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El Congreso aprueba la última gran reforma de Zapatero

Los votos de PSOE y CiU sacan adelante la modificación de las pensiones

La entrada en vigor de la reforma de las pensiones. Ampliar foto
La entrada en vigor de la reforma de las pensiones. El País

“He tenido la sensación de que era la última vez que subía a la tribuna en esta legislatura”, aseguraba ayer el diputado de CiU Jordi Xuclá poniendo voz en el pasillo del Congreso a la impresión general de que las Cortes ya no abrirán en septiembre.

Ayer, el Pleno del Congreso aprobó la última gran reforma imprescindible de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la de las pensiones. Su aprobación había sido exigida por la Unión Europea y los mercados y, por ejemplo, eleva a los 67 años la edad de jubilación y amplía el periodo de cálculo de las pensiones. Salió adelante con los votos de PSOE y CiU, en la que podría ser también la última votación del Pleno del Congreso en la presente legislatura.

Su aprobación había sido exigida por la Unión Europea y los mercados

Su no aprobación podía justificar la ampliación de la legislatura o, al menos, la necesidad de abrir las Cortes en septiembre. Pero una vez aprobada ayer, el presidente del Gobierno puede plantearse disolver las cámaras a finales de septiembre para celebrar las elecciones en octubre.

La otra opción sería la de las elecciones en noviembre, con la obligación de celebrar plenos en septiembre e iniciar la elaboración del proyecto de Presupuestos para 2012 antes de presentarlos en el Parlamento. Y, por supuesto, mantiene la de llegar hasta marzo, que es la que sostiene de forma pública y oficial el Gobierno.

No hay decisión aún, pero con la aprobación de la reforma de las pensiones, Zapatero tendrá al menos el camino despejado para elegir entre esas opciones. Queda en tramitación, en el Congreso o el Senado, una veintena de proyectos de ley, pero ninguno tan imprescindible como el de las pensiones. Por ejemplo, queda el de la reforma de la negociación colectiva, pero éste ya está en vigor, porque se aprobó como decreto, aunque luego se aceptara la tramitación como proyecto de ley. Si Zapatero optara por la convocatoria para octubre, decaería el proyecto de ley, pero seguiría en vigor el decreto aprobado en su momento por el Gobierno. Algunos partidos, entre ellos CiU, pidieron al Ejecutivo que solicitara la habilitación de julio como periodo ordinario de sesiones con el fin de agilizar esa norma, pero el Ejecutivo declinó esta posibilidad por considerar que el decreto ya está en vigor. Según el Gobierno, en julio se ha aprobado una docena de leyes con el trámite completo y otras tantas con capacidad legislativa plena de las comisiones correspondientes.

El Congreso se cerrará la próxima semana con un cara a cara entre Zapatero y Rajoy

Decaerían también otras normas de Justicia que buscan agilizar los tribunales. Por ejemplo, la de mediación, la de jurisdicción social, la concursal y la de agilización procesal que incluía la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la previsión del Código Penal para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas. En este caso, la aplicación se seguiría haciendo mediante las circulares de la Fiscalía General del Estado, como ocurre en este momento. Decaería también la ley de igualdad de trato, la de muerte digna y la de derechos y deberes de la policía, entre otras, que según el Gabinete necesitan, al menos, de un periodo de sesiones, es decir, hasta final de este año.

En todo caso, el Congreso se cerrará la próxima semana con un cara a cara entre Zapatero y Mariano Rajoy, en un pleno monográfico sobre la cumbre europea que, como es habitual, derivará en un debate sobre la gestión de la crisis económica.

En la defensa de la reforma de las pensiones, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió que la ley no supone “ningún recorte” de las pensiones y garantizó que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entre plenamente en vigor el retraso de las jubilaciones hasta los 67 años. Los portavoces de PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD recalcaron en sus intervenciones el rechazo a una reforma que, según dijeron, recorta las pensiones y los derechos de los trabajadores, sin garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social.