Estas son las medidas de los expertos de Hacienda para recaudar 15.000 millones más en impuestos verdes

La reforma fiscal presentada este jueves por los expertos de Hacienda pone el énfasis en los impuestos verdes. Es el principal instrumento que utilizan para aumentar la recaudación. Calculan que se podría ingresar entre 5.941 millones y 15.023 millones de euros más. Los sabios reunidos por el departamento de María Jesús Montero hacen hincapié en “el reducido peso de los impuestos medioambientales y su compleja y asistemática regulación actual”. Las instituciones internacionales como la Comisión Europea, el FMI o la OCDE llevan años recomendando a España aumentar los impuestos verdes. Este capítulo entra dentro de los límites del encargo de Hacienda y está comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de las ayudas europeas. Según el calendario de hitos pactados, la reforma debería aprobarse en el primer trimestre del año que viene.

El Libro Blanco para la reforma fiscal 2022 plantea una sustancial subida de estas figuras, sobre todo en los transportes. Así, podría igualarse la tributación del diésel a la gasolina, lo que implicaría una recaudación adicional de 2.600 millones sin dejar exentos a los profesionales. Actualmente, el primero es más bajo, por lo que Montero ya planteó esta posibilidad en los presupuestos del año 2021, algo que causó malestar popular y que tumbó el PNV en el Congreso. El plan es que más adelante se iría un paso más allá, equiparando ambos impuestos a la tributación europea que marcará la regulación Fit for 55. En total, se podrían conseguir hasta un máximo de 6.850 millones, estiman los expertos.

El Libro Blanco organiza las propuestas verdes en cuatro ejes: en primer lugar, plantea ordenar la tributación sobre la energía eléctrica y eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que supondría una merma para las arcas públicas de 1.230 millones, y una reducción del impuesto especial sobre la electricidad, con un coste de 1.486 millones. Estas rebajas se harían para favorecer la electrificación y el paso al vehículo eléctrico.

En segundo lugar, pide revisar e incorporar nuevos impuestos sobre el transporte, entre los que se incluye la compra y tenencia de vehículos para gravar más la polución que generen, hacer pagar por la congestión y el uso de las infraestructuras, y dos nuevas figuras sobre la aviación. La creación de un tributo sobre las emisiones de la aviación y el transporte marítimo, que grava el uso de queroseno y otros combustibles, podría recaudar entre 206 millones y 1.701 millones. También se contempla la modificación del impuesto de matriculación y del de circulación para hacerlos más eficientes y gravar más por la contaminación. Esto podría aportar entre 862 millones y 2.335 millones adicionales en los cambios en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), y entre 276 y 610 millones del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). Además habría un nuevo impuesto sobre los billetes de avión que generaría unos 951 millones. Los sabios abogan por cobrar por la gestión del agua, los residuos, el plástico, los fertilizantes o las emisiones de grandes instalaciones industriales y ganaderas.

Para todas estas alzas fiscales no deberían darse exenciones que las rebajen, señala el informe. El objetivo declarado es fomentar los cambios de comportamiento que ayuden a combatir el cambio climático y hacer pagar por el uso de infraestructuras. El peaje por uso de las vías de alta capacidad o autovías de la red viaria de España es otro de los asuntos que se han analizado. Los expertos plantean un pago por kilómetros recorridos, lo que obligaría a establecer una red de arcos para el pago de peaje, al estilo del que ya existe en la red viaria de Portugal. De esta forma, desechan la viñeta verde, que sería la preferencia del Ministerio de Transportes porque sería más ágil aplicarla y no tendría algunos efectos perversos que sí tendrían los peajes directos sobre las autovías, como un posible cambio de preferencia por otras vías, que podría provocar la congestión. Con esta iniciativa se espera recaudar entre 1.172 y 1.397 millones.

Eso sí, los expertos piden que estas subidas sean muy graduales, se compensen con ayudas a las rentas más bajas que salgan perjudicadas, se tenga en cuenta la situación de la economía y no se apliquen hasta que la recuperación se haya afianzado. Recuerdan que el nivel de impuestos es una decisión política, aunque defienden que el problema de las cuentas públicas se encuentra, sobre todo, en la parte de los ingresos.

Poco peso hasta ahora

El informe pone el énfasis en el escaso peso de los tributos medioambientales en España, la baja calidad de su diseño y la necesidad de generar cambios para combatir el cambio climático poniendo un precio a la contaminación. Pero también pone una especial atención en el impacto que pueden tener estas medidas en las rentas bajas y sobre la competitividad empresarial. “La capacidad recaudatoria de muchas figuras contempladas es elevada, especialmente en el caso del transporte, y puede suministrar los recursos necesarios para mitigar los efectos distributivos y sobre la competitividad”, afirma el texto. Y añade que la compensación a grupos de rentas bajas puede revertir los efectos negativos con un empleo moderado de recursos.

“Las ideas son correctas pero los hechos van en la dirección contraria. Con la recuperación económica de la pandemia los precios energéticos ya se habían disparado y parece que van a seguir altos mientras estemos inmersos en una transición energética. El colofón ha sido la invasión de Ucrania”, explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda.

La tributación medioambiental en manos de comunidades y Ayuntamientos es una auténtica madeja, cuya redacción es en ocasiones un complejo galimatías, poco efectivo y con escasa recaudación. Los expertos plantean ordenar todo este entramado de impuestos medioambientales para recaudar unos 294 millones adicionales reformando la imposición a los residuos. Con la extracción de áridos se podrían lograr otros 426 millones.

Por último, los fiscalistas calculan que se podrían recaudar unos 279 millones más con el impuesto sobre fertilizantes nitrogenados y otros 932 millones extendiendo la fiscalidad de las emisiones.