El Gobierno aprueba un techo de gasto récord y asegura que hay margen para prorrogar algunas medidas anticrisis

El Gobierno ha puesto las bases para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, los primeros de la nueva legislatura: este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde al techo de gasto para 2024, una cifra récord que alcanza los 199.120 millones de euros, incluidos los fondos comunitarios, y que supone un 0,5% más con respecto al año anterior. Sin el maná europeo el incremento es del 9,3% (189.215 millones). “El techo de gasto es prudente, y el Gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario”, ha asegurado la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El límite de gasto determinado por el Gobierno resulta ser más optimista del que se podía esperar ante un escenario complicado, con la vuelta de las reglas fiscales europeas en el horizonte y una actividad que se frena y pierde dinamismo tanto dentro de las fronteras nacionales como fuera de ellas. De hecho, las últimas previsiones del Ejecutivo que acompañan el Plan Presupuestario, enviado en octubre a Bruselas, estiman un crecimiento de la economía española más débil para el año que viene, del 2%, lo que implica un recorte de cuatro décimas con respecto a los pronósticos anteriores —aunque mejore del 2,1% al 2,4% las estimaciones de este año—.

La fijación del techo de gasto ha ido de la mano de la aprobación de los objetivos de déficit y deuda pública para los tres siguientes ejercicios, otro trámite sine qua non para avanzar en el diseño de los Presupuestos, que el Gobierno confía en tener listos para el primer trimestre del próximo año. La senda de corrección del desfase fiscal sitúa el agujero de las cuentas públicas a partir del año que viene por debajo del umbral máximo del 3% del PIB que fijan las reglas fiscales europeas —3% en 2024 y, a continuación, 2,7% en 2025 y un 2,5% en 2026—. Esta senda de consolidación fiscal, como definen los académicos la senda de reducción del déficit y la deuda, deberá pasar por el escrutinio del Congreso y del Senado, con el riesgo de que el PP bloquee su aprobación en la cámara alta gracias a la mayoría de la que dispone, una amenaza que el Ejecutivo ya ha afirmado que podrá esquivar, pero perjudicando a comunidades y Ayuntamientos.

Montero ya explicó el lunes que, si los objetivos de estabilidad reciben por dos veces un portazo en el Parlamento, se aplicarán las metas fiscales contempladas en el Plan de Estabilidad enviado en abril a la Comisión Europea, que son más severas para las comunidades y los ayuntamientos. “Es decir, el Partido Popular se estaría tirando piedras sobre su propio tejado”, señaló tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne el ministerio y los consejeros regionales de la rama para debatir asuntos de índole fiscal y financiera, y en el cual la ministra comunicó la senda de estabilidad autonómica para el próximo ejercicio.

La vicepresidenta también trasladó que el Gobierno cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que blinda el camino hacia la aprobación de los Presupuestos. El documento dispone que, si las cámaras legislativas no aprueban por dos veces los objetivos de estabilidad que se someten a su consideración, según la ley de Estabilidad “los que entran en vigor son los que se escribieron, se comprometieron con Europa en el Plan de Estabilidad”, especificó. “El diferencial está en que los Ayuntamientos estarían en superávit, y las comunidades autónomas en equilibrio presupuestario”, dijo el lunes y reiteró este martes.

Las comunidades autónomas dispondrán de más de margen de gasto el año que viene con respecto a la senda contemplada en el Plan de Estabilidad: un objetivo de déficit del 0,1% del PIB frente al 0% contemplado con anterioridad. También los Ayuntamientos tendrán más flexibilidad: ahora se les exige equilibrio presupuestario, en lugar de superávit. En los dos casos, los mayores desajustes que se les permiten los asumirá el Estado. Ambos subsectores, además, contarán el año que viene con recursos récord procedentes del sistema de financiación y han diseñado sus cuentas con los nuevos objetivos, ha recordado este martes Montero. En cuanto a la deuda del conjunto de Administraciones, el objetivo es que baje del 105% del PIB para 2026. El año que viene se prevé que baje al 106,3%, se reduzca al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026.

“Estos objetivos de estabilidad son buenos para las comunidades autónomas, no tendría ningún sentido… Confío en el sentido común del PP”, ha remarcado Montero este martes. Aun así, los consejeros de las 14 comunidades y ciudades autónomas gobernadas o cogobernadas por el PP votaron en contra de los objetivos de senda de déficit y techo de gasto en el CPFF. Fuentes gubernamentales señalan que lo hicieron “por consigna de Génova pese a la contrariedad e incomodidad de algunos consejeros”.

“El PP tiene muchas tentaciones, demasiadas, y la tentación más importante es no hacer su papel de oposición y utilizar cualquier elemento para la confrontación política estéril, que no sirve más que para plantear ruido y para montar bronca. No sirve para nada. Es más, ayer los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP votaron en contra de un objetivo de estabilidad con el que han elaborado sus Presupuestos. ¿Y esa incoherencia? Es decir, no les importa renegar de su propia elaboración presupuestaria con tal de decirle no al Gobierno de España”, ha criticado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda. “Lo que se esconde detrás de ese posicionamiento político son dos cosas: el PP sigue sin aceptar los resultados del 23-J, sigue sin darle legitimidad al Gobierno, y juega permanentemente a poner chinas en vez de a intentar influir en la oposición como hace cualquier partido político. Intentan boicotear la acción del Gobierno, la única política que practican es la de la confrontación con el susurro permanente de la ultraderecha que condiciona al PP”, ha apostillado la titular de Hacienda.

Margen para ayudas

El techo de gasto, que se conoce en jerga técnica como límite de gasto no financiero, es una cifra máxima autoimpuesta por el Gobierno para que los desembolsos del sector público no se disparen y pongan en peligro la estabilidad presupuestaria. Su fijación es un imprescindible para tramitar los Presupuestos y su importe no ha hecho que subir desde la pandemia, gracias al empujón contable de los fondos europeos. Este año, sin embargo, el peso de los recursos del Plan de Recuperación será mucho menor. Si en 2023 supusieron más de 25.000 millones de euros, el próximo ejercicio serán 9.905 millones. De ahí que el mayor incremento en el techo de gasto, del 9,3%, se registre sin tener en cuenta las ayudas de Bruselas.

Este repunte, ha defendido Montero, está en línea con las recomendaciones de Europa, que ya ha dado con respecto al gasto un toque de atención a España, uno de los países con la deuda más abultada del entorno y un déficit que se ha disparado con la pandemia. “El techo de gasto está en línea con el Plan Presupuestario que ha recibido el visto bueno de Bruselas”, ha afirmado la ministra.

Las recomendaciones europeas a España pasan por contener el déficit y frenar los desembolsos. En concreto, los gastos financiados nacionalmente no tendrían que aumentar por encima del 2,6%, un objetivo que se antoja complicado de lograr si se mantiene en su totalidad el escudo social desplegado para mitigar el golpe económico de la guerra en Ucrania. La mayoría de las ayudas decaerán el 31 de diciembre —el presidente Sánchez adelantó que solo algunas, como la rebaja al IVA alimentario, se prorrogarán—. Montero no ha aclarado si y qué medidas seguirán en vigor, ni cuánto margen tiene el Gobierno para mantenerlas. El conjunto del paquete supone una factura de cerca de un punto del PIB, lo que implicaría rebasar con creces la meta presupuestaria fijada para el próximo año.

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