María Jesús Montero: “La amnistía nos va a permitir mejorar el escudo social con leyes progresistas”

Lugares comunes del pesimismo clásico: vivimos en una policrisis, con dos guerras en el vecindario y una marea ultra en Occidente. Vamos camino de una desaceleración —ya veremos cuán profunda— después de dos recesiones de aúpa en los últimos 15 años. España crece y crea empleo, pero tiene un talón de Aquiles en la competitividad, y en el otro pie una tendinitis aguda con una posición fiscal muy mejorable que tarde o temprano dará problemas, porque el viento ha cambiado. María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta, ministra de Hacienda y alto cargo del PSOE (Sevilla, 57 años), maneja ese género arrítmico que es la economía con un mensaje moderadamente optimista: no ve dificultades insalvables en el horizonte. Ni tampoco por el flanco de la acusada inestabilidad política, con una polémica ley de amnistía en el horno y una legislatura endiabladamente compleja por delante. Sostiene Montero que la amnistía ha permitido barrarle el paso a los ultras. Sostiene Montero que va a permitir aprobar unos Presupuestos que mejorarán el escudo social. Sostiene, en fin, la vicepresidenta que a pesar de la querencia de la política a odiar con el hígado, España esquivó una bala el 23-J, y ahora le toca desmentir uno por uno los lugares comunes del pesimismo clásico con los que arranca el primer párrafo de esta entrevista.

Pregunta. Bruselas, el FMI, el BCE: todos los organismos internacionales reclaman disciplina fiscal. Con un acuerdo de coalición que incluye numerosos compromisos de gasto y una mayoría parlamentaria que va a requerir contentar a varios socios, ¿qué Presupuestos veremos en 2024?

Respuesta. Europa reconoce los esfuerzos que ha hecho España. Bruselas acaba de avalar el plan presupuestario español, y a la vez ha rechazado el de Alemania y ve problemas en Holanda, países habitualmente ortodoxos. Las nuevas reglas fiscales deberían incentivar fiscalmente inversiones tecnológicas o verdes para apuntalar la autonomía estratégica de la UE. Con esos mimbres, estamos en condiciones de formular un Presupuesto que nos permita seguir avanzando en las políticas de progreso. Es verdad que el margen fiscal es bastante menor de lo que veníamos teniendo en condiciones extraordinarias, por la pandemia o la guerra en Ucrania, pero podemos cumplir con el listón del déficit del 3%, bajando desde el 3,9% del PIB: hemos hecho mayores esfuerzos en años anteriores.

P. Sí: con un crecimiento robusto de los ingresos y de la economía. Pero ahora se avecina una desaceleración. España presenta buenos datos de crecimiento, pero está peor equipada desde el punto de vista fiscal. Y viene un arreón fiscal.

R. Es verdad que la economía va a ir frenando progresivamente, pero el Presupuesto puede compatibilizar el esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas con los planes del Ejecutivo.

P. ¿Cuál va a ser la orientación de la política fiscal en la próxima legislatura?

R. Si queremos Estados del bienestar que protejan y que las democracias proporcionen seguridad, debemos tener capacidad para impulsar políticas públicas a través de la inversión. Hay margen fiscal para ello. En Europa y en España: la evolución del mercado de trabajo español es un indicio de estabilidad en los ingresos para activar esas políticas.

P. ¿Eso se traducirá en un Presupuesto moderadamente expansivo o el viraje de Bruselas y el BCE impiden esa política económica?

R. Todavía tenemos cierto margen de actuación. El Presupuesto tiene vocación de mantener el volumen de ingresos, aunque hay que absorber parte de las reducciones fiscales que nos vimos obligados a introducir ante las circunstancias extraordinarias de la pandemia y la guerra en Ucrania. Es urgente evaluar el impacto político, social y económico de las medidas que aprobamos en su día. Y elaborar las cuentas desde una perspectiva plurianual, especialmente en el capítulo inversor, para dar garantías de estabilidad a empresas y trabajadores.

P. Pero el viento ha cambiado en Bruselas: la Comisión va a ser menos laxa con la política fiscal. Los analistas apuntan a ajustes de al menos unos 10.000 millones en 2024.

