Mariano Rajoy sacrifica su reforma de las pensiones de 2013 para salvar la legislatura
El Gobierno alcanza un pacto con el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los Presupuestos
El Gobierno se ha asegurado este miércoles la legislatura al alcanzar un pacto con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para aprobar los Presupuestos. Pero para ello tendrá que sacrificar la reforma de pensiones de 2013, que impone subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema de Seguridad Social tenga déficit, y retrasar hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad, que iba a recortar las nuevas pensiones de jubilación a partir de 2019. El Gobierno renuncia a parte de su proyecto y de su gestión en la pasada legislatura. A cambio, Rajoy logra un pasaporte que le puede llevar hasta 2020, es decir, a agotar la legislatura.
Fue el PNV el que ha anunciado, después de que el ministro de Hacienda defendiera el proyecto presupuestario en el Congreso, que el presidente de la formación, Andoni Ortuzar, había cerrado un acuerdo el martes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según ha explicado el portavoz parlamentario Aitor Esteban, el Gobierno ha dado su conformidad este miércoles a sus peticiones: una subida generalizada de pensiones y diálogo en Cataluña. Por ese orden.
El acuerdo consiste en que los precios volverán a ser la referencia para actualizar las pensiones. Lo serán, al menos, este año y el que viene. También se ha aplazado hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Ambas condiciones se suman al acuerdo que se va abriendo paso en el Pacto de Toledo, donde ahora se apuesta por volver a situar, de forma permanente, al IPC en el centro de la actualización anual de las pensiones.
La cesión en este terreno llega por la necesidad de sacar adelante los presupuestos que abren el paso para acabar la legislatura, pero también por la presión de la calle. En los últimos meses, las movilizaciones de los jubilados contra las subidas anuales del 0,25% han sido masivas. Pero si ha habido un lugar donde esas manifestaciones han tenido un éxito todavía mayor y sostenido ha sido en el País Vasco. La imagen de miles pensionistas protestando frente al Ayuntamiento de Bilbao se ha convertido en un clásico de los lunes.
Esa imagen era la que necesitaba el PNV para empaquetar un apoyo a los Presupuestos que se daba por hecho, pero que la misma formación había complicado al condicionarlo a la retirada de la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno a través del artículo 155 de la Constitución.
Y así lo ha explicado el portavoz del PNV en el Congreso, Esteban ha asegurado que la propuesta de su partido recoge las exigencias de los sindicatos y "las reivindicaciones que se están haciendo en la calle". Era "lo justo y lo que había que hacer. No contemplábamos otra solución", ha afirmado. “Lo que hemos hecho”, ha justificado, “es hacer política con mayúsculas y ganar tiempo político para Cataluña".
Con este escenario de fondo, el PNV ha situado las pensiones en el centro de sus negociaciones para aprobar los Presupuestos, con permiso de la crisis catalana. Y el Gobierno (y el PP), que tiene en los pensionistas al grueso de sus votantes, ha acabado cediendo. Finalmente, este año “el incremento de las prestaciones será el del IPC”, ha anunciado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. “También [será] en función del IPC en 2019”, continuó el parlamentario vasco. Esto requerirá que los presupuestos logren el visto bueno definitivo a finales de mayo.
En la misma intervención, el diputado nacionalista apuntó que el aumento de este año será retroactivo. Esto quiere decir que si se aprueban los presupuestos, los pensionistas recibirán una compensación, en una o varias pagas, como si el incremento hubiera aprobado en enero.
Subida retroactiva
¿Cuánto subirán finalmente las pensiones si salen adelante los Presupuestos? Esteban cifró la subida en su intervención en el 1,6%, no obstante, fuentes del PNV y también del Gobierno advertían que ese porcentaje todavía no está cerrado, ya que la previsión media de inflación para este año de los servicios de estudio privados es del 1,5% y la previsión del Ejecutivo para el deflactor del PIB, un indicador parecido al IPC, es la misma.
El pacto presupuestario también incluye la demora en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Iba a empezar a aplicarse en 2019 y ahora se retrasa a 2023. Este factor era la segunda pata de la reforma de pensiones de 2013, la primera era la que desvinculaba la actualización de las pensiones del IPC y ataba a la situación financiera de la Seguridad Social. Consiste en que la prestación inicial de los jubilados se vería ligada la evolución de la esperanza de vida, es decir, si se viven más años la prestación menguará de forma proporcional.
Este punto despeja de incertidumbre el horizonte de quienes se tiene que jubilar en los próximos años. El Gobierno todavía no había publicado los elementos que iban a determinar (esperanza de vida a los 65 años entre 2013 y 2017) ese factor.
