Montero descarta una inminente subida de impuestos por la guerra en Ucrania

El asedio ruso a Ucrania y las consecuencias económicas de las sanciones impuestas por Occidente a Moscú también tienen efectos en la política española. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este jueves subidas de impuestos ante la situación actual. “No se va a plantear ninguna subida fiscal”, ha señalado durante el acto de presentación del voluminoso informe, de cerca de 800 páginas, elaborado por el comité de expertos de la reforma fiscal.

El calendario es a veces caprichoso. El prolijo trabajo que durante 10 meses han desarrollado los 17 académicos, reunidos por Hacienda y capitaneados por Jesús Ruiz-Huerta, corre el riesgo de quedar congelado hasta la próxima legislatura. El Ejecutivo tenía una pequeña ventana de oportunidad para aprobar algunas de las medidas planteadas por los fiscalistas, en su mayoría subidas de impuestos, pero la invasión de Ucrania ha reducido el margen de actuación. A partir del próximo verano, arrancará la larga carrera electoral que conducirá a los comicios autonómicos y locales de mediados de 2023 y a las legislativas a finales de ese mismo año.

“En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos”. La frase pronunciada por Benjamin Franklin en el siglo XVIII podría cuestionarse a la vista de la situación política actual. El Libro Blanco sobre la reforma tributaria de 2022, presentado este jueves por los expertos, contiene 118 recomendaciones para configurar una reforma que, en palabras de estos académicos, “debe adecuarse a la realidad económica del siglo XXI, y garantizar un sistema tributario más equitativo, progresivo, justo y que incorpore la imposición medioambiental, digital y la perspectiva de género”. Los sabios de Hacienda abordan en el extenso informe la situación del sistema fiscal y proponen un menú de soluciones para que sean los políticos los que decidan el camino a seguir.

La propuesta incluye una importante subida de impuestos verdes por valor de hasta 15.000 millones de euros, la eliminación o modificación de un buen número de beneficios fiscales, el establecimiento de un tipo único de IVA, la supresión del sistema de módulos, la armonización de los impuestos autonómicos como el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, la derogación del Impuesto de Actividades Económicas y el establecimiento de peajes en función de los kilómetros recorridos en las autovías.

El trabajo encargado por María Jesús Montero parte de la necesidad de ir reduciendo el enorme agujero presupuestario de las cuentas públicas. El FMI, la Comisión Europea y otros organismos internacionales han recomendado a España que explore vías para reducir la brecha fiscal. La diferencia de recaudación respecto a la media de la UE está en 3,9 puntos de PIB y España mantiene un déficit estructural superior a los 40.000 millones de euros. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha insistido este jueves en que ahora, con la guerra en Ucrania y la economía todavía recuperándose, no es el momento de subir impuestos. “Se trata de una propuesta a largo plazo”, ha subrayado.

A cambio de las ayudas europeas, el Gobierno tiene comprometido hacer una reforma fiscal sobre la base de las conclusiones de los expertos para principios del año que viene. Estas son las principales medidas que defiende el documento:

Impuestos medioambientales

Se trata del principal eje de la reforma planteada por el comité. Este calcula que se podrían recaudar entre 5.941 millones de euros y 15.023 millones de euros más. Los sabios hacen hincapié en “el reducido peso de los impuestos medioambientales y su compleja y asistemática regulación actual”. Instituciones internacionales como la Comisión, el FMI o la OCDE llevan años recomendando a España aumentar los impuestos verdes.

El Libro Blanco organiza las propuestas en cuatro ejes: en primer lugar, plantea ordenar la tributación sobre la energía eléctrica y eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que supondría una merma para las arcas públicas de 1.230 millones, y rebajar el impuesto especial sobre la electricidad, con un coste de 1.486 millones. De esta forma, se fomentaría la electrificación necesaria para pasar al vehículo eléctrico.

En segundo lugar, pide revisar e incorporar nuevos impuestos sobre el transporte: la compra y tenencia de vehículos para gravar más la contaminación, sobre la congestión, el uso por infraestructuras y la aviación. El nuevo impuesto sobre las emisiones de la aviación y el transporte marítimo, que grava el uso de queroseno y otros combustibles, podría recaudar entre 206 millones y 1.701 millones. También habría una nueva tasa sobre los billetes de avión que generaría unos 951 millones.