R. Nuestro objetivo declarado es llevar el déficit al 3% del PIB para el año que viene. Hay que cumplir con ese compromiso y eso exige ajustes en el Estado y en las comunidades autónomas. Pero seguimos creciendo, el nivel de ingresos ha mejorado y también disponemos del Plan de Recuperación europeo. Puede que no tengamos el margen de años anteriores para ser más expansivos, pero seguimos teniendo cierta capacidad para impulsar el crecimiento y a la vez acometer la consolidación fiscal.

P. ¿Van a eliminar las ayudas a final de año? Teniendo en cuenta las facilidades a las empresas en toda Europa, ¿un Gobierno progresista no está obligado a hacer un esfuerzo por ese flanco?

R. Dependerá de cómo se comporte la inflación en el primer semestre de 2024. Lo que ha trasladado Bruselas es que hay que ir desactivando las medidas extraordinarias que se pusieron en marcha por la guerra de Ucrania. Hay un compromiso para mantener el transporte público gratuito, que al final contribuye a conseguir los objetivos climáticos. Y estamos evaluando otras medidas, tanto las relacionadas con el transporte por ferrocarril como las rebajas fiscales. Se prorroga el IVA de los alimentos hasta junio. Y me temo que el resto dependerá de factores como qué sucede con la excepción ibérica o cómo se van a comportar los precios de la energía. Si se mantienen medidas, eso iría en detrimento de otras partidas de gasto.

P. Las noticias económicas van a ser más negativas desde ahora. Los tipos de interés empiezan a hacer daño. ¿Cómo se gestiona ese escenario nuboso con un equipo económico con una estabilidad precaria y pendiente de la salida de Calviño?

R. Con el liderazgo de Calviño, venimos de cinco años de gran cohesión en el área económica. La presidencia del Banco Europeo de Inversiones sería una excelente noticia; nos jugamos 20.000 millones en fondos europeos a través del BEI. Si al final Calviño se va, el presidente Sánchez tendrá que cubrir un hueco muy importante.

P. ¿Aspira usted a sustituir a Calviño?

R. Mi aportación ha venido por el lado de Hacienda: Nadia Calviño tiene otras características. Creo que habría que incorporar a alguien al equipo.

P. ¿El próximo ministro de Economía debe ser vicepresidente? ¿Qué perfil debe tener?

R. Creo que lo relevante es encontrar un perfil que tenga credenciales e interlocución con Bruselas, con garantías para sustituir a Nadia Calviño sin que se resienta nuestra credibilidad en las instituciones.

P. Da la impresión de que usted va a ser la vicepresidenta del área y Escrivá va a tener la interlocución con Bruselas.

R. Esa es su impresión. Escrivá ha sido un ministro estupendo. Ha hecho un trabajo enorme en Seguridad Social. Ha sacado adelante una reforma de pensiones complicadísima. Combina un profundo conocimiento de Europa con el de la Administración pública española. Creo que aporta muchísimo al equipo económico, también ahora desde Transformación Digital: es un peso pesado del equipo económico. Ya se verá.

P. La incertidumbre respecto al equipo económico convive con otras incógnitas relacionadas con el nuevo Gobierno y la legislatura que se avecina. En particular con los efectos de la amnistía: si realmente esa medida va a pacificar definitivamente Cataluña o si puede inflamar otros espacios. ¿No ve un claro déficit de explicación por parte del Gobierno?

R. A veces los tiempos de la comunicación política no se compadecen con los de la negociación política. Mucho más en un asunto como este, donde algunos grupos políticos tenían que virar su posición previa 180 grados, algo que obliga a una formidable digestión interna antes de ponerse a comunicar. Hemos llegado a un acuerdo con Junts, que en la legislatura pasada no apoyó, creo recordar, ni una sola ley. Y ahora tiene que transitar por el camino que antes recorrió Esquerra: el de la negociación política, el del diálogo, el de la gestión, y además el de un reencuentro, una reconciliación para que la ruptura sea agua pasada. Ese es un movimiento difícil y complejo. Que requiere tiempo, que requiere de una cierta contención.

P. Y que en un momento dado requiere también una cierta explicación que no ha llegado, o solo parcialmente. Además de vicepresidenta y ministra de Hacienda usted es un alto cargo socialista. ¿Detecta malestar en una parte del PSOE por la amnistía?

R. Yo creo que hay una gran confianza en que el presidente sabe cómo se tiene que conducir. El resultado de la consulta del PSOE pone de manifiesto hasta qué punto la militancia socialista es capaz de superar ese debate.

