FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN

Bruselas acepta que España deje sin concretar las reformas laboral y de pensiones a la espera del diálogo social

La Comisión Europea estima que el plan de recuperación puede tener un impacto de hasta el 2,5% del PIB español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la comparecencia conjunta este miércoles en Madrid. Foto: Luis Sevillano. En vídeo, declaraciones de Pedro Sánchez. EP

El plan de recuperación español ha recibido este miércoles un rotundo respaldo de la Comisión Europea, que le dio su máxima puntuación en 10 de los 11 criterios que debía evaluar. Bruselas destaca sobre todo que España haya decidido ejecutar las reformas estructurales de inmediato, lo cual le abre las puertas a una mayor financiación en los primeros compases del despliegue del plan. Solo en el próximo año y medio España recibirá 37.000 millones de euros, aunque supeditados a un paquete de actuaciones, entre ellas, modificaciones en la legislación laboral. El Ejecutivo comunitario acepta, además, que las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones queden abiertas, a expensas del diálogo social.

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El Gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido que sufrir para que su plan pase el primer examen de la Comisión. España necesitaba obtener al menos siete máximas puntuaciones (A) para recibir la luz verde de Bruselas. Se llevó diez, y una B porque persisten algunos interrogantes sobre los costes de las inversiones programadas de aquí a 2026. Sin embargo, Bruselas avala un plan que concentra una gran cantidad de sus 416 hitos y objetivos en los primeros años para “maximizar” su impacto en la “rápida reconstrucción de la economía”. Bruselas cree que el plan puede tener un impacto de hasta el 2,5% del producto interior bruto (PIB) español solo con las inversiones. En caso de ejecutarse todas las reformas, fuentes comunitarias apuntan a que el salto podría ser de hasta 10 puntos a medio plazo.

Fuentes comunitarias definieron el plan español como “integral” y destacaron la inversión en la transición digital (el 28% de todos los fondos), con partidas como una de 3.000 millones para la digitalización de las pymes u otra de 3.400 millones para transformar el sector turístico. Pero una de las señas de identidad del plan es el fuerte enfoque social y, sobre todo, la integración de la igualdad de género. Entre otros programas, el plan español destina 1.600 millones a la modernización de la educación, 2.100 millones a formación y educación profesional, 600 millones a la puesta al día de los servicios sociales, 1.000 millones a sanidad. La Comisión pone también énfasis en medidas que contribuyen a fomentar la economía verde, como la renovación de edificios, a la que se destinarán 3.400 millones de euros.

Concentrar las reformas en los primeros años del plan permitirá a España hacerse con más combustible para la recuperación. Esta decisión, sin embargo, también condiciona los desembolsos. El Gobierno, que si pasa el filtro del Consejo recibirá 9.000 millones en prefinanciación, cree que ya ha efectuado las actuaciones necesarias para que la Comisión le apruebe otros 10.000 millones en diciembre. El siguiente pago, no obstante, ya dependerá de que cumpla con algunas de las reformas pactadas, por ejemplo, en la legislación laboral o de pensiones. Bruselas cree que sus compromisos atienden a sus recomendaciones, pero es consciente de que el “diseño final” de las modificaciones en esos dos ámbitos ha “quedado abierto”, puesto que será resultado del diálogo social, según la documentación que acompaña la evaluación del plan. Entre otras actuaciones está la modernización de la negociación colectiva o de las políticas activas de empleo, que la Comisión pone como ejemplo de equilibrio entre reformas e inversiones.

Sostenibilidad fiscal

Bruselas sabe que fiar la reforma laboral o de las pensiones a la negociación colectiva supone un “riesgo” para el impacto a largo plazo del plan. Aun así, también cree que los objetivos del diálogo social están bien definidos y que siempre es mejor un cambio respaldado por los agentes sociales que otro cuyo rechazo ponga en peligro su aprobación en el Parlamento. La evaluación sí se detiene, sin embargo, en la reforma de las pensiones. El documento señala que la reforma presentada supone volver a vincularlas con la inflación, pero acepta las medidas que el Gobierno plantea para mitigar ese incremento, como acercar la edad efectiva de jubilación a la legal o aumentar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones. Si estas no son suficientes, Bruselas advierte de que ese incremento de gasto debería rebajarse “todavía más mediante ajustes fiscales” en el futuro. Y ahí la Comisión se remite a las reformas tributarias, que España se compromete a culminar en marzo de 2023. “Sobre esta base, se puede concluir que el plan contribuye a abordar la sostenibilidad fiscal”, sostiene el documento.

Según fuentes diplomáticas, no se prevé que el Consejo vaya a tumbar planes nacionales. Sin embargo, sí se seguirá con lupa el desempeño de cada país. Los pagos se irán desbloqueando cada seis meses de aquí a 2026. Si España no cumple con un hito o un objetivo, no podrá pedir los desembolsos de fondos de ese periodo. Pero incluso ahí Bruselas prevé un cierto margen, puesto que el Ejecutivo comunitario prefiere que una reforma se demore porque el diálogo social precisa más tiempo a que descarrile. Por ello, el reglamento prevé que la Comisión pueda efectuar pagos parciales del dinero para inversiones y reformas o bien que España demore una petición de fondos.

De cualquier modo, el Ejecutivo comunitario rezuma optimismo ahora con el plan español. Además de asegurar una mayor sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, Bruselas espera que las medidas del plan –desde la reducción de la segmentación en el mercado laboral hasta el incremento de las capacidades de los trabajadores— permitan una mayor productividad y cohesión social en España a largo plazo. También espera que acelere la competitividad del país gracias a las transiciones verde y digital. Los documentos de la Comisión señalan que ese salto no solo llevará a una modernización del tejido productivo, sino también a la diversificación empresarial de muchas regiones que ahora dependen del sector turístico.

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