El Gobierno aplaza la reforma fiscal completa ante las dudas con la economía

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue muy clara cuando se presentó el informe de los expertos sobre la reforma fiscal a principios de marzo: con la guerra de Ucrania y la crisis de precios no era el momento de hacerla. Cuatro meses más tarde, pese a que ya corren los plazos para cumplir con la reforma tributaria comprometida con Bruselas, la situación se ha agravado. La inflación galopa al 10% e incluso se habla del riesgo de una recesión en Europa que podría arrastrar a la economía española. De modo que el Gobierno ha decidido aplazarla para la próxima legislatura. Eso sí: no descarta alguna medida puntual de fiscalidad verde.

El déficit estructural de las Administraciones se sitúa en torno al 4% del PIB, según calculan el Banco de España y la Autoridad Fiscal. Se trata de un agujero de cerca de 50.000 millones de euros, el equivalente a la mitad de lo que se recauda por IRPF. España ha prometido a Bruselas aprobar una reforma tributaria basada en el informe de los expertos de marzo. Esta debería ayudar a corregir los números rojos, ha de estar en vigor para el 31 de marzo del año que viene y forma parte de los hitos que España tiene que lograr a cambio de los casi 7.000 millones del quinto desembolso de fondos europeos.

Eso significa que la reforma ya debería haberse publicado en audiencia pública para sacarla como proyecto de ley, dados los plazos exigidos. Cabe recordar que no se pueden crear nuevas figuras en los Presupuestos y que un decreto ley solo debería usarse para casos de urgencia o necesidad. En este sentido, fuentes de Hacienda dicen que ahora la prioridad es bajar la inflación y que las medidas serán aplicadas de forma progresiva y no en un solo texto normativo. No se renuncia a todo y sí que se contempla alguna medida de fiscalidad verde, afirman.

Impuesto a las energéticas

El mandato que se dio a los expertos fue el de una “reforma estructural” con el objetivo de acercar la recaudación española a la media europea. Y diversas fuentes gubernamentales apuntan que en la actual coyuntura esta se va a aparcar. Para cumplir con la UE debería bastar con tomar algunas medidas quirúrgicas, explican. El ejemplo sería el gravamen sobre el beneficio extraordinario de las energéticas, a imagen del aprobado en Italia: un recargo del 10% que luego se ha subido al 25% y que se aplica a eléctricas, gasistas y petroleras a partir de la facturación del IVA. Cuando la aprobó, el Gobierno italiano calculaba que ingresaría unos 4.000 millones. Así, el Ejecutivo español cumpliría con uno de los objetivos planteados a Bruselas de hacer tributar más por el impuesto de sociedades.

Estas fuentes subrayan que es importante calibrar el momento y evitar la prociclicidad que supondría ahora una subida de impuestos. Recuerdan que el propio documento de los expertos explica que es esencial abordarlas de forma gradual y asegurándose de que antes se haya consolidado la recuperación. Y apuntan que la recomendación europea es que se tomen medidas para lograr el equilibrio presupuestario “cuando la economía lo permita”.

Además, señalan que los incrementos de precios energéticos ya estarían logrando lo que se pretendía con la reforma verde: un menor consumo. Y la recaudación avanza turbopropulsada por la recuperación de actividad tras la covid, la fuerte creación de empleo y la inflación. Entre enero y mayo, los ingresos tributarios se dispararon un 19% por encima del año pasado. En todo caso, de tener que conseguir recursos importantes con rapidez, el IVA y el IRPF serían las figuras que habría que utilizar. En esta línea, los expertos apuntaban a subir el tipo reducido del 10% en el IVA y quitar o modificar algunas reducciones y exenciones del IRPF.

Ya se ha dado una patada hacia adelante con una parte de la reforma que tocaba tener lista para el 30 de junio. La reforma cuatro del componente 28 comprometido con Bruselas dice que se tomarán medidas que contribuyan a la transición ecológica. Y entre estas se incluyen “impuestos o pagos relacionados con la movilidad como los peajes en carreteras y los impuestos de matriculación y circulación”. Sobre esto nada se ha hecho y los peajes incluso se han aplazado para la siguiente legislatura. También se tiene que recoger “la revisión de los subsidios a fósiles usados como combustibles”. En esto se está haciendo justo lo contrario con la ayuda de los 20 céntimos.

El calendario político ha sido también decisivo para que la reforma fiscal de los expertos haya quedado congelada hasta la próxima legislatura: ya se ha dado el pistoletazo de salida a la larga carrera electoral que conducirá a los comicios autonómicos y locales de mediados de 2023 y las legislativas, en principio previstas para finales de ese mismo año. En semejante terreno, los impuestos son una materia explosiva.

El componente 28 indica que para el 31 de marzo de 2023 hay que tener completados “los cambios al sistema fiscal basados en las recomendaciones de los expertos”. Con cerca de 800 páginas, el libro blanco es un menú para elaborar una reforma sobre el que Hacienda tenía que escoger. En este se recomienda subir la fiscalidad verde hasta en 15.000 millones, incluyendo alzas en los carburantes. Un aumento de los tipos reducidos del IVA. La eliminación o transformación de beneficios en el IRPF como los de paternidad, la tributación conjunta o el arrendamiento de vivienda. Suprimir la tributación por módulos. La armonización de los tributos autonómicos sobre patrimonio y sucesiones. Y en sociedades se pide una simplificación que impulse un mayor tamaño de las empresas y medidas para reforzar la fiscalidad digital e internacional. Este componente concluye: “Dado que la ratio de ingresos sobre PIB es más baja en España, hay espacio para elevar la recaudación y promover la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La Comisión Europea siempre ha recordado que en el supuesto de no cumplir del todo con una reforma siempre cabe un pago parcial de los fondos o que se suspenda el total del desembolso hasta que se haya completado la medida si esta se considera muy importante.

Rebaja de impuestos

El Gobierno ya había tomado medidas para intentar mejorar la recaudación en los Presupuestos de 2021. En el IRPF aprobó una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de 200.000. Según las estimaciones de Hacienda, esta medida únicamente afectaba al 0,17% de los contribuyentes y permitiría recaudar unos 500 millones de euros en 2022. Sin embargo, hasta mayo solo ha conseguido ingresar unos 13 millones de euros, según el informe de recaudación de la Agencia Tributaria. El resultado final se conocerá cuando se compute el cierre de las declaraciones de Renta pasadas y se visualizará en el informe de recaudación de julio que se publicará en agosto, explican fuentes de la Agencia Tributaria. Según apuntan fuentes conocedoras, el impacto será próximo a las previsiones manejadas. Por la llamada tasa Google y la financiera solo se ha obtenido en lo que va de año 139 y 146 millones, respectivamente. Estas dos cifras están bastante lejos de lo que se esperaba inicialmente.

En cambio, las medidas para bajar la factura de la luz están teniendo un impacto mucho mayor. Entre enero y mayo, Hacienda ha dejado de recaudar 3.695 millones por la rebaja del tipo del IVA, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la supresión del impuesto sobre el valor de la energía. Si se toma el inicio de estas medidas, allá por el verano del año pasado, el coste asciende a los 5.300 millones de euros. Y ahora el IVA se ha bajado todavía más hasta el 5%. En definitiva, en el neto el Gobierno está bajando los impuestos con tal de intentar aplacar los efectos de las subidas de precios.