El Gobierno hará permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas

El Gobierno convertirá en permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y al sector energético. Según el borrador del real decreto ley con la prórroga de las medidas anticrisis, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ambos gravámenes se revisarán para su “su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 y se concertarán o conveniarán, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”. Esto último implica que los dos gobiernos autonómicos se quedarán con la gestión y los ingresos de los dos tributos.

De modo que, a la espera de este rediseño, las dos figuras se prorrogarán como estaban salvo para las energéticas, a las que se les ha concedido una exigencia del PNV tras las protestas que lanzó Repsol: “El real decreto ley prevé el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que realicen desde el 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto al año mencionado”, dice el texto. El presidente Pedro Sánchez especificó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las compañías energéticas se podrán deducir sus inversiones estratégicas y para la descarbonización.

Ambos impuestos, temporales en origen, se aprobaron para los ejercicios 2022 y 2023. Y se pagarían a año vencido, en el 2023 y el 2024. Con el cambio actual, el abono se extenderá un ejercicio más, por lo que el Ejecutivo se asegura esta recaudación también para 2025. En el caso de la banca, como se liquida con el margen de intereses y las comisiones netas en España anotadas el año anterior, será entonces cuando contribuyan por los resultados de 2024.

El sector financiero ha criticado esta medida y rechaza la extensión: “La decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó (...) y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias”, han protestado las patronales AEB y CECA en un comunicado conjunto.

Los ingresos previstos para ambos gravámenes rondan los 3.000 millones de euros al año. “Esta medida se adopta con el fin de que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, justifica el borrador.

Los impuestos a banca y energéticas han generado fricciones entre las dos almas del Gobierno de coalición. La vicepresidenta y titular de Transición Energética, Teresa Ribera, ya anunció la revisión del tributo extraordinario a las energéticas. Días después, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sugirió además cambios en la tasa bancaria. Y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reaccionó entonces en contra. El resultado de ese debate es la prórroga durante un año de los gravámenes. Pero con el cambio para que las energéticas puedan deducirse las inversiones en el tributo.

Este miércoles, Díaz ha mostrado su disconformidad con cómo queda el impuesto a las grandes energéticas. “No compartimos una rebaja fiscal cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo está pasando mal”, ha escrito en la red social X (antes Twitter). Y ha añadido: “No estamos de acuerdo con el PSOE en que una fiscalidad justa y verde sea un problema para la inversión. Lo que necesitamos es una reforma estructural de la fiscalidad en España que sea justa y con la que quienes más ganen, paguen realmente más”.

El real decreto ley también contempla la prórroga del impuesto temporal a las grandes fortunas “en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica”. Y añade: “La adopción de esta medida se estima imprescindible y urgente para que dicha reforma se lleve a cabo en las debidas condiciones de armonización tributaria, de manera que, en su punto de partida, las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas Comunidades Autónomas no difieran sustancialmente. En segundo lugar, la medida se entiende necesaria para seguir exigiendo un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica”.

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