El Senado aprueba los impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas

El Senado ha aprobado este jueves los impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas con los que Pedro Sánchez respondió como revulsivo al fiasco socialista en las elecciones andaluzas y la primacía del PP en las encuestas. La previsión de recaudación es de unos 10.000 millones en los dos años que estarán en vigor —a partir del 1 de enero de 2023—, y con ellos el Gobierno pretende financiar la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo contempla realizar una evaluación más adelante para decidir si terminan siendo permanentes. “Los grandes grupos van a contribuir con su cuota de mercado a la protección de los ciudadanos”, celebró Antonio Armando Ferrer (PSOE). El senador recordó frente a las críticas de la derecha que Margaret Thatcher “ya aplicó una subida temporal a la banca y a las empresas de la city londinense por la subida de los tipos de interés y para recaudar de los ingresos extraordinarios que estaban teniendo”. “¡La señora Thatcher, sancta sanctorum del neoliberalismo!”, enfatizó.

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Los motivos iniciales que esgrimía el Ejecutivo para aplicar los nuevos gravámenes a bancos y energéticas —concebidos como prestaciones patrimoniales no tributarias y no como impuestos— son los beneficios extraordinarios que las grandes entidades financieras y las corporaciones gasísticas, petroleras y eléctricas están obteniendo debido a la subida de los tipos de interés y de los precios de las materias primas energéticas. Las nuevas tasas se aplicarán finalmente sobre los ingresos en vez de sobre las ganancias. “Se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios”, advirtió María Pilar Alía, del PP. “¿Y nadie se ha dado cuenta de cómo reaccionará por ejemplo el sector bancario? Reducirá el crédito disponible, encarecerá su financiación. Lejos de luchar contra la inflación, se impulsará la espiral inflacionista”, reiteró la portavoz de Hacienda del PP. “La urgencia está justificada ante una situación de emergencia social gravísima, la entrada de esta ley está justificada”, discrepó Pau Furriol (ERC). “Está más que justificado gravar a estos sectores para hacer frente a los costes de la inflación en nuestra sociedad. A ninguna de estas empresas se les hará ningún roto”, abundó Idurre Bideguren (EH Bildu). “Las grandes corporaciones pagan menos impuestos que un almacén de barrio, no contribuyen conforme a sus beneficios”, afirmó Koldo Urionabarrenetxea, de Geroa Bai. En la misma línea se manifestaron la mayoría de partidos.

El nuevo gravamen se aplicará, en el caso de las entidades financieras, al 4,8% del margen de intereses y comisiones que estas obtengan en 2023 y 2024. El Ministerio de Hacienda prevé recaudar unos 1.500 millones al año por este lado. A las compañías energéticas se les aplicará a su vez un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios, con unas estimaciones de recaudación de 2.000 millones de euros anuales en el mismo periodo estipulado.

La recaudación procedente de las energéticas será un 10% menos de lo previsto inicialmente. La rebaja se debe a que algunos ámbitos de negocio de las firmas del sector han quedado exentos del impuesto tras la petición del PNV y el PDeCAT. Se trata de 400 millones menos de los 4.000 que el Ministerio de Hacienda había calculado para los dos años en los que como mínimo se mantendrá en vigor el tributo. En concreto, el Congreso suavizó el impuesto a las energéticas en la tramitación parlamentaria para excluir las actividades reguladas, además de los ingresos por las actividades fuera de España.

Las empresas eléctricas, gasistas y petroleras afectadas por el gravamen serán los operadores principales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que en 2019 tuvieran una cifra de negocios de al menos 1.000 millones. El umbral en el caso de la banca (intereses y comisiones cobradas) será de 800 millones, tomando también el ejercicio de 2019 como referencia. También deberán abonar el gravamen las filiales de sucursales de sociedades extranjeras establecidas en España, aunque, en principio, solo la francesa BNP Paribas podría superar el umbral y verse obligada a abonar el nuevo tributo.

Impuesto de solidaridad

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas —ya no se podrán beneficiar de las bonificaciones de los gobiernos regionales— se exigirá a las fortunas de más de tres millones de euros (3,7 millones, añadiendo el mínimo exento). Se prevén tres tramos con tipos progresivos: del 1,7% entre tres y cinco millones, del 2,1% entre cinco y diez millones, y del 3,5% para fortunas mayores. El primer pago será sobre el ejercicio de 2022, y el Gobierno espera ingresar unos 1.500 millones al año por el tributo, una cifra similar a lo que deja de recaudar Madrid por la bonificación del 100% del tributo sobre el patrimonio.

“Desde el PP defendemos eliminar el impuesto de patrimonio, no porque los ricos no paguen, sino porque no queremos que los patrimonios se vayan fuera de España. El fin que persigue el Gobierno es atacar a las comunidades autónomas que han suprimido total o parcialmente el impuesto de patrimonio, que casualmente son las del PP. Si siguen con esto adelante van a originar caídas de recaudación y de PIB”, reprochó la portavoz del partido conservador. “El PP va contra la mayoría, sus posiciones son de interés partidario. Ustedes estaban esperando que este fuera el otoño de la recesión. Hasta el Banco de España ha dicho que no lo será. Y miren, pues sí, queremos armonizar la fiscalidad de las grandes fortunas respetando escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas”, le replicó su homólogo del PSOE.