Uno de los asuntos más espinosos es la subida del impuesto sobre los carburantes. Los expertos abogan por equiparar la gasolina y el diésel, lo que podría reportar unos 2.621 millones si se incluye el uso profesional. Y llegaría a los 6.850 millones si el alza se lleva hasta los niveles europeos que marca la nueva regulación europea en este ámbito, el llamado Fit for 55. También está la modificación del impuesto de matriculación y del de circulación para hacerlos más eficientes y gravar más la contaminación. Lo cual podría aportar entre 862 millones y 2.335 millones adicionales al cambiar el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), y entre 276 y 610 millones con la modificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

El peaje por uso de las vías de alta capacidad o autovías de la red viaria de España es otro de los asuntos que han analizado los expertos. Plantean un pago por kilómetros recorridos, lo que obligaría a establecer una red de arcos para el pago de peaje, al estilo de Portugal. De esta forma, desechan la viñeta verde, que sería la preferencia del Ministerio de Transportes porque sería más ágil aplicarla y no tendría algunos efectos perversos que sí tendrían los peajes directos sobre las autovías, como un posible cambio de preferencia por otras vías, que podría provocar congestión. Con este impuesto se espera recaudar entre 1.172 y 1.397 millones.

La tributación medioambiental en manos de las comunidades y Ayuntamientos es un auténtica madeja, cuya redacción es en ocasiones un complejo galimatías, poco efectivo y con escasa recaudación. Los expertos plantean ordenar todo este entramado de impuestos medioambientales para ingresar unos 294 millones más reformando la imposición a los residuos. Con la extracción de áridos se prevén unos 426 millones.

Por último, los fiscalistas calculan que se podrían conseguir unos 279 millones más con el impuesto sobre fertilizantes nitrogenados y otros 932 millones ampliando la fiscalidad de las emisiones.

Eso sí, los expertos piden que estas subidas sean muy graduales, se compensen con ayudas a las rentas más bajas que salgan perjudicadas, se tenga en cuenta la situación de la economía y no se apliquen hasta que la recuperación se haya afianzado. Recuerdan que el nivel de impuestos es una decisión política, aunque defienden que el problema de las cuentas públicas se encuentra, sobre todo, en la parte de los ingresos.

El informe pone el énfasis en el escaso peso de los tributos medioambientales en España, la baja calidad de su diseño y la necesidad de generar cambios para combatir el cambio climático poniendo un precio a la contaminación. Pero también pone una especial atención en el impacto que pueden tener estas medidas en las rentas bajas y sobre la competitividad empresarial. “La capacidad recaudatoria de muchas figuras contempladas es elevada, especialmente en el caso del transporte, y puede suministrar los recursos necesarios para mitigar los efectos distributivos y sobre la competitividad”, afirma el texto. Y añade que la compensación a grupos de rentas bajas puede revertir los efectos negativos con un empleo moderado de recursos.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Los sabios proponen un recorte generalizado de las reducciones, exenciones y deducciones para ampliar las bases y tributar más. En esta línea recomiendan que haya un tipo único del IVA en lugar de un 21%, uno reducido del 10% y otro superreducido del 4% dependiendo del producto. Sobre todo cuestionan los regímenes especiales para el turismo y otras actividades. La iniciativa ayudaría a recaudar más siempre que el tipo único sea superior al 15% que ahora se ingresa de media. Recomiendan revisar el listado de tipos reducidos y avisan de que el tipo reducido del 10% no está justificado para aplicarlo en los restaurantes a las bebidas azucaradas y alcohólicas, lo que supone un coste para las arcas públicas de más de 1.300 millones de euros.

“La modificación de los tipos que aquí se propone va a afectar negativamente, de forma muy señalada, a los hogares con menor capacidad económica, que van a ver incrementado el precio de los bienes y servicios que adquieren. Por ese motivo, el comité considera que una condición sine qua non para el cambio es que se establezca una compensación a esos hogares por el aumento del IVA soportado en sus consumos de primera necesidad”, concluye el informe. El documento sugiere que es posible discriminar por renta en servicios como el agua, la luz, la calefacción o el transporte. O establecer un sistema de prestaciones a través de una deducción reembolsable en el IRPF para compensar a estos contribuyentes más vulnerables. En cualquier caso, la revisión del IVA no entraba bajo el mandato que le dio Hacienda. Además, el comité reconoce que una reforma de esta envergadura no se puede hacer de la noche a la mañana. Y admite que podría provocar cambios en los hábitos de consumo “y, previsiblemente, una fuerte contestación social”.

Impuesto sobre la Renta

En cuanto al IRPF, aunque esta figura no se halla dentro de las recomendaciones, sí que se hace una valoración: el Libro Blanco sostiene que hay que suprimir la reducción por arrendamiento de vivienda y hacer que los rendimientos inmobiliarios tributen por la base del ahorro. Es decir, tributar por todas las rentas del alquiler pero haciéndolo a unos tipos menos progresivos. Con estos cambios se recaudaría algo más. Además, se argumenta que se reformule la reducción por tributación conjunta, aquella que beneficia al matrimonio donde un cónyuge no trabaja, para que sea un nuevo mínimo. Esto es: en principio se reduciría su generosidad, sobre todo en las rentas altas. El Gobierno ya envió a Europa la idea de suprimirla en el Plan de Recuperación, pero luego se retractó.