A falta de saber los detalles —el PNV remite a la presentación de sus enmiendas el viernes— lo que sí está claro es que este acuerdo cambia mucho el escenario de pensiones que se dibujó cuando se presentaron los Presupuestos. Entonces se anunció un incremento del 3% para las pensiones mínimas; uno del 1,5% para quienes tuvieran prestaciones mensuales menores de 700 euros que no fueran mínimas y otro del 1% para los que las tuvieran entre 700 y 850 euros.
Coste del acuerdo
Este acuerdo tiene un coste. Sin conocer todos los detalles (no se sabe aún si habrá una cláusula que garantice el poder adquisitivo si finalmente los precios suben más de lo previsto en el IPC), no se puede hacer un cálculo preciso de qué supondrán estos planes. No obstante, algún estudioso de la Seguridad Social, que prefiere no dar su nombre, cifraba en unos 1.000 millones adicionales el coste para la Seguridad Social del acuerdo presupuestario con el que el Gobierno salva la legislatura.
Sobre el conflicto catalán, según Esteban, el PNV reiteró a Rajoy en La Moncloa su preocupación por la situación de Cataluña y su oposición al 155. Pero este miércoles se ha dado por satisfecho con que el presidente se refiriera en los pasillos del Congreso a su "compromiso firme" de que la excepcionalidad desaparezca en cuanto se elija nuevo Gobierno en Cataluña (algo que figura en el acuerdo adoptado por el Senado para aplicar el precepto) y en que se abrirá una etapa de diálogo. Pero el propio portavoz se ha querido curar en salud y ha insistido en que la aceptación de sus propuestas por parte del Gobierno "no asegura la aprobación de las cuentas" y que hoy su partido presentaría, además de las enmiendas parciales relacionadas con la mejora de las pensiones, "un abanico de enmiendas para que los Presupuestos sigan mejorando".
De momento, el Gobierno, cuya minoría parlamentaria obturaba su horizonte, recibe oxígeno. El PNV lo ayuda a superar el primer trámite de los Presupuestos rechazando el jueves las seis enmiendas a la totalidad de la oposición presentadas al proyecto al unir sus votos al PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN.
El frente de defensa del proyecto presupuestario sumará 175 votos contra los 175 de la oposición (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu), a falta de que Nueva Canarias, que se ha desmarcado por ahora, como ocurrió en 2017, defina su posición. Un empate repetido en tres votaciones, sin embargo, daría luz verde a las cuentas del Gobierno. Pero sin el apoyo del PNV los Presupuestos ya no tendrían recorrido. El Gobierno podía haberlos prorrogado y recurrir al decreto ley, pero hubiera sido más vulnerable y la incertidumbre debilitaría la ya desfallecida legislatura.
Superado el trámite, se mantendrán vivos los Presupuestos más allá del 22 de mayo, fecha límite del plazo de dos meses para que el Parlament de Cataluña elija a un presidente. La investidura de un presidente permitiría al Gobierno retirar el 155 y al PNV mantener su coherencia hasta el final votando los Presupuestos en los días siguientes.
Ahora el camino será más llano, aunque no está expedito. La falta de salida en la situación cada vez más enrevesada de Cataluña sigue siendo una amenaza para la legislatura. El mantenimiento de la intervención de la Generalitat de Cataluña todavía puede hace descarrilar los Presupuestos si en el momento de aprobar en pleno el dictamen de la comisión del proyecto de ley de Presupuestos (entre el 21 y el 24 de mayo) persiste la aplicación del artículo 155 y el PNV mantiene la condición. El PNV seguirá entonces teniendo la llave.
Un forzado equilibrio en el límite
La posición del PNV es compleja. Por una parte tiene que mantener su solidaridad con “el partido hermano” (antes Convergència; ahora PDeCAT). Por la otra, atender a los intereses del País Vasco. El apoyo a los Presupuestos de 2017 le resultó muy beneficioso. Logró una rebaja del Cupo Vasco por valor de 1.400 millones, la reducción de la tarifa eléctrica de sus grandes empresas y una inyección de 3.380 millones para la alta velocidad. Para 2018, el PP contempla un aumento de la inversión en el País Vasco del 32%. Además, el PNV necesita el apoyo del PP en Euskadi para salvar los Presupuestos del Gobierno vasco. El carácter pragmático del PNV le mueve a buscar un forzado equilibrio en el límite que le permita apoyar los Presupuestos, en los que puede aumentar las ventajas y sin traicionar la posición solidaria con los partidos soberanistas catalanes y exponerse al desgaste en el País Vasco por apuntalar al Gobierno que ha intervenido la Generalitat desde Madrid.
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