Pedro Sánchez se compromete a subir en diciembre las pensiones con el IPC aunque esté en funciones

Pedro Sánchez se comprometió este lunes a subir en diciembre las pensiones de 2020 de acuerdo con la inflación, aunque para entonces siga estando en funciones. La promesa —un guiño destinado a nueve millones de jubilados—, se produce a apenas un mes de las elecciones. Sánchez anunció 35 medidas sociales como aperitivo de su programa, entre las que destacan una nueva subida del salario mínimo o la retirada de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Y pasó de puntillas por las subidas de impuestos dentro del giro que ha protagonizado en los últimos días, que incluye un cambio de tono con el independentismo catalán.

Transcurridos seis meses desde las elecciones generales del 28-A, España se ha instalado en una especie de nebulosa. Los partidos que más se implicaron en el bloqueo a un Gobierno del PSOE se afanan ahora en trasladar, a contrarreloj, una imagen institucional y pactista. Un cambio radical que ha coincidido con la reelaboración de las listas al Congreso y el Senado, con el PSOE sin sobresalir en las encuestas, el PP al alza, Unidas Podemos en caída sostenida y Cs en barrena.

El partido en el Gobierno se convirtió ayer en el primero en presentar las líneas maestras de su programa para el 10-N. Con los pensionistas entre sus principales beneficiarios: Sánchez se declaró dispuesto a subir en diciembre las jubilaciones de 2020 conforme al IPC real, para que no pierdan poder adquisitivo. Aunque para ello tenga que hacerlo por decreto y en funciones. “Las subiremos y espero que ya con un Gobierno en plenas capacidades”, afirmó Sánchez anoche en una entrevista en Antena 3. Las pensiones eran el primer punto del programa social del PSOE y muestran cuál será el reto que deberá afrontar el nuevo Parlamento: la reforma de 2013 está suspendida, pero en 2020 su fórmula de revalorización (0,25%) volverá si el nuevo Gobierno no lo evita.

La pensión media en España es de 1.140 euros al mes. Si se aplicara una subida del 0,25% se incrementaría en torno a 2,85 euros, mientras que al aplicarle un IPC del 0,3% (el nivel que ronda en la actualidad y con el que probablemente terminará el año) subiría unos 3,5 euros. Fuentes del Gobierno aseguran que se podría adoptar esta medida a través de un decreto en diciembre, incluso con un Ejecutivo en funciones. El Gobierno ha estudiado esa posibilidad y sostiene que es factible, aunque tendría que argumentar la urgencia de esa subida. Algún otro grupo podría recurrir ese decreto, pero la voluntad del Gobierno es firme. Lo más probable es que cuando acabe el año aún no haya llegado la investidura, con lo que Sánchez tendría que hacerlo en funciones. Algo parecido sucede con las entregas a cuenta a las autonomías del sistema de financiación: La Moncloa ultima un mecanismo para entregar esos 5.000 millones en funciones, a pesar de que ese asunto ha desatado las críticas entre los barones del PP, que acusan a Sánchez de electoralista.

El PSOE insiste en el blindaje del sistema de pensiones en la Constitución. Unidas Podemos está en la misma línea; el grupo de Iglesias también es partidario de actualizarlas por ley conforme al IPC “de manera inmediata”. El PP no ha hecho aún ninguna propuesta en materia de pensiones con vistas al 10-N; en abril promovía “un blindaje fiscal de ahorro” para la jubilación en el que extendería los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. Cs considera la sostenibilidad de las pensiones “un asunto de Estado” y comparte que las jubilaciones sean “dignas” y estén “garantizadas”, sin entrar en detalles.

“Habrá numerosos programas, tantos como las fuerzas que se presentan, pero vamos a ver una característica común que les distingue del PSOE: son programas electorales, no de Gobierno”, reivindicó Sánchez. Tras las pensiones, la segunda gran promesa de los socialistas es subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional —tras el incremento del 22% de este año— hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio según lo establecido en la Carta Social Europea (unos 1.200 euros anuales).

El PSOE, además, evita en un escueto documento de apenas nueve páginas casi cualquier referencia explícita a las subidas de impuestos que viene promoviendo desde hace meses. Tan solo hay una referencia a una "fiscalidad justa", con "más progresividad", que inmediatamente se diluye con el objetivo de proseguir con el proceso de reducción del déficit y la deuda pública, que están entre los más elevados de Europa. Fuentes socialistas subrayan que el documento se centra en los "compromisos sociales" y explican que las medidas más económicas se anunciarán en los próximos días.

No hay una referencia explícita a esas figuras impositivas esta vez —aunque es posible que en apenas unos días reaparezcan esas medidas—, aunque nada parece indicar que esa subida de la presión fiscal se haya caído de la agenda: el PSOE pretende "converger con el esfuerzo realizado en los países de nuestro entorno". Con los datos en la mano, la presión fiscal española (el peso de los ingresos públicos sobre el PIB) asciende al 34,5% del PIB; la media europea supera el 40%. Pasar del 34,5% al 40% supondría elevar los ingresos en unos 70.000 millones de euros al año. 

Frente al negacionismo de Vox al cambio climático, el PSOE se marca como objetivo alcanzar en 2030 un porcentaje de electricidad producida con energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 2040 y del 100% en 2050.

Estos primeros 35 compromisos sociales son fruto de una serie de reuniones con diversos colectivos de la sociedad civil que se produjeron este verano. Entre las medidas, destaca la reducción en un 75% de las listas de espera de los beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia, como ha adelantado EL PAÍS. Los socialistas, además, pretenden elevar la inversión educativa al 5% del PIB, eliminar los copagos, regular la eutanasia y universalizar la educación de niños de hasta tres años, en la que es quizá la medida con más impacto fiscal.

Con respecto a Cataluña, el documento apuesta por un Estado de las autonomías "fuerte y cohesionado" y se compromete a "abordar el conflicto de convivencia en Cataluña" con el impulso  del "diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro la Constitución".