P. ¿No pide la militancia más explicación?

R. Sin duda. Durante la negociación era imprescindible cierta discreción. Ahora llega el turno de explicar, de contar. Consideramos que la amnistía es un instrumento para reconstruir los puentes que se derribaron en la legislatura de Rajoy. Los indultos fueron un intento de restablecer esos puentes. La amnistía va en esa dirección. Es una oportunidad: nadie puede asegurar que vaya a ser un éxito definitivo, eso ya se verá, pero es un intento de restañar heridas, de cerrar cicatrices. Entendemos que haya gente que no la vea. Entendemos que haya gente a la que le parezca que quienes hicieron un quebranto tan importante del orden constitucional no deben beneficiarse de la amnistía. ¿Pero cuál es entonces la alternativa?

P. ¿Cuál es?

R. Se produjo una fractura que ojalá que nunca se hubiera producido. Que fue gravísima por la inacción de unos y por la acción de otros. En ese momento el PSOE estuvo del lado del Gobierno para activar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia de España, para restablecer el orden constitucional. Podemos quedarnos ahí, en una situación de polarización extrema, con el centroderecha pactando en algunos territorios con la ultraderecha. O podemos concluir que el 23-J España votó otra cosa y optar la convivencia y el diálogo.

P. ¿Sugiere que la amnistía es en definitiva lo que ha permitido que los ultras no alcancen el Gobierno, como está sucediendo en otros países?

R. Indirectamente, sí. El desapego hacia las instituciones es un caldo de cultivo espléndido para los autoritarismos. Estamos preocupados con lo que está ocurriendo a nivel internacional, con lo que acaba de ocurrir en Argentina, en los Países Bajos. La ultraderecha está llegando a países que no podíamos ni imaginar. Y estamos preocupados porque el Partido Popular, no la ultraderecha de Abascal sino el centroderecha de Feijóo, alimenta un monstruo que luego va a ser muy difícil de controlar: llevamos tres semanas de asedio a la sede del PSOE; es normal que el presidente Sánchez subraye en sus discursos el contraste entre las visiones liberales y reaccionarias.

P. ¿No cree que deberían haber llevado la amnistía en el programa electoral? Les cuestionan porque dicen que es un simple intercambio de votos para lograr la investidura. Y hay críticas que subrayan que para pacificar Cataluña están soliviantando a otras partes de España.

R. No llevábamos la ley de amnistía en el programa electoral, igual que la legislatura pasada no llevábamos los indultos y también los aprobamos, y aun así ahora podemos gobernar. La política consiste en leer en cada momento el país, el estado de ánimo de los ciudadanos. Y el 23-J deja dos mensajes. Uno: que los ciudadanos, a pesar de lo que decían las encuestas, no querían un Gobierno de derechas. Eso nos lleva a articular un Gobierno que deje fuera de las instituciones a la derecha y la ultraderecha. Y dos: si los ciudadanos hubieran querido que el Partido Socialista gobernara en solitario nos habrían dado más apoyo. No fue así. Las urnas nos dejan una España diversa, plural, que nos obliga a tener una visión del Estado de las autonomías como obliga a los nacionalistas a tener una idea de España si queremos entendernos. Y eso es lo que estamos haciendo. No veo cómo puede llamarse a esto fraude electoral.

P. La amnistía dejó los votos necesarios para la investidura. ¿Qué legislatura espera? ¿Qué va a hacer con la amnistía el Gobierno?

R. Es radicalmente falso que la amnistía se hiciera para posibilitar la investidura. Va mucho más allá que una investidura. Vamos a una legislatura difícil, compleja: en lo relativo a la convivencia democrática, en los asuntos económicos, en muchos otros aspectos. Creo que la amnistía puede tener consecuencias positivas en el terreno del entendimiento y la convivencia, pero también en términos de crecimiento económico, con un mejor encaje de Cataluña en la economía española, con efectos sobre el clima inversor, sobre la estabilidad. La amnistía nos va a permitir tener unos Presupuestos, mejorar el escudo social con leyes progresistas. Acometer las grandes transformaciones a través del Plan de Recuperación. Y permitir que Cataluña vuelva a ser un pulmón para la economía española, un polo de tecnología e inversión. No comparto la idea de algunos de mis compañeros de que eso se hace a costa del crédito del Partido Socialista.

P. ¿Se refiere usted a García-Page, por ejemplo?

R. Estoy hablando de aprovechar las oportunidades para que a la economía española le vaya bien.

P. Más allá de la explicación de la amnistía, hay un eje con Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana gobernado por el PP y con una holgada mayoría en términos de votos ¿Cómo plantean afrontarlo?

R. Tiempo al tiempo. Para nosotros el 28 de mayo supuso una pérdida real de capacidad de gobierno. La lectura que hizo el presidente Sánchez de someter también al Gobierno de España al criterio de los electores se valorará con el tiempo: la osadía, la valentía y la inteligencia política detrás de esa decisión. Aún no tenemos distancia para calibrarlo. Esa es la política con mayúsculas. La que uno ante una situación adversa, pone las fichas en movimiento para convertirla en una oportunidad. Fue una decisión magistral.

P. Usted sabía que iba a tomar esa decisión de adelantar elecciones.

R. No, no. Pero después de esa situación, yo creo que los resultados del 23-J logran reconfortar al partido.

P. Serán los libros de historia los que valorarán en función de cómo el país digiera la amnistía.

R. Seguro. Pero por lo pronto lo que lo posibilitó fue un escenario de entendimiento que no pasara por meter a la ultraderecha dentro de las instituciones. Para los demócratas, para las personas que somos progresistas, que no esté la ultraderecha en las instituciones es clave.

P. Hace exactamente cuatro meses que se celebraron las elecciones del 23-J. Y ya miramos al futuro. ¿Serán las elecciones europeas, las del País Vasco, y las gallegas un plebiscito sobre la amnistía y un examen para el Gobierno?

R. Creo que no. Aunque el PP pretenderá no hablar de los problemas de los ciudadanos en los territorios. Van a hurtar a los ciudadanos que se pueda hablar de algo tan fundamental como que te atiendan cuando tienes un problema de salud, de la escuela pública de la dependencia o la vivienda. Ahora el PP no quiere hablar de la gestión y prefiere que se hable de amenazas, de que se rompe España, de que Pedro Sánchez es malísimo, de que el Partido Socialista no es demócrata, de que no somos constitucionalistas. A quién van a convencer con unos argumentos que venimos escuchando desde hace más de 40 años. Y no solamente España no se rompe, España ha estado más unida y fuerte cuando ha gobernado el Partido Socialista.

P. Firmaron un acuerdo con el PNV sobre el traspaso de competencias de la Seguridad Social. Usted dijo que eso ya se verá. ¿Puede ser que el PSOE esté firmando cosas que difícilmente puede cumplir?

R. Hemos firmado lo mismo que han firmado partidos anteriores con el PNV.

P. Pero nunca se ha cumplido.

R. ¿Cómo va a decir un Gobierno que no va a cumplir con el Estatuto de Gernika? En el acuerdo no se menciona a la Seguridad Social, aunque está ahí dentro de ese paquete.

P. Sin embargo se incumple.

R. Es difícil y complejo arbitrar un traspaso que respete los principios que el propio Estatuto traslada de unidad y solidaridad de la caja única de la Seguridad Social. Todavía no ha habido ninguna propuesta encima de la mesa que permita formular la cesión sin que lo otro se vea afectado.

P. Eso suena a que habría menos solidaridad con el cupo vasco.

R. Es que tiene que respetarse el principio de solidaridad. Lo dice el propio Estatuto de Gernika. Y cualquier sistema tiene que ser redistributivo, como el sistema de pensiones. Es un asunto difícil. Los diferentes gobiernos han hecho aproximaciones, pero aún no hemos dado con la tecla. Ojalá demos con ella, pero es difícil hacer algo en esta materia sin que rompa los principios que el propio Estatuto establece como intocable.

P. ¿Se garantiza entonces el principio de caja única de la Seguridad Social? En ese artículo del Estatuto de Gernika se regula la cesión de la gestión meramente económica, que es la ventanilla, pero también tiene parte de gestión normativa. ¿Eso es lo queda fuera?

R. Exacto. Yo diría que es difícil y tiene que ser operativo poner en marcha un mecanismo que permita mantener las dos cuestiones. Hay una voluntad por parte del Gobierno de España y del País Vasco de profundizar en esa competencia.

P. ¿Hasta dónde va a llegar el traspaso de competencias? Me refiero a que la Declaración de Granada sigue vigente ahí.

R. La Declaración de Granada sigue plenamente vigente. Nosotros tuvimos la capacidad de articular un proyecto político cuasi federal, que tiene los elementos nucleares de los derechos de los de los ciudadanos como la igualdad. Los países están compuestos por personas, no por una suma de fronteras. Son personas con nombres y apellidos y que en algunas partes del territorio tienen singularidades, sentimientos, historia que tiene que ser compatible con su idea de España. España será más fuerte si somos capaces de compatibilizar una España diversa y plural. No una España uniforme, una grande, única y libre como como vemos ahora en las proclamas de las protestas en la sede de Ferraz. En nuestra España tiene que caber todo el mundo respetando el orden constitucional.

P. Por qué no se puede permitir este país un acuerdo entre los dos grandes partidos, por ejemplo, en financiación autonómica. ¿Se puede permitir este país que los dos grandes partidos vayan permanentemente al choque?

R. No, no. Se lo digo claramente. Y la reforma de la financiación autonómica o está pactada entre los dos grandes partidos o no será. Pero es que el PP aquí no tiene una propuesta.

P. Pero la propuesta debería de salir del Gobierno.

R. Nosotros hemos puesto una propuesta encima de la mesa.

P. Pero incluso comunidades gobernadas por el PSOE tampoco la querían.

R. El debate de la financiación autonómica se sitúa en un marco en el que cada uno tiene que defender su posición de máximos. Y así no avanza. Lo digo con independencia de quien esté en la oposición de cada territorio y quien esté en el Gobierno, pero tenemos que trascender. La financiación autonómica no la votan los territorios, la votan los partidos en el Congreso. Los dos partidos políticos se tienen que sentar a hablar sin miedo.

P. Pero no parece realista hablar de un acuerdo entre los dos grandes partidos cuando ni siquiera logran pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

R. Me parece complejo, pero hay que intentarlo.

P. ¿Por qué en Europa es perfectamente posible un acuerdo entre la familia socialdemócrata y los populares y en España es imposible acordar incluso las grandes reformas por consenso? Van a poder aprobar según qué cosas por mayoría, pero parece muy difícil de conseguir. ¿No cree que hay que tender la mano al PP para algunas cuestiones? ¿Por qué el presidente en el discurso de investidura no tiende la mano al PP?

R. Es curioso lo que se produce en España. Cuando el Partido Socialista está en la oposición, llegamos a acuerdos con el Partido Popular en materia de lucha contra el terrorismo, apoyamos la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acordamos algunas leyes. El Partido Socialista sabe que su oposición tiene que ser constructiva, aún no compartiendo muchas de las cuestiones. Tengo un claro convencimiento después de toda mi experiencia política, de que el PP, cuando gobierna el PSOE, piensa que eso es un fracaso, un fraude electoral, que es ilegítimo. Son las lecturas que ha hecho el PP. Cuando Felipe González, Zapatero o Sánchez llegan al poder dicen que es por fraude, por ilegitimidad o por engaño a los ciudadanos. Esto no ha ocurrido nunca en una oposición de parte del Partido Socialista. Cabría preguntarse si es que tenemos una derecha en este país que todavía no ha asumido que el poder no le pertenece, probablemente porque es heredera de una dictadura. Todo se pone en cuestión para que no gobierne el PSOE. Ese es el problema. Hasta que el PP no asuma que esto es una democracia y que los ciudadanos deciden libremente, no va a haber posibilidades de tener grandes acuerdos que son muy importantes para este país. Tengo esperanza, nunca la pierdo.

P. La condonación de la deuda autonómica es un asunto que lleva sobre la mesa cinco o seis años. El exministro Montoro ya lo exploró, ustedes también a principio de la legislatura pasada. No cree que es clave delimitar qué es lo condonable: ha habido comunidades más rigurosas presupuestariamente que otras.

R. La asunción de la deuda por parte del Estado no puede de ninguna manera privilegiar a las que tuvieron mayor endeudamiento. Ese es un efecto perverso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Durante una etapa el modelo se enfrentó a una situación económica que produjo una disminución de ingresos, que obligó a que las comunidades recurrieran al endeudamiento. Y eso es lo que vamos a atajar. Ver en ese periodo de crisis económica, en el que todas se vieron obligadas a acudir al endeudamiento para poder mantener los servicios públicos, qué parte nosotros podemos asumir. Con un objetivo que es muy importante, que es que salgan a los mercados. Es muy importante que las comunidades autónomas sean mayores de edad en los mