajadores con largas carreras de cotización que pierden su empleo y se ven obligados a jubilarse anticipadamente, con la minoración correspondiente de la pensión. Reclaman los diputados que se haga un estudio y, “a la vista de dicho análisis”, el Gobierno les proponga una respuesta en tres meses.

Poder adquisitivo. En este punto, los diputados estuvieron encallados durante bastante tiempo. La redacción final deja clara su apuesta por los precios como referencia para mantener el poder de compra de los pensionistas: “La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”. Y añade que “se constata que el vigente mecanismo de revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso político y social”. Esta redacción diplomática, que rechaza la fórmula establecida en la reforma de 2013, pretende no soliviantar al PP y sumarlo al consenso.

Ahorro en la negociación colectiva. La recomendación de estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública está en el Pacto de Toledo desde el primer momento. Pero nunca ha despegado, como admiten los diputados al señalar el “insuficiente e insatisfactorio recorrido de estas fórmulas”.

Para impulsarlas, la comisión propone dar aire a “los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro”. El modelo de estos sistemas está en las entidades de previsión social vascas, donde a través de la negociación sectorial entre patronales y sindicatos se ha conseguido impulsar el ahorro para la jubilación.

Con los planes individuales, los conocidos como fondos de pensiones, se señala que “la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores; de ello se desprende la necesidad de regular fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos en este tipo de sistemas complementarios”.

Autónomos. Otro elemento que se aborda es el de dar pasos hacia una cotización de los trabajadores por cuenta propia de acuerdo con sus ingresos. Apunta el texto que esto debe pasar por el diálogo social, este aspecto, añadido en las últimas versiones del texto, ha sido una exigencia del PP para sumarse al consenso.

Mujeres. Constatada la desigualdad de géneros en este campo, el Pacto de Toledo reclama “medidas estructurales, tanto en materia laboral como en el ámbito específico de Seguridad Social, referidas a la propia configuración del sistema y a la forma de acceso a las prestaciones”. A continuación, proponen cinco puntos sobre los que actuar: cuidados de familiares y carreras profesionales, igualdad retributiva, lagunas de cotización, empleo a tiempo parcial y pensiones mínimas suficientes.

Jóvenes. Por primera vez, la comisión incluye una recomendación específica sobre jóvenes. Más que aconsejar, aquí lo que hace el texto es constatar las dificultades de este colectivo para acceder a un empleo y el “descrédito que sufre la Seguridad Social” entre ellos.