La subida de sueldo a los funcionarios, las pensiones y otras partidas sociales elevan el gasto en 5.069 millones

El Gobierno ha desvelado cuánto piensa subir las pensiones el año que viene: un 0,9%. También apunta el plan presupuestario remitido a Bruselas que habrá una subida fija del sueldo de los funcionarios del 2%, de acuerdo con el pacto alcanzado con los sindicatos. Este incremento podría ser mayor incluso y llegar hasta el 3%, aunque esto solo se daría en el improbable caso de que el PIB de este año crezca un 2,5%.

Con una alta probabilidad, la debilidad de los precios este año permitirá a los pensionistas ganar varias décimas de poder adquisitivo: el IPC anual de septiembre es del 0,1%, Funcas calcula la media de 2019 será del 0,7% y en enero de este año subieron un 1,6%. Y como la marcha de la inflación es la referencia que ha tomado el Gobierno, esto le permite fijar un incremento un porcentaje sensiblemente superior al 0,25%, que determinaba la reforma de pensiones de 2013, y, al mismo tiempo, más bajo que el 1,6%, pactado por PP y PNV en 2018 para el año pasado y este.

Estas son las dos principales medidas socioeconómicas del documento. Y ambas supondrán un aumento de gasto el año que viene de, al menos, 3.264 millones por el aumento del sueldo de los funcionarios, y otros 1.404 millones por las pensiones. No obstante, hay otras medidas que elevan el gasto hasta los 5.069 millones.

La mayor parte de lo que falta procede de las medidas que se adoptaron en los decretos sociales que precedieron a las elecciones generales del pasado 28 de abril. Una de ellas es la ampliación del subsidio de los desempleados más mayores al rebajar la edad a la que puede empezar a cobrarse a 52 años. Esto supone un desembolso de 400 millones, al que hay que restar 200 por las cotizaciones que el Servicio Público de Empleo paga a la Seguridad Social por los beneficiarios de la ayuda (cotizan por un 125% del salario mínimo).

También la ampliación del permiso de paternidad en otro mes (ahora son dos meses y en 2020 serán tres) eleva el gasto: 336 millones. La última partida de aumento de gasto, apenas un millón, son las iniciativas adoptadas para amortiguar la quiebra de Thomas Cook.

En el otro lado de balance presupuestario, se sitúan los aumentos de recaudación o la reducción de gasto. En la primera está el incremento del tipo de cotización de los autónomos por la cobertura de contingencias profesionales (del 0,9% al 1,1% sobre la base), que elevará en 80 millones la recaudación.

Las reducciones de gasto llegan por los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción (una de las ayudas al desempleo), que aumentan su vinculación con las políticas activas de empleo. Por este concepto, el ahorro será de 50 millones. Y, por último, está la lucha contra la pobreza que rebajará en seis millones el desembolso.

En el apartado de impuestos y medidas tributarias, los cálculos del Ejecutivo se saldan con un incremento en la recaudación de 2.336 millones. Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma: 730 millones se deben a la homogeneización del tributo a los hidrocarburos en las diferentes comunidades autónomas; 721 llegarán por la recuperación del impuesto a la generación eléctrica que se suspendió al dispararse el precio de la luz en marzo de 2018; y, por último, 885 millones por diferentes medidas tributarias y catastrales que el documento de Economía no especifica.