Cómo pagar la jubilación de la generación ‘baby boom’

España ve cómo se desploman los nacimientos, se vacía el Fondo de Reserva y se ahonda en el déficit de la Seguridad Social. ¿Qué políticas necesitamos para garantizar el futuro de las pensiones?

Pensiones Ir al contenido

10 oct 2020 - 15:06 UTC

Las pensiones raramente han sido una de las tres primeras preocupaciones de los españoles. El liderazgo en las encuestas del CIS lo ocupa siempre el paro. Le siguen los “problemas de índole económica” o “la sanidad”. Hay que bajar bastante para llegar a las pensiones, que hasta 2015 solía desvelar solo al 3% de encuestados. La regla se ha roto en los últimos años, conforme se vaciaba el Fondo de Reserva y persistía el déficit en la Seguridad Social: este pasado mes de febrero un 17% consideraba las pensiones como uno de los tres principales problemas de España. Después llegó la covid y cambió las prioridades, pero en el recuerdo de los españoles aún están frescas las manifestaciones de jubilados de 2018. Las pensiones preocupan, y con razón.

El Congreso lleva años atascado en el tema. La comisión permanente especializada (nacida de un gran acuerdo político, el Pacto de Toledo, para proponer medidas de sostenibilidad del sistema de pensiones) solo ha conseguido pactar una recomendación en cuatro años de discusiones. Fue en otoño de 2018 y estableció que las pensiones no puedan perder poder adquisitivo.

Mientras, se acerca el momento en que se jubilará la generación del baby boom, una explosión de la natalidad después de la Segunda Guerra Mundial (llegó a España algo más tarde) a la que sucedió un desplome de los nacimientos. Ese grupo empezará a retirarse en 2022 ó 2023. A esto se suma que la esperanza de vida crece.

Si quieres apoyar la elaboración de noticias como esta, suscríbete a EL PAÍS

La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que en 2050 habrá algo menos de dos personas en edad de trabajar por una mayor de 66 años, una ratio del 53%. Un porcentaje similar calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE). El economista del Banco de España Juan Francisco Jimeno explica en Papeles de Economía Española, una revista de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que ha desaparecido el “dividendo demográfico”, es decir, el potencial crecimiento económico en una sociedad que tiene un número de pensionistas reducido frente a la población en edad de trabajar. Albert Esteve, director del Centre de Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, no cree que esta sea la principal amenaza para la sostenibilidad del Estado de bienestar. “España ha tenido y tiene suficiente demografía para mantener la Seguridad Social”, asegura. Parecida opinión tiene la Autoridad Fiscal o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Pero todos coinciden en que debe haber reforma del sistema de pensiones, teniendo presentes los siguientes aspectos:

1. El invierno demográfico

España tiene una natalidad muy baja, 1,2 hijos por mujer. En 2050 habrá un 30% de población por encima de los 65 años, según el INE y la Airef, y el envejecimiento sería aún mayor si no fuera por la entrada de inmigrantes.

Felipe Serrano, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco (UPV), confirma que la inmigración podría aliviar parte del impacto del envejecimiento en la sostenibilidad financiera, pero subraya que esta no es una alternativa a las reformas. “Claro que hay que confiar en la inmigración. La pregunta es si la inmigración confía en nosotros”, apunta el demógrafo Albert Esteve. La mayoría de inmigrantes se desplazan hacia donde hay trabajo, explica, así que si volvemos a crecer por inmigración significará que crecemos económicamente. Eso sí, matiza que esta es una solución a corto y medio plazo, puesto que los inmigrantes se acabarán jubilando también.

2. Financiación

Desde 2011 la Seguridad Social cierra el año con déficit. Las cotizaciones no dan para pagar las pensiones y probablemente no lo harán en años. El gasto crecerá más, del 11% del PIB actual al 14,2% en 2050, prevé la Airef. La OCDE lo deja en 13,9%. Esos serán los años de mayor presión, porque para 2060 la OCDE espera que el gasto en pensiones se hunda a niveles más bajos que los de hoy.

Para evitar parte de ese déficit, el Ministerio de Seguridad Social y los borradores que se van conociendo del Pacto de Toledo proponen que se aporten más fondos desde Hacienda con transferencias directas, no con préstamos. Algo así planteó este verano el Tribunal de Cuentas cuando recordó que hasta 2013 el instituto público financió gasto que no le correspondía, incluso con préstamos que siguen en su balance. Las vías para allegar esos fondos son varias: asumiendo los costes de las políticas de empleo que todavía asume la Seguridad Social, traspasando algo del dinero recaudado para el desempleo… Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT, cifra en 17.000 millones los costes que la Seguridad Social asume cuando, en su opinión, no debería. En esto hay consenso político y la medida puede ayudar un tiempo.

Felipe Serrano, de la UPV, apuesta por sacar del sistema determinadas prestaciones, ya que debido al desarrollo de nuevas políticas sociales (ingreso mínimo vital, por ejemplo) es improcedente mantenerlas con cotizaciones. No cree conveniente incrementar las cotizaciones, con la excepción de las referidas a los trabajadores autónomos. Barrera, de UGT, apuesta por mejorar la calidad del empleo y de los salarios para aumentar la recaudación a través de cotizaciones.

3. Jubilarse más tarde

Retirarse a los 65 años es una de las ideas más arraigadas entre los españoles. El horizonte legal se cambió en la reforma de 2011 y se eleva año a año hasta alcanzar los 67 años en 2027. Aunque las excepciones (jubilaciones forzosas anticipadas, voluntarias cuando se ha cotizado cierto números años...) reducen la edad media real de jubilación (la edad en que se percibe la primera pensión de jubilación) a 64,6 años y la salida del mercado laboral (la edad en que se pierde el empleo sin posibilidades de volver a trabajar) a los 62,1.

Retrasar la edad real de jubilación es la mayor palanca para contener el gasto. Los números de la Airef así lo señalan: cada año que se retrasa la edad de jubilación efectiva, se reduce el gasto en una cantidad equivalente al 0,8% del PIB. La Airef apuesta por el retraso de la edad real de jubilación, y no de la edad legal. También señala este camino la Seguridad Social, que prevé, por un lado, estimular la permanencia voluntaria de los trabajadores más allá de la edad legal y, por otro, endurecer la jubilación anticipada voluntaria.

Esto le suena bien al economista Felipe Serrano, que recomienda no olvidar que el mercado “expulsa a los trabajadores de mayor edad”, abocándoles a la jubilación como única salida para lograr una renta. José Antonio Herce, socio fundador de la consultoría LoRIS opina que, con la actual esperanza de vida, si no se retrasa la edad de jubilación se desequilibran “peligrosamente” los periodos de cotizaciones y los de prestaciones. Para Esteve, demógrafo, retrasar moderadamente la edad de la jubilación para acompasar el aumento de esperanza de vida es razonable. “Pero no se puede castigar a las generaciones por su tamaño”, puntualiza.

4. Tiempo cotizado

Desde 1985 ha ido aumentando el tiempo sobre el que se calcula la pensión, desde los últimos dos años cotizados hasta los 25 a los que se llegará en 2022 (Airef propone aumentar ese periodo). El objetivo: más consonancia entre lo que se paga y lo que se recibe. El Banco de España cifra en 1,74 euros lo que percibe un jubilado medio hoy por cada euro aportado. Normalmente, incrementar ese periodo sobre el que se calcula la jubilación se traduce en pensiones más bajas. No obstante, recuerda Bravo, de CC OO, es “habitual en España” que los trabajadores pierdan el empleo mayores. A esos afectados, tomar más años al calcular la pensión les beneficia.

Aumentar ese periodo, además, reduce la llamada “tasa de sustitución”: la primera pensión que se cobra comparada con el primer salario. Hacerlo nos acerca a modelos de otros países europeos, apunta Ana Vicente, ex directora general de Ordenación de la Seguridad Social. España tiene una tasa alta respecto de otros países de la OCDE.

Una pareja de ancianos paseando por Madrid. Gabriel Bouys

Un paso más radical en esta línea lo da el economista Juan Francisco Jimeno. Apuesta por el “sistema nocional” en el que la Seguridad Social crea una cuenta virtual en la que a cada trabajador se le anota lo que cotiza más un rendimiento, y la pensión está ligada directamente a lo cotizado.

5. Desigualdad de género

“La pensión es sustituta del salario”, define Ana Vicente —que además de pasar por la Seguridad Social en los noventa es catedrática de Economía Financiera— cuando habla de la brecha en pensiones entre hombres y mujeres. Partiendo de esto y de que la pensión está vinculada a la carrera laboral, se explica el origen de esa brecha. Luisa Fuster, catedrática de Economía, calcula que las mujeres cobran un 36% menos, aunque observa cómo la brecha se cierra conforme se jubilan las generaciones más jóvenes, en un artículo para la aseguradora Santa Lucía.

Pero esa tendencia tiene un tope: la brecha persiste en el mercado laboral. Por eso es necesario mejorar las condiciones de participación laboral de las mujeres, indican la economista Mercedes Ayuso y la socióloga Elisa Chuliá en un artículo para BBVA Research. Podría conseguirse acreditando los periodos dedicados al cuidado familiar —lo cual incentivaría la asunción de labores de cuidado por parte de los hombres— y combatiendo las diferencias salariales, aseguran.

6. El papel del ahorro privado

Los planes de pensiones de empleo y los fondos de pensiones tienen un papel reservado como complemento, no como sustituto, en el Pacto de Toledo desde hace 25 años. Sin embargo, nunca han tenido un gran desarrollo. El ministro Escrivá ha propuesto corregir las ventajas fiscales actuales con el argumento de que benefician a quienes más tienen. El responsable de Políticas Sociales de CC OO, Carlos Bravo, cree que no están justificadas las ayudas a los fondos individuales y sí a los planes de pensiones de empleo, que se organizan en el seno de empresas y sectores con la participación de la negociación colectiva. No cabe hablar de “la solución”, admite José Antonio Herce. Las pensiones de empleo o privadas, señala, son un complemento a la Seguridad Social; pero hay países en los que la Seguridad Social es un complemento a las pensiones de empleo (obligatorias).

Una pareja de pensionistas descansa en el paseo marítimo de una playa malagueña.Jesús Mérida

Conclusiones

1

España afronta un escenario demográfico exigente en las próximas décadas por la jubilación de las generaciones del baby boom.

2

La inmigración puede ayudar a frenar el envejecimiento en parte, pero depende de la evolución económica.

3

Las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones y el sistema precisará de fondos adicionales procedentes para afrontar sus obligaciones.