Escrivá tendrá un nuevo mecanismo de corrección de las pensiones en cinco meses

El Gobierno derogará el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, una fórmula que aprobó el Ejecutivo del PP en 2013 y que ajustaba la prestación de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida. Es decir, suponía un duro recorte de las pensiones futuras. Esta fórmula todavía no había entrado en vigor, tenía que haber empezado a aplicarse en 2019 y se pospuso hasta 2023. Su ahorro estimado por la Autoridad Fiscal era de 0,9 puntos de PIB para 2050, unos 11.000 millones de euros. Ahora, este instrumento se reemplazará por un nuevo mecanismo de corrección antes de cinco meses. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Seguridad Social y figura en el acuerdo de pensiones que probablemente firmarán el lunes los agentes sociales con el Gobierno.

“En sustitución del factor de sostenibilidad se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027″, dice el borrador de anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Fuentes del ministerio no concretan en qué consistirá exactamente este nuevo mecanismo. Critican el anterior factor de sostenibilidad y señalan que solo se centraba en ajustar la cuantía de la pensión y que, por lo tanto, penalizaba exclusivamente a los jubilados. Afirman que el instrumento que derogan no ponía el foco en otros parámetros como el cálculo de la prestación, los años que hay que trabajar para ganar el derecho, la edad de jubilación, los incentivos y penalizaciones para alargar la vida laboral o las cotizaciones. El diseño del nuevo modelo que sustituirá al actual está abierto a las discusiones con los sindicatos y la patronal, explican. El texto enviado a la Comisión Europea dice que tendrá “capacidad de operar en los ingresos y gastos” y que deberá ser avalado por la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.

La idea consiste en que el nuevo instrumento ayude a amortiguar el aumento de gasto en pensiones que ocasionará la jubilación del baby boom y el alargamiento de la esperanza de vida. La generación del baby boom español ―los nacidos entre 1958 y 1977― empezará a retirarse a partir de 2023. Y durante dos décadas, entre 2030 y 2050, el gasto en pensiones tendrá un fuerte aumento hasta cotas cercanas al 16% del PIB, frente al 12% de la actualidad. Al mismo tiempo, la fuerza laboral se estará nutriendo de generaciones caracterizadas por una baja natalidad, bautizadas como baby collapse. Se abrirá una brecha entre los dos grupos de población. Al tratarse de un sistema de reparto por el cual los trabajadores financian las pensiones, en ese momento la cohorte del baby collapse tendrá que hacer el esfuerzo de sufragar la jubilación del baby boom. De ahí que haga falta algún mecanismo de equidad intergeneracional que suponga un guiño a los jóvenes, señalan fuentes ministeriales. Y añaden que en un sistema de reparto es esencial pensar en el vínculo generacional.

Un instrumento más predecible

Según estas fuentes, el anterior factor de sostenibilidad no ataca directamente el problema de que una generación con menos miembros tenga que financiar las pensiones de grupos más poblados. Y además no se conocía su impacto sobre la pensión hasta que el trabajador se jubilase. Por eso, el nuevo instrumento tendrá que ser predecible y se circunscribirá al baby boom. El anterior factor de sostenibilidad iba más allá, recuerdan fuentes del departamento de Seguridad Social.

El ministerio de José Luis Escrivá ha pactado con los agentes sociales que este nuevo mecanismo se incorporará al proyecto de ley antes del 15 de noviembre. Según se recoge en el acuerdo con patronal y sindicatos, si en esa negociación no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno regularía este instrumento para que se incluya de todas formas en la nueva ley, cuya entrada en vigor está comprometida con Bruselas para finales de 2021. El Ejecutivo ha prometido a Europa que el mecanismo de equidad intergeneracional habrá sido legislado para el cierre de 2022.

Medidas de la reforma

La ley que se aprobará antes de final de año recogerá otras medidas que cambiarán la arquitectura de las pensiones: la revalorización de las prestaciones con el IPC del año anterior; los incentivos y penalizaciones para acercar la edad de jubilación real a la legal y para demorar el retiro; la transferencia de una parte de los gastos de la Seguridad Social al Estado, y la eliminación de las jubilaciones forzosas antes de los 68 años.

En una segunda fase se abordarán otras reformas que tendrán que estar aprobadas a finales de 2022. Entre ellas, la subida de las bases máximas; el aumento del periodo para calcular la prestación; el nuevo sistema para que los autónomos coticen por sus ingresos reales, y los planes complementarios de pensiones.