En opinión de los expertos, la reducción por rendimientos del trabajo, un beneficio que reduce la base imponible del impuesto de la Renta y que se aplica porque se supone que un trabajador incurre siempre en gastos por comida o transporte, pasaría a ser algo que se deduzca. Esto también conllevaría un beneficio menor, si bien según los expertos podría convertirse en un crédito fiscal que se integre con las prestaciones a las rentas bajas. En definitiva, se convertiría en una suerte de complemento a los sueldos bajos. Con el fin de atajar la desigualdad, los expertos defienden que haya una prestación reembolsable para salarios bajos o por hijos en hogares pobres.

Por otro lado, plantean la eliminación del sistema de módulos o de estimación objetiva, algo que los sucesivos gobiernos han intentado, pero que nunca han conseguido porque se encuentran con el rechazo de autónomos y pymes.

Una propuesta importante sobre este impuesto es ampliar la obligación de su presentación para todos los contribuyentes con rentas. Ahora no tienen que presentarla aquellos con ingresos por debajo de los 14.000 euros anuales. El argumento del comité es que así se visibiliza la participación de todos los ciudadanos en el sistema reforzando la conciencia fiscal, y además contribuiría a establecer el sistema de ayudas y prestaciones públicas. En todo caso, reclaman a la Agencia Tributaria que articule un sistema fácil y ágil.

Tributación de sociedades

Respecto al impuesto de sociedades, el documento apunta que existe una elevada acumulación de pérdidas que reducirá la recaudación del tributo durante los próximos años, y destaca que el mayor potencial recaudatorio se encuentra en las actividades realizadas en el exterior. Por eso, los expertos creen que hay que establecer un mecanismo que limite la compensación de pérdidas para evitar que empresas con capacidad económica no paguen (en estos momentos las grandes empresas solo se pueden compensar pérdidas sobre un 25% del beneficio en el año). Y consideran que hay que tratar las rentas de fuera de forma que las empresas tributen según su capacidad económica. El comité no cree que haya que subir los tipos de sociedades porque penalizaría la inversión y la competitividad. Y rechaza un tipo mínimo sobre el resultado contable como defiende Podemos porque no se aproxima a la capacidad económica. En lugar de este tipo mínimo, el Libro Blanco recuerda que se está cerrando un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20 para asegurarse de que las multinacionales pagan por su actividad real y no desplazan artificialmente sus bases adonde tributen menos.

Por otra parte, se debería evitar que las rentas individuales se refugien en estructuras societarias para eludir los tipos más altos del IRPF. Se sugiere una norma que evite los abusos deduciendo gastos por actividad económica. Por último, se reclama la eliminación del impuesto de actividades económicas, que imponen los ayuntamientos y que, según los sabios, perjudica más a la pyme condicionando las decisiones sobre dónde se ubica un negocio.

Canon al almacenamiento en la nube

El comercio electrónico transfronterizo se ha más que triplicado en la última década. De ahí que el texto trate de actualizar la definición de establecimiento permanente para ser capaces de asignar beneficios y gravar a las multinacionales que venden online en España sin tener presencia física. La llamada tasa Google no ha logrado apenas recaudar y se espera que se suprima conforme entra en vigor el acuerdo de la OCDE sobre la fiscalidad de las multinacionales y la nueva normativa europea. No obstante, los expertos subrayan la importancia de calificar como canon o beneficio empresarial servicios digitales como el almacenamiento en la nube o las licencias de impresión en 3D cuando la empresa suministradora no tenga la residencia fiscal en España. Asimismo, los expertos mencionan la necesidad de simplificar los ajustes al resultado contable y unas reglas de amortización.

Imposición a la riqueza

“Tiene sentido aplicar un impuesto sobre la riqueza”, ha dicho el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, justificándolo en que la desigualdad en patrimonio es alta y que supone una alternativa distinta a la del IRPF para poder gravar la capacidad económica. Sobre el impuesto al patrimonio, los expertos sostienen que hay que elevar el mínimo que se paga, dejar el mínimo exento en un millón de euros, aumentando las bases pero suavizando la escala del gravamen. En la práctica, se pondría un tope a la capacidad de las comunidades de bonificarlos, bajar los tipos o subir los mínimos exentos. En la misma línea que en patrimonio, los impuestos de sucesiones y donaciones también tendrán un mínimo exento alto y una tarifa más reducida. Algunas comunidades del PP que tienen estos tributos casi totalmente bonificados se han mostrado en contra de esta armonización.