El Gobierno acelera la aprobación de los impuestos a las energéticas y la banca

La aprobación de los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas y a los bancos es la prioridad para el Gobierno en el comienzo del curso parlamentario. La propuesta será el asunto principal del primer pleno del Congreso tras el verano, convocado para el próximo martes, y se prevé una tramitación rápida.

La iniciativa se registró a finales de julio como una proposición de ley conjunta de PSOE y Unidas Podemos, lo que permite acelerar su aprobación. Si fuese un proyecto acordado por el Consejo de Ministros, tendría que esperar a los informes previos de los órganos consultivos, cuya opinión no es vinculante, pero que el Ejecutivo está obligado a escuchar previamente cuando se trata de un proyecto suyo y no de los grupos políticos.

La propuesta llega a debate en un momento en que el presidente, Pedro Sánchez, ha incrementado sus críticas a la actitud de las compañías energéticas, como se pudo ver el pasado martes en su debate en el Senado con Alberto Núñez Feijóo, a quien llegó a acusar de deber su liderazgo en el PP al respaldo de las grandes corporaciones. Los populares critican la medida sin anunciar cuál será su postura en la votación. Tampoco lo ha precisado el PNV, que ha dicho que comparte “el fondo, pero no la forma”. El grupo que mantiene una mayor beligerancia contra la iniciativa es Ciudadanos, que incluso ha denunciado la actuación del Gobierno ante el Banco Central Europeo (BCE).

En cualquier caso, la izquierda suma mayoría en la Cámara —178 diputados entre PSOE, UP, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, CUP, BNG y una disidente de Podemos en el Grupo Mixto—, lo que apunta a que la propuesta no debería de tener excesivos problemas para que el Congreso acepte su tramitación. El Ejecutivo espera dejar listos la semana que viene otros dos proyectos de ley —reformas de las normas sobre el juego y sobre el sector ferroviario—, aprobar otro más que ha sufrido modificaciones en el Senado -el de creación de empresas- y comenzar la tramitación del de Cooperación para el Desarrollo.

El comienzo del curso en el Congreso llega tras el cargado aperitivo del duelo entre Sánchez y Feijóo en el Senado, que no ha dejado muy satisfechos a los aliados del Gobierno. Además de verlo como un puro choque bipartidista, el ambiente de confrontación total y la dureza de Sánchez con Feijóo han suscitado recelos entre la base parlamentaria del Ejecutivo. Incluso dentro del socio minoritario del PSOE, como puso de manifiesto la reflexión de la diputada de En Comú, la confluencia catalana de Unidas Podemos, Aina Vidal: “Debemos ser conscientes de que si nos metemos en el barro, nos arrastra. La ciudadanía está cansada de que nos insultemos entre nosotros. La política tiene que ser más que el zasca”.

El tono más izquierdista que ha adquirido el Gobierno desde julio ha limado asperezas entre el PSOE y Unidas Podemos. Y el socio minoritario insiste en persistir en esa línea para, en palabras de su portavoz, Pablo Echenique, “demostrar al electorado progresista que estamos a la altura y dar así la vuelta a las encuestas”. En esa línea, UP reclama que se desatasquen la ley que regulará los precios de los alquileres de pisos y la reforma de la ley mordaza, y que se prioricen la llamada ley trans y la del aborto.

La vuelta de las vacaciones ha traído una polémica a cuenta del anuncio de un concurso para reponer los teléfonos móviles de los diputados con un presupuesto inicial de un millón de euros. Ciudadanos ha salido en tromba contra lo que su portavoz, Edmundo Bal, considera una “sinvergonzonería” dada la situación del país. Y denuncia que se pretende comprar los modelos más caros. En un tono mucho más moderado, Echenique también mostró desagrado con el anuncio y dijo que su grupo pedirá que se adquieran dispositivos menos costosos. PSOE, PP e incluso Vox no ven motivo de escándalo y señalan que la iniciativa ha partido de los propios servicios técnicos de la Cámara y no de los grupos políticos.