El reto de pagar la jubilación del ‘baby boom’

“Los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más”, señaló el pasado jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá en una entrevista a TVE. Por primera vez un titular de las pensiones mencionaba abiertamente en público las consecuencias de la llegada a la jubilación del baby boom —aquella generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX—, y apuntaba que esto conllevaría un esfuerzo.

Y lo decía justo el día en el que el Gobierno, la patronal y los sindicatos firmaban el acuerdo de la primera parte de la reforma de pensiones. Sobre este pacto los sindicatos afirman que garantiza que las pensiones se sufragarán con más ingresos y no con recortes como con la reforma del PP que ahora se deshace por completo. La declaración de Escrivá aguaba esa argumentación. Así que enseguida se abalanzaron sobre él. La patronal también se desmarcó del ministro con una nota que decía: “Dicha pretensión no forma parte del acuerdo alcanzado ni se comparte”. Al día siguiente, Escrivá corrigió: “Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y no transmití esa certidumbre sobre algo que todavía está por definir. Probablemente no me expresé bien o se me entendió mal. Eran reflexiones en voz alta”.

Las declaraciones de Escrivá ponen sobre la mesa el debate de cómo afrontar la jubilación del llamado baby boom, la generación más numerosa. En principio solo hay una certeza sobre el sistema de pensiones español: el número de prestaciones va a subir de los 10 millones de la actualidad hasta los 15 millones en 2050. A partir de 2023 se empieza a retirar esta generación, que tiene una mayor esperanza de vida. Y además le sigue otra caracterizada por una natalidad baja: el llamado baby collapse.

En un sistema de reparto como el actual, en el que los cotizantes de hoy pagan las prestaciones de los pensionistas, ese es el elefante en la sala que estos días se ha ignorado hasta las declaraciones de Escrivá. Máxime cuando esta situación durará unas tres décadas y además esas generaciones han cotizado más y durante más tiempo y, por lo tanto, han generado prestaciones más altas. Siempre se podrá seguir financiando en torno al 12% del PIB que se destina ahora y, en consecuencia, los baby boomers tendrán seguro una prestación. Dependiendo del tamaño de la economía y de la demografía, ese trozo de la tarta, y por ende la cuantía, podrá ser más o menos grande.

A partir de ahí se entra en el terreno de las hipótesis. De cumplirse las proyecciones demográficas, en tres décadas solo habrá 1,8 personas en edad de trabajar por cada mayor de 66 años frente a los 3,4 de la actualidad. ¿Cómo se puede financiar eso? Un informe del Banco de España señala que habría que subir las cotizaciones más de un 35% para poder mantener en 2050 la generosidad de la pensión respecto al salario medio. Y eso con una tasa de ocupación del 80%, que ahora mismo en todo el mundo solo alcanza Suiza. En España está cerca del 60%.

El propio Gobierno reconoce en su plan de recuperación enviado a Bruselas que, dado el elevado desempleo, no parece lo más adecuado subir cotizaciones. Sin embargo, sí que admite subir impuestos. Esa es la posición que respaldan los sindicatos, que defienden que con las alzas tributarias, el crecimiento económico, una mayor inmigración y el aumento de bases impositivas por el menor fraude se puede sostener el sistema sin ajustes.

La Autoridad Fiscal calcula que el aumento que habrá del gasto en pensiones tras deshacer la reforma del PP es de unos cuatro puntos de PIB. Esto es el equivalente a un incremento de la recaudación por IRPF de cerca del 60%. En su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recordó que una subida de impuestos de tal escala acabaría teniendo efectos económicos similares a las subidas de cotizaciones y, como afectaría también a los pensionistas, al final se les estaría restando renta igual que si se redujese la generosidad de la pensión.

Dicho esto, hay más teclas que pueden tocarse para hacer el sistema sostenible. Si sube la productividad, por ejemplo con avances tecnológicos, podría elevarse el PIB y permitir financiar cuantías mejores. Solo que la tendencia reciente de esta han sido repuntes muy exiguos. Y la natalidad parece estancada alrededor de 1,2 hijos por mujer incluso cuando las cosas van bien.

También puede mejorar el porcentaje de gente trabajando hasta los niveles de países como Suiza, Holanda o Nueva Zelanda, si bien eso paliaría solo la mitad del problema, explicaba el director de Economía del Banco de España, Óscar Arce, en una presentación.

Las recetas del FMI: más inmigración y ahorro

El FMI calculaba que podrían hacer falta unos 5,5 millones de inmigrantes adicionales, el equivalente a lo que entró entre 2000 y 2007, para ayudar a financiar las pensiones. Y aun así pronosticaba que la pensión perdería cerca de un tercio de su poder adquisitivo respecto al salario medio. Haría falta tocar todo lo demás, decía el Fondo, incluyendo elevar los ingresos, disminuir la generosidad de la pensión, aumentar la gente trabajando, alargar la edad de jubilación y subir el ahorro complementario. Una combinación de todo ello sería necesario para mantener un nivel de pensiones aceptable socialmente a la vez que sostenible financieramente, concluía.

Por el lado de los ajustes, España es uno de los países en los que la pensión representa un mayor porcentaje del último salario y del salario medio. Así que se podría reducir algo la generosidad con relación a estos, desacelerando el incremento que habrá del gasto.

Otra opción es aumentar la edad de jubilación. Países como Italia, Portugal, Dinamarca o Finlandia han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida.

La reforma suscrita esta semana se centra en que no haya ajustes y tiene básicamente tres ejes: la recuperación de las revalorizaciones con el IPC; el traspaso gradual del déficit de la Seguridad Social al Presupuesto del Estado alegando que cubre gastos impropios del sistema —este año se transfieren unos 13.000 millones y se espera llegar a 22.000—; y los incentivos para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal. Estos en realidad suponen una mejora sobre los anteriores salvo en los meses 24 y 23 antes de jubilarse y en los meses 3, 2 y 1 antes del retiro, y un informe de la Universidad de Valencia y la de Extremadura constata que evitar la jubilación anticipada en realidad no es un ahorro para el sistema porque los coeficientes reductores son altos y cuando un pensionista se jubila antes en realidad es una ganancia para la Seguridad Social. “De momento la reforma que ha sido firmada no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y aplaza las decisiones más difíciles”, asegura Rafael Doménech, economista del BBVA.