El Gobierno estudia premiar con un cheque a los que se retiren después de cumplir la edad legal de jubilación

Una de las piedras angulares de la reforma de pensiones que prepara el Gobierno es lograr que los trabajadores se retiren más tarde sin elevar la edad legal de jubilación. Para eso prevé aumentar los incentivos que ofrece el sistema de pensiones a quien decide trabajar más allá de ese horizonte voluntariamente. ¿Cómo hacerlo? Entre las opciones que baraja el departamento que dirige José Luis Escrivá está la posibilidad de dar una cantidad a tanto alzado a quien demore su jubilación y trabaje después de haber cumplido esos 65 o 67 años, apuntan a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo.

El Pacto de Toledo, que vota hoy las recomendaciones oficiales para la reforma de pensiones, dice en su borrador cerrado el pasado viernes que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”. Lo mismo ha explicado el Gobierno a Bruselas en su plan de reformas, adelantado el lunes por este diario. Y ese mismo objetivo expuso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su última comparecencia ante la comisión parlamentaria que trata sobre las pensiones. Cuantificó, incluso, que el gasto en pensiones se ajusta en una cantidad equivalente al 1,2% del PIB por cada año que se logre retrasar la edad efectiva de jubilación. Ahora ese umbral es de 62,1 años en 2018, tomando los datos de la OCDE sobre el momento de salida del mercado laboral.

Para lograr ese objetivo, el plan que diseña la Seguridad Social tiene una doble vía: desincentivar las jubilaciones anticipadas y hacer más atractivo el retiro más allá de la edad legal de jubilación. En 2020 este umbral se sitúa en 65 años y 10 meses para quien ha cotizado menos de 37 años y en 65 años para el resto (llegará a los 67 años en 2027 si no se cotiza 38,5 años o más).

Uno de los puntos que estudia este departamento para convencer a los trabajadores de que prolonguen voluntariamente su vida laboral es ofrecerles una cantidad a tanto alzado si demoran su retiro. Fuentes oficiales admiten que esta opción sobre la mesa, aunque añaden que está “muy verde”. “En el ministerio aún se están valorando las diferentes opciones, que evaluarán convenientemente de cara a una posible reforma”, continúan. Otras fuentes apuntan que el Ejecutivo habría encargado un informe externo.

Los premios actuales para prolongar la vida laboral no tienen éxito, como señaló Escrivá, quien anunció en el Congreso “un nuevo sistema de incentivos para favorecer el retraso de la edad de jubilación, que respete los principios [...] de equidad y contributividad”. Menos de un 5% de quienes se jubilan lo hace tras cumplir su edad legal y recibe la compensación, un incremento en la pensión de dos puntos porcentuales (que puede llegar a cuatro) por cada año que se demore.

Este incentivo se queda por debajo de otros países europeos: en Alemania es el 6% y en Francia, el 5%. En España habría margen para subirlo, bien con más prestación o bien capitalizando el aumento en un cheque, algo que podría darle más visibilidad. Según CC OO, el punto de equilibrio en que ni la Seguridad Social ni el trabajador perderían se sitúa algo por encima de 4,6 puntos porcentuales de recorte o de incentivo por año. Además de la mejora de incentivos y su difusión publicitaria, Escrivá pretende “reforzar fórmulas de compatibilidad [de la pensión] con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales”, según expuso en el Congreso en septiembre.

Menos atractivo

La Seguridad Social también busca restar atractivo a la jubilación anticipada voluntaria; no así la forzosa, destinada a quienes pierden su empleo ya mayores en despidos colectivos. En la voluntaria, existe la opción de retirarse dos años antes de lo que marca la ley con una reducción en la prestación del 2% al 1,625% por trimestre de adelanto. Pero, como señala el ministro, esta norma es regresiva. ¿Por qué? Los sueldos altos suelen cotizar por encima de las bases máximas, lo que se traduce en una base reguladora que supera la pensión máxima. De ahí que al aplicar la reducción sobre la base y no sobre la prestación, la rebaja sea menor y pierda potencial en los niveles altos.

Las medidas encaminadas a prolongar la vida laboral son una parte de la reforma de pensiones a negociar con los agentes sociales. Hay otros puntos que verán la luz hoy, en el proyecto de presupuestos: uno es el estímulo al ahorro a través de planes colectivos de pensiones, con el aumento de su deducción fiscal; otro la creación de un fondo público de pensiones para incentivar el ahorro entre trabajadores de pymes y autónomos, como adelantó el lunes El Mundo. Y, por último, la transferencia a la Seguridad Social de 14.000 millones procedentes de impuestos para pagar gastos impropios (prestaciones por nacimiento de hijo, descuentos en cuotas o suplementos en las pensiones de mujeres con hijos).