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Bruselas concede al Gobierno algo de margen para los Presupuestos de 2024

La Comisión Europea calcula que el gasto podría subir en 3.000 millones más de lo que proyecta el Ejecutivo

Las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, a su llegada a una rueda de prensa en La Moncloa el 16 de febrero.
Las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, a su llegada a una rueda de prensa en La Moncloa el 16 de febrero.Ricardo Rubio (Europa Press)

Bruselas lanzó la semana pasada una advertencia a España sobre sus elevados niveles de déficit y deuda pública. Pero mientras con una mano daba un toque de atención reclamando un plan de consolidación fiscal a medio plazo, con la otra al mismo tiempo brindaba un poco de margen al Gobierno español para la confección de los Presupuestos del año que viene. Los cálculos de la Comisión Europea permiten que el gasto público de las próximas cuentas todavía pueda crecer hasta en 3.000 millones respecto a la proyección que el Ejecutivo español envió a mediados de octubre a la Unión Europea. Este era un presupuesto que se remitió sin cambios en las políticas y que recogía ya las subidas de pensiones y salarios de funcionarios. Sin embargo, estas cuentas tenían implícito un fuerte ajuste: suprimían todas las ayudas contra la inflación, valoradas en cerca de 15.000 millones de euros y cuyo fin estaba previsto para el 31 de diciembre.

De modo que, según explican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo tendría algo de espacio para mantener alguna medida del escudo social orquestado contra la inflación y la crisis energética. Incluso cabría la posibilidad de elevar levemente el techo de gasto previsto para adoptar alguna iniciativa nueva, señalan estas fuentes. “Aun así, no dará para muchas alegrías”, explica una de ellas. Pero sí que permitirá enviar un poco más de gasto a Bruselas sabiendo que incluso así se seguirá cumpliendo con la disciplina fiscal exigida por Europa.

De hecho, el presidente Pedro Sánchez ya anunció la prórroga hasta junio de la rebaja del IVA de los alimentos básicos, con un coste estimado en unos 600 millones. Adelantó que el transporte público será gratuito para jóvenes y parados. Y además el Ejecutivo está analizando el comportamiento de los precios energéticos para valorar la retirada de las medidas en este ámbito. Aunque Bruselas ha conminado a España a retirar por completo este paquete de ayudas, sí que permite que puedan mantenerse algunas siempre que sea necesario y que estén focalizadas en colectivos vulnerables.

No obstante, este nuevo margen tiene un inconveniente: se debe a que la Comisión Europea calcula que el gasto de 2024 será unos 3.000 millones menor que el que prevé el Gobierno. Si se cumplen las proyecciones de desembolsos del Ejecutivo o de la Autoridad Fiscal, entonces no habría ningún espacio fiscal. Pero esta situación solo se conocería una vez pasado el ejercicio, en abril de 2025, con otra Comisión Europea y ya bajo las nuevas reglas fiscales. En todo caso, países como Francia o Italia han presentado a Bruselas unas cuentas con una ambición mucho menor para reducir sus desequilibrios fiscales y es muy probable que el foco se centre entonces en ellos.

El límite al gasto

La Unión Europea básicamente ha establecido tres recomendaciones para las cuentas públicas españolas: mantener la inversión productiva, reducir sustancialmente el déficit público y un límite máximo a lo que puede aumentar el gasto. Esta última es la única regla numérica a la que se han sometido las cuentas públicas y es la que de verdad pone un freno a la acción de los Presupuestos: en 2024 los gastos financiados nacionalmente solo deberían crecer un 2,6%, una vez restados los intereses, las medidas de ingresos y el efecto del ciclo en el gasto del desempleo. Con una inflación prevista en el entorno del 4%, este objetivo es una verdadera camisa de fuerza para las cuentas públicas. Solo las pensiones, que suponen un tercio del presupuesto del conjunto de las Administraciones, ya se elevarán alrededor del 3,8%. Y los sueldos de los empleados públicos, que representan casi otro tercio, pueden llegar a subir un 2% más otro 0,5%, al que hay que añadir, aunque también hay muchas jubilaciones, la incorporación que se espera de nuevos funcionarios por todas las convocatorias lanzadas de plazas públicas. Esto significa que el resto de las partidas, también afectadas por la inflación, tienen poco espacio para incrementarse salvo aquellas dotadas con fondos europeos. Sin embargo, la Comisión ha calculado que el gasto que mide con esta regla solo engordará un 2,1%, y brinda así ese margen de 3.000 millones.

Según la Autoridad Fiscal, solo se podría cumplir con ese límite que Europa ha impuesto al gasto retirando todas las medidas contra la inflación. Este organismo estimaba que, gracias a la eliminación de todo el paquete, el presupuesto enviado a Bruselas sin cambios en las políticas cumplía de forma muy justa. Además, la institución recordaba que era necesario que las comunidades autónomas no agotasen todo el margen presupuestario que les ha brindado el Gobierno para el año que viene.

El equilibrio será, por tanto, muy difícil. Porque cuanto más se apure ese nuevo margen dispuesto de gasto, más riesgo hay de que se incumpla el objetivo fijado de déficit, situado en el 3% del PIB al término de 2024, unos 45.000 millones de euros. Sea cual sea la cifra con la que se cierra el déficit el año que viene, es muy importante que esta baje de forma considerable. Por un lado, las nuevas reglas fiscales que se están negociando exigirán que haya, al menos, un 0,5% del PIB en medidas de ajuste por año para los Estados con desfases en las finanzas públicas. Pero es todavía más prioritario seguir brindando la señal a los mercados de que se están reconduciendo las cuentas en un contexto en el que hay un importante endurecimiento de las condiciones financieras. Y todo ello en un momento en el que el Ejecutivo necesita negociar los apoyos parlamentarios a los Presupuestos. En estas circunstancias, el margen económico para lograr respaldos debería ser bastante estrecho.

Problema aplazado

En cualquier caso, la actual Comisión Europea, que en estos años se ha caracterizado por la mano abierta con el gasto público, dejará el problema para el siguiente Ejecutivo comunitario que se forme tras las elecciones europeas de junio. Será este el que tenga que dilucidar cómo gestiona esta situación siguiendo el libreto de las nuevas reglas fiscales. Si el déficit de 2023 acaba en el 4,1% del PIB como prevén la Comisión y la Autoridad Fiscal, en lugar del 3,9% que espera el Gobierno, en ese supuesto empeoraría además el punto de partida de unos Presupuestos que también tendrán que dar cabida a compromisos como los de Defensa y vivienda pública.

Fuentes de Hacienda aseguran que se está presupuestando de una forma prudente. En una entrevista concedida a EL PAÍS, la vicepresidenta cuarta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó sobre las cuentas de 2024: “Tienen vocación de tener un mayor volumen de ingresos, y han de absorber todas las reducciones fiscales a las que estamos obligados a lo largo de los próximos años, pero todavía tienen margen para abordar nuevas estrategias, nuevas inversiones, también a través de una política sustitutiva del gasto”.

Y añadía que en la orden de elaboración de los Presupuestos se habían dado dos indicaciones singulares: “Una es que no demos por inerciales todas las partidas presupuestarias, sino que realmente evaluemos el impacto político, social u económico que tienen y las repensemos, aunque sea para mantenerlas como están”.

La otra directriz consiste en una perspectiva plurianual: “Que el Ministerio de Hacienda sepa para los próximos tres años qué proyectos e inversiones van a consumir un volumen importante de recursos, sobre todo para que las comunidades autónomas tengan una cierta estabilidad y que los trabajadores que están en ese entorno tengan un recorrido que no sea solo el del año presupuestario. Eso hace que muchas veces los proyectos no terminen de consolidarse y provoca precariedad en la contratación de los trabajadores sujetos al mismo”, señalaba Montero.

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Antonio Maqueda
Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.
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