_
_
_
_
_

El Gobierno se replantea el impuesto extraordinario a las energéticas

Ribera abre la puerta a modularlo y argumenta que es “imprescindible” una “reinversión masiva” para el giro verde

La vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la entrevista con Efe en Dubái.
La vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la entrevista con Efe en Dubái.MARTIN DIVISEK (EFE)

El Gobierno español se replantea el impuesto creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por las energéticas por el brutal incremento en el precio de la energía el año pasado, abriendo la puerta a modularlo en 2024. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, ha afirmado en Dubái la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a la agencia Efe. En su actual diseño, el impuesto grava la facturación y no las ganancias.

Además de identificar beneficios extraordinarios, hay que ser conscientes de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, ha añadido la máxima responsable del Gobierno para asuntos energéticos. “Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho” y todos paguen más. “Y cómo puede usted [compañía energética] puede asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión”. Las principales empresas gravadas han recibido las palabras de Ribera con tímidas alzas en Bolsa.

Desde el Ministerio de Hacienda quitan hierro a las palabras de la vicepresidenta tercera. Aseguran que no hay ningún cambio de guion, que están en sintonía con la postura del departamento dirigido por María Jesús Montero y recuerdan que el análisis y revisión del impuesto están incluidos en el acuerdo de gobierno alcanzado en octubre por PSOE y Sumar.

El pacto sellado entre las dos formaciones habla de revisar “los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas”, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de suprimirlos. El objetivo es “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, pero genera dudas a otros socios clave para el Ejecutivo, como el PNV. A diferencia de lo que ocurría la pasada legislatura, cuando contaban con algo más de margen de maniobra para sacar adelante cualquier medida en el Parlamento, ahora a los partidos progresistas no les sobra ningún voto. Tanto la mayor eléctrica de España (Iberdrola) como la mayor petrolera (Repsol) tienen importantes conexiones con el País Vasco.

En las últimas semanas se habían recrudecido las críticas al impuesto por parte de las principales empresas del sector en España, con Repsol a la cabeza. La petrolera incluso ha llegado a amenazar con trasladar sus inversiones a países vecinos, como Portugal o Francia. Pese a la reciente moderación, el beneficio conjunto de las principales energéticas españolas (casi 7.400 millones de euros entre enero y octubre) sigue cerca de las cifras de 2022.

“Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”, ha señalado Ribera, con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil pero también “justo” desde el punto de vista de “reparto de beneficios y costes”. Cada euro invertido en transición energética, en eficiencia, en renovables o en descarbonización del sistema, ha añadido, es un coste en el que no se incurrirá mañana “y son reducciones de importaciones en la balanza comercial, son beneficios inmediatos”. “Cuanto antes, mejor”, ha rematado en el marco de la COP28 que alberga Emiratos Árabes Unidos.

El domingo pasado, la vicepresidenta tercera ya había deslizado en una entrevista con Colpisa que el Gobierno busca un “umbral razonable del impuesto” y reconocía que la situación “ha cambiado” respecto a cuando se aprobó el gravamen, en el verano de 2022. “Buscamos un impuesto energético razonable porque la situación es otra”. Fuentes gubernamentales emplazan a esperar a los próximos días, tras la COP de Dubái, para conocer la forma que tomará —o no— el impuesto. El objetivo es llegar a Navidad con todo cerrado, un trabajo en el que están involucrados todos los ministerios económicos, con Transición Ecológica y Hacienda a la cabeza.

Respecto a una posible ampliación de las ayudas a los hogares para paliar los efectos de la crisis energética —que vencen a fin de año—, Ribera ha considerado este martes “capital” garantizar la cobertura de los consumidores más vulnerables por renta. En lo que respecta al resto de ciudadanos al que se ampliaron las ayudas (clase media), habrá que ver si las medidas “tienen todas sentido o si hay aspectos que se pueden ir modulando”. “Ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios”, ha zanjado.

Recaudación de 1.600 millones

El gravamen extraordinario a las energéticas fue aprobado a finales de 2022, con una vigencia de dos años, para elevar aportación fiscal del sector en un momento en el que los elevados precios del gas y la electricidad les generaban beneficios récords. A la vez, se dio luz verde a un impuesto extraordinario y temporal a la banca. En este caso, el Gobierno alegó las ganancias extra obtenidas por las entidades financieras gracias a las subidas de tipos.

Las energéticas obligadas a pagar el impuesto, que supone un 1,2% del importe neto de su cifra de negocio, son las grandes, aquellas que en 2019 facturaron más de 1.000 millones de euros. Este año pagaron cerca de 1.644 millones sobre lo ingresado el pasado ejercicio. El desembolso se hizo en dos tandas: un pago a cuenta del 50% en febrero (817,4 millones) y otro en septiembre (827 millones).

“Antes de que se termine su vigencia revisaremos ambas figuras y las prorrogaremos, incorporando todos los elementos que permitan que sean más seguras o más robustas”, dijo Montero tras conocerse el importe total de lo recaudado por los dos nuevos gravámenes. Desde su departamento aseguran que el pago que se va a realizar en 2024 correspondiente al ejercicio de este año no peligra en ningún caso.

El impuesto a las energéticas no es una anomalía en Europa. Otros países del entorno, como el Reino Unido e Italia, han aprobado figuras similares para gravar las ganancias récord del sector derivadas de la coyuntura. Pero la figura española es peculiar en su diseño por dos razones. Primero, porque no es un impuesto propiamente dicho, sino una prestación patrimonial de interés público y carácter no tributario. Es decir, una especie de compensación. En segundo lugar, porque no se aplica sobre los llamados beneficios caídos del cielo, como suele ocurrir, sino sobre los ingresos. Ambos puntos fueron criticados duramente por las empresas afectadas, tanto del sector energético como bancario, que impugnaron los gravámenes.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal

La agenda de Cinco Días

Las citas económicas más importantes del día, con las claves y el contexto para entender su alcance.
RECÍBELO EN TU CORREO

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
_
Normas
Tu comentario se publicará con nombre y apellido
Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_