Escrivá plantea subir cotizaciones para crear un colchón de 41.000 millones que ayude a financiar las pensiones del ‘baby boom’

El Ministerio de Seguridad Social propuso este lunes una subida de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década. El objetivo es lograr un colchón de 41.000 millones en 2032 con el que se ayudaría a financiar la jubilación del baby boom, la generación más numerosa integrada por los nacidos entre 1958 y 1977. Este recargo forma parte del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, supone una décima más de lo que se anunció la semana pasada, y se distribuirá de forma que 0,4 puntos los soportará la empresa y 0,2 el trabajador, según comunicó el Gobierno a los agentes sociales en la mesa de negociación.

Para un trabajador con un sueldo medio representará una subida de 11,86 euros al mes: 3,95 euros para el empleado y 7,91 euros para la empresa. Para una base mínima, el incremento será de 6,76 euros: 2,25 euros el asalariado y 4,50 la compañía. Y para las bases máximas alcanzará los 24,84 euros: 8,28 euros el trabajador y 16,56 la empresa.

Los sindicatos exigían que este aumento se hiciese de manera que se respetasen las mismas proporciones que tienen ahora las cotizaciones del asalariado y el empresario. Y el reparto que plantea el ministerio de José Luis Escrivá se acerca más a esa línea. “El aumento de cotizaciones va en la dirección correcta de elevar los ingresos en vez de reducir las pensiones como se proponía con el factor de sostenibilidad del PP”, señala Mariano Hoya, representante de UGT en las negociaciones. Y añade que es necesario un pequeño esfuerzo para asegurar así el futuro de las pensiones.

El Gobierno trata de cerrar para el próximo lunes día 15 un nuevo mecanismo de corrección de las pensiones negociado con los sindicatos y la patronal. Este sustituirá al factor de sostenibilidad que aprobó el Gobierno de Rajoy, cuya entrada en vigor fue retrasada y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. La nueva fórmula, bautizada como mecanismo de equidad intergeneracional, cuenta con dos instrumentos correctores: el primero consiste en esta subida del tipo de cotización, de 0,6 puntos hasta un total del 28,9% por contingencias comunes, que se aplicará entre 2023 y 2032. La Seguridad Social calcula que podría recaudar unos 2.800 millones de euros al año que se destinarán al Fondo de Reserva. Y esta cantidad iría subiendo conforme crezca la economía y mejoren los salarios. En total, el ministerio espera que dentro de una década haya en la hucha de las pensiones unos 41.000 millones, siempre que las aportaciones obtengan una rentabilidad anual del 5%. Se trata de un objetivo muy ambicioso en tanto que la rentabilidad que ofrece el bono español a diez años se sitúa ahora en el 0,42%.

De conseguir una rentabilidad media del 7%, la cantidad acumulada en la hucha podría sumar los 45.000 millones. Todos los cálculos se hacen bajo la premisa de que el aumento de cotizaciones no afectará ni al empleo ni a los salarios. Por este motivo, la propia Seguridad Social admite que las cifras podrían acabar siendo algo menores.

En la actualidad el Fondo de Reserva solo dispone de unos 2.000 millones de los 67.000 que llegó a acumular. Como explica José Antonio Herce, socio fundador de Loris, la subida de cotización no generará en principio derechos futuros en las pensiones, ya que la prestación se calcula sobre la base reguladora y esta no se ha tocado. Con el tipo, que es lo que se eleva, no se adquieren mayores derechos.

Un examen de la senda de gasto

El segundo mecanismo corrector es un examen que se hará cada tres años a partir de 2032. Este analizará la relación entre trabajadores y pensionistas, y cuánto se está desviando el gasto sobre PIB respecto a la senda prevista en el informe que publicará en 2024 la Comisión Europea sobre pensiones, el llamado Ageing Report. Para hacer este cálculo se restará además de esa proyección el efecto que habría tenido el factor de sostenibilidad del PP. En el supuesto de no existir un desvío, la Seguridad Social podría incluso plantearse devolver la subida mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de las prestaciones. Pero si hubiera una desviación, tal y como esperan los expertos, se plantean hasta tres pasos escalonados para corregir el desfase y que no podrían suponer en total más de 0,8 puntos de PIB de ajuste, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy.

En primer lugar, se plantearía ir disponiendo de la hucha de las pensiones hasta un máximo del 0,2% anual. Si eso no fuera suficiente o se hubiesen agotado los recursos del Fondo de Reserva, entonces se daría el segundo paso: el Gobierno negociaría con patronal y sindicatos una propuesta para reducir el gasto en pensiones en un máximo anual del 0,4% del PIB. Esta se elevaría a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Y si esa iniciativa no resultara bastante, se pasaría al tercer escalón: acordar con los agentes sociales un incremento de las cotizaciones hasta un límite anual del 0,4% del PIB al año, lo que según Herce supondría duplicar la subida de 0,6 puntos.

“Se trata de un paso importante y positivo en la medida en que se reconoce que hay un problema de sostenibilidad. Sin embargo, no tiene sentido subir cotizaciones en un país con un elevado paro juvenil. Y hay un problema con las magnitudes. El Gobierno admite en sus previsiones que el gasto en pensiones llegará a aumentar hasta en cuatro puntos de PIB al año, unos 50.000 millones de la actualidad, muy por encima de los 2.000 millones anuales que se puede recaudar con el incremento de cotizaciones propuesto”, explica Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Complutense y subdirector de Fedea. No obstante, el Ejecutivo alega en su documentación remitida a los agentes sociales que los desembolsos solo subirán en unos tres puntos de PIB o menos una vez se apliquen sus medidas para fomentar el retraso de la jubilación.

El gasto en pensiones crece a un ritmo superior al PIB por una combinación de tres factores: la actualización de las prestaciones con el IPC; el aumento del número de pensionistas porque además cada vez viven más años, y la jubilación de trabajadores con unas carreras laborales mejores y, por tanto, con unas prestaciones más altas.

Crédito extraordinario

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó este lunes un crédito extraordinario para la Seguridad Social por valor de 5.012 millones. “Su objetivo es equilibrar en las cuentas el gasto derivado de la covid”, señalaba en una nota de prensa el Ministerio de Seguridad Social. Es decir, servirá para financiar los desembolsos por las prestaciones extraordinarias para autónomos, las exoneraciones de los ERTE y la incapacidad temporal por coronavirus.

En los Presupuestos del Estado de este año, el Ministerio de Hacienda incluyó una transferencia de 13.929 millones para costear las políticas no contributivas que cada año soporta el sistema de Seguridad Social. En 2022 la cantidad se elevará hasta los 18.396 millones. La meta del Ejecutivo es que la cifra alcance los 22.000 millones. Todo para intentar cerrar el déficit del sistema antes de que empiecen a jubilarse las primeras hornadas del baby boom a partir de 2023.