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Miles de jubilados exigen vincular la subida de las pensiones con el IPC

Los manifestantes exigen que se deroguen las últimas dos reformas de pensiones

La manifestación en defensa de las pensiones a su paso por la calle Alcalá. En vídeo, imágenes de movilización.Foto: atlas | Vídeo: ÁLVARO GARCÍA| ATLAS
Manuel V. Gómez

Varios miles de personas, en su mayoría jubilados, se han manifestado este miércoles en Madrid para exigir que se garantice legalmente la actualización anual de las pensiones y que todas las mínimas lleguen a 1.080 euros. Además, reclaman la derogación de las últimas dos reformas de la Seguridad Social, la de 2013 y la de 2011, como puede leerse en el documento que han entregado en el Congreso de los Diputados.

"Defendemos unas pensiones públicas y dignas", defendía María Ángeles Poveda, una de las portavoces de la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones al acabar la manifestación cerca del Congreso de los Diputados. "La dignidad está en la calle. Se lo diremos a esta clase política", ha continuado.

Ella estaba entre los que han entregado un escrito en el Congreso, cercado por la policía para evitar que la manifestación se acercara hasta puerta, mientras el resto marchaba desde la Puerta del Sol hasta las cercanías del parlamento (a la altura del Hotel Palace) pasando por la calle Alcalá y el Paseo del Prado. En ese escrito, se califica de "algo totalmente inútil" al Pacto de Toledo, comisión con la que los manifestantes se muestran muy críticos.

La movilización de este miércoles era el punto final a las marchas que salieron desde Rota (Cádiz) y Bilbao el 21 y 23 de septiembre y que confluyeron el día anterior en Madrid. En la comuna sur iba Cristóbal, de 68 años, que se incorporó a la marcha a su paso por Córdoba."Esto no es solo por las pensiones", apunta, "también por la precariedad que hay en toda la sociedad, en la enseñanza, en la juventud con empleos precarios". Cristóbal no se ha movilizado por él. "Tengo una pensión digna", explica este enfermero jubilado, lo hace porque "todos puedan tener una".

También Raúl Ferrer, de 72 años, acude a la manifestación por su prestación. "No vengo por mi", incide este maestro jubilado de Alzira (Valencia), que se incoporó a la marcha que llegaba por el norte seis días antes llegar a Madrid. "He caminado unos 100 kilómetros", aclara. Él es el coordinador de las movilizaciones de pensionistas en su municipio y lo hace por dos cosas: "Primero porque me parece injusto que el neoliberalismo esté destruyendo los servicios sociales y el Estado de bienestar. Y luego, por solidaridad". 

Para defender la viabilidad financiera de sus peticiones, señala el escrito presentado en el Congreso que España todavía margen para aumentar el gasto en pensiones. Dice que ahora se gasta cada año el equivalente a un 11% del PIB. No obstante, esta cifra en 2017 subió hasta casi el 12% cuando se añaden las prestaciones de las clases pasivas (que no se encuadran en la Seguridad Social sino en los presupuestos de la Administración central), es decir, las pensiones de los funcionarios jubilados. También reclaman, entre otras cosas, que las pensiones se conviertan en un derecho fundamental en la Constitución y que el déficit que tenga el sistema se pague directamente con impuestos sin tener que recurrir a créditos de Hacienda como hasta ahora.

La procedencia de manifestantes de diferentes comunidades autónomas se apreciaba en las múltiples banderas que había: dominaban las vascas y las andaluzas, pero también había de otros puntos de España (Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana...). Y el ambiente era animado, una camioneta con altavoces abriá la marcha y ponía canciones versionadas con la letra de sus reivindicaciones.

Casi al final del recorrido, en la esquina de la plaza de las Cortes con el Paseo del Prado a la altura de la fuente de Neptuno, estaba apoyada en la pared Pina, una viuda de 76 años que vive en Madrid desde hace más de cuatro décadas. Ella sí que había acudido a la marcha por su pensión, 672 euros al mes, de los que tiene que pagar 182 euros para la vivienda. "No llegó a final de mes. No llego, no llego", se lamenta. Y añade: "Otros 100 euros me ponen en casa [es decir, le serían de gran ayuda]".

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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