El Banco de España pide que se compensen los recortes en pensiones con más ingresos

En su comparecencia ante el Congreso para analizar los Presupuestos Generales del Estado, Linde ha explicado que el envejecimiento de la población disparará el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración hasta el entorno del 21% del PIB en 2050. Estos son los cálculos de la Comisión Europea, que cifra ahora mismo estas partidas en el entorno del 19% del PIB. Además, el gobernador ha destacado que las reformas aprobadas lograrían, en un contexto económico favorable, que se reduzca poco a poco el déficit de la Seguridad Social, en estos momentos situado en el entorno del 1,5% del PIB. 

"Ahora bien, en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas", ha señalado. Es decir, tal y como también apunta la Comisión, se recortaría la relación entre la pensión media y el salario medio, lo que según los expertos podría entrañar una pérdida significativa de poder adquisitivo. O dicho de otro modo: se mantendría el mismo nivel de gasto sobre PIB para casi el doble de pensiones. Por este motivo, Linde ha declarado que en el futuro "la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema".

O lo que es lo mismo, ha recomendado que el ajuste no sólo descanse en los recortes, tal y como se plantea ahora con el factor de sostenibilidad —que disminuye la pensión inicial en función de cuánto aumente la esperanza de vida—, y con el índice de revalorización anual de las prestaciones —que vincula las actualizaciones al estado de las cuentas de la Seguridad Social—. Según la Comisión, estas reformas, junto a las de 2011, aseguran que el gasto sobre PIB en pensiones quede contenido durante los próximos 30 años. Los desembolsos que subirán serán los de sanidad y cuidados de larga duración, entre otros.

Aunque ha defendido que es necesario reordenar la cesta de impuestos, el gobernador no ha indicado cuánto se deberían subir más los ingresos, dejándolo en manos del Congreso. Dicho esto, sí que ha advertido de que para mantener las tasas actuales de sustitución de las pensiones, "que son muy elevadas en comparación internacional", harían falta "incrementos muy significativos de los ingresos del sistema". De lo que se desprende que no bastaría solo con iniciativas para engordar la recaudación. Y ha añadido: "En todo caso, es deseable que cualquier estrategia de reforma elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce la relación entre contribuciones y prestaciones, y mantenga un mecanismo de ajuste que garantice el equilibrio financiero". Máxime cuando, según Linde, la economía española todavía presenta importantes "desequilibrios, como el elevado endeudamiento público, las necesidades de financiación del exterior y la persistencia de niveles todavía muy elevados de desempleo".

Linde ha detallado que el desembolso en pensiones contributivas subirá este año un 3,5%, lo que hará que el peso del gasto en prestaciones de jubilación sobre el total del Estado y la Seguridad Social se eleve en 2018 hasta el 40,9% frente al 40,5% del año anterior.

Los Presupuestos de 2018

El gobernador también ha subrayado que las previsiones de ingresos de los Presupuestos de 2018 parecen "optimistas". "Siempre caben sorpresas", ha admitido. Pero ha argumentado que la proyección dibujada "significaría una respuesta de la recaudación a la actividad superior a la observada históricamente". De ahí que haya instado al Gobierno a estar atento a las desviaciones del déficit público para actuar con rapidez si estas aparecen. Esta vigilancia es todavía más importante porque el gasto está muy descentralizado, y hace falta tener también las cuentas del resto de Administraciones para hacerse una mejor idea de las previsiones presupuestarias, ha matizado.

Respecto a si los Presupuestos son expansivos o no, Linde ha sostenido que la política fiscal en 2018 podría ser neutral o ligeramente expansiva. "Por consiguiente, no se producirían, en 2018, avances en la reducción del todavía elevado déficit estructural de las administraciones públicas españolas", ha indicado. Y ha recordado que alcanzar el equilibrio presupuestario resulta "fundamental para recuperar los márgenes de maniobra de la política fiscal ante eventuales escenarios adversos de crecimiento". Si se añade la normalización de las condiciones financieras y el impacto demográfico, "resulta más evidente que el proceso de desendeudamiento público debe ser una prioridad", ha concluido el máximo responsable de la entidad.

Por otra parte, Linde ha apuntado que "la inversión pública es la gran partida sacrificada con la crisis, y es un objetivo claro para todos recuperarla". "Y no sólo la obra pública", ha agregado.

El portavoz socialista, Pedro Saura, ha reprochado al gobernador que sea el supervisor del sistema financiero y que no brinde ni un solo dato de cómo ha afectado este a las cuentas públicas, ya sea por las derramas del rescate bancario o por los créditos fiscales concedidos. Ante las preguntas, Linde no ha precisado ninguna cifra.

Cuestionado por la evolución de los salarios, Linde ha reconocido: "No suben como quisiéramos". Pero ha insistido en que hay razones para ello. Por un lado, lo ha achacado a factores como la baja inflación, el desarrollo del tiempo parcial, la globalización o las nuevas tecnologías. Por otro, ha sostenido que se trata de "un fenómeno global". De todas formas, ha advertido de que España "no puede decidir por su cuenta una evolución salarial distinta a los países que la rodean".

En cuanto a las comunidades, Linde ha reclamado que se reforme su financiación para adecuar sus ingresos a sus gastos, mejorar la transparencia y aumentar su corresponsabilidad fiscal. También ha opinado que las autonomías deberían volver a los mercados, dejando atrás los distintos fondos de apoyo desarrollados durante la crisis. En cualquier caso, en tanto que estén en funcionamiento deberían estar condicionados a medidas de contención presupuestaria.