El FMI advierte de que los impuestos extraordinarios a banca y energéticas deben ser limitados y temporales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a España de que los impuestos extraordinarios a los bancos, las energéticas y las grandes fortunas deberían ser “limitados y temporales”. Estos han servido para obtener una recaudación importante, de unos 3.500 millones de euros en el ejercicio de 2023, y han ayudado a financiar las medidas para combatir la crisis energética y de precios, admite el FMI. Sin embargo, la institución con sede en Washington considera que estas figuras tributarias, si se mantienen en su formato actual, podrían ser “particularmente distorsionadoras y crear incertidumbre”, lo que a su vez “podría desincentivar una inversión que ya está débil”.

El Fondo explica que estos impuestos surgieron para dar respuesta a la crisis inflacionaria que se desató a raíz de la guerra de Ucrania: “La pregunta de quién debería soportar el coste de las medidas salió a la palestra”, apunta. En ese contexto, las energéticas se han beneficiado de unos precios disparados. Y la banca ha elevado sus márgenes con las subidas de tipos que se aprobaron para domeñar la inflación: han trasladado los tipos a los préstamos que conceden, pero no los han traspasado con la misma intensidad a sus depositantes. Así lo ha concluido un estudio del Banco de España que cita el FMI. Todo ello ha justificado la reacción del Gobierno. Sin embargo, tal excepcionalidad no puede durar siempre: “Los gravámenes extraordinarios no constituyen una estrategia de consolidación fiscal favorable al crecimiento”, aseguran los economistas del Fondo en su informe anual sobre la economía española, el llamado Artículo IV. Y añaden que no suponen una alternativa sólida a medidas que eleven los ingresos de forma estructural. A largo plazo, la recaudación debería complementarse con iniciativas para contener el aumento del gasto, sobre todo por las pensiones, concluyen.

De hacerse permanentes estos gravámenes, explica el FMI, debería definirse de manera clara cuáles son los beneficios extraordinarios. Sería recomendable alinear las bases del tributo con esa definición para minimizar los efectos distorsionadores, dice. También podrían ser rediseñados para buscar otros objetivos: según el Fondo, el impuesto a la banca podría reorientarse de forma que se puedan desgravar los colchones de capital anticíclicos que se acumulen. De hecho, el Banco de España acaba de exigir un incremento de estos porque entiende que es el momento de ir pertrechándose.

Es decir, el tributo podría usarse para hacer que los bancos se capitalicen mejor. Las entidades en España acusan unos niveles bajos de capital en la comparativa europea. Aunque aguantarían bien en un escenario adverso, lo harían a costa de una contracción sustancial del crédito, según el análisis de estrés que hace el FMI. “Una retención de los beneficios de los bancos hoy podría dar buenos resultados si se materializan los riesgos”, señala. De modo que usar el impuesto para reforzar el capital sería una forma de fortalecer el sistema financiero y prepararlo para futuras crisis. Esta posición del FMI es la misma que defiende el Banco de España.

El Gobierno ha anunciado su intención de convertir estas figuras en permanentes. Las utilizará para justificar ante Bruselas que está aprobando la reforma fiscal que tiene comprometida a cambio de fondos europeos. Cuando se ha preguntado a la titular de Hacienda si admitiría que se desgrave una mejora del capital, María Jesús Montero ha contestado que el gravamen está pensado para recaudar y no para mejorar la solvencia de la banca. Hacienda sí que ha admitido que se deduzcan las inversiones renovables en el impuesto a las energéticas tras negociar con el PNV.

El gravamen sobre la banca es un 4,8% del margen neto de intereses y comisiones de las entidades que operan en territorio español con ingresos superiores a 800 millones. El FMI recuerda que el BCE ya lo criticó. Sobre las bases de 2022, se recaudaron 1.200 millones. De acuerdo con los cálculos del Fondo, supone un 10% del beneficio ligado a su actividad en España en 2023: “Una fracción bastante pequeña pero no trivial”. “Aunque no parece haber tenido un efecto negativo significativo sobre el sector financiero, su magnitud es suficiente como para que pueda influir en las decisiones futuras de los bancos si se prolonga”, indica el informe.

A juicio del organismo, el diseño del impuesto tiene “limitaciones importantes”. Se grava el margen de intereses y no el beneficio. En consecuencia, no tiene en cuenta la posibilidad de que las entidades tengan un margen alto pero un beneficio bajo, y viceversa. “El crédito de riesgo podría verse particularmente mermado, pues sus mayores retornos serían gravados mientras que sus mayores provisiones no serán deducibles”, apunta la institución que dirige Kristalina Georgieva. Aun así, reconoce que identificar los beneficios extraordinarios no es fácil: el retorno de capital de los bancos españoles no experimentó aumentos importantes en comparación con sus pares europeos en 2022 y 2023. Sin embargo, la rentabilidad en el mercado doméstico aumentó hasta su mayor nivel desde la crisis financiera, debido, según el Banco de España, a que retribuyeron menos los depósitos que en la zona euro y que en otros periodos con unas condiciones económicas similares. La limitación a los 800 millones deja fuera a instituciones sin importar su rentabilidad, añade.

El FMI considera que solo los factores coyunturales deberían ser incluidos en la base del impuesto, lo que rebajaría la capacidad recaudatoria. En cualquier caso, incluso sin el rediseño, el Fondo prevé que en los próximos años los ingresos que aporta disminuyan conforme los márgenes vayan estrechándose porque se aminoran los tipos y porque estos se trasladan para retribuir a los depositantes.

El gravamen energético

El impuesto extraordinario a las compañías energéticas es un 1,2% de su facturación. En 2023, se ingresaron 1.600 millones por la actividad de 2022. El Fondo recuerda que varias de estas empresas amenazaron con llevar sus inversiones a otros países si el gravamen se prorrogaba. Se ha ampliado hasta 2025. Pero se anunció, tras un acuerdo con el PNV, que se deducirán las inversiones en proyectos de energía renovable. Aunque al no haber Presupuestos, estas deducciones no están en vigor.

Como el de la banca, el impuesto a las energéticas no captura necesariamente el beneficio de las compañías y carece de una definición clara del exceso de beneficio, asegura el Fondo. Al no diferenciar entre tipos de energía, no puede ser considerado un tributo medioambiental. Si bien concede que la deducción por inversiones verdes puede funcionar como un incentivo. Al igual que el gravamen bancario, el energético debería tener una duración limitada con el diseño actual, recalca.

Si se hiciera permanente, el impuesto debería ceñirse a una definición clara del exceso de beneficio en lugar de sobre el balance operativo, subraya. Y esta definición debería distinguir entre aquellos beneficios elevados que se deben a fluctuaciones de precios marcadas por factores externos y aquellos que son inherentes a la competencia del mercado doméstico. Los primeros son los que deberían gravarse, razona.

Además, el FMI dice que España ya destaca por su amplia variedad de impuestos a la energía, como el IVA, el de la producción o el especial a la electricidad, entre otros. Debería tenerse en cuenta la interacción entre todos los impuestos, defiende. Si se restringe el tributo estrictamente a aquellos beneficios que no se deben a la competencia, la recaudación descenderá. En todo caso, bajará al haberse normalizado los precios de la energía.

Impuesto a las grandes fortunas

Por otro lado, el FMI analiza el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas que se anunció en diciembre de 2022. Explica que los impuestos a la riqueza pueden ser un instrumento para recaudar y para conseguir una redistribución. Pero señala que si las diferencias en el impuesto son muy grandes entre regiones, también puede tener efectos distorsionadores: podría llevar a decisiones de residencia dictadas por los tributos. Y si se deja el impuesto de patrimonio en el nivel estatal, choca con la autonomía de las comunidades. La cooperación para establecer un mínimo de impuesto a la riqueza constituye un camino más viable, concluye.

El informe destaca que de los 623 millones recaudados en 2023, 555 procedían de la Comunidad de Madrid, que históricamente no ha gravado patrimonio. Y recuerda que esta autonomía ha anunciado un cambio del impuesto para redirigir los ingresos hacia el Gobierno regional y, a cambio, ha comunicado una serie de beneficios fiscales para compensar a los individuos con patrimonios altos, como incentivos fiscales para crear empresas, invertir o contratar en la región. Estas iniciativas desactivarían en el neto la recaudación, advierte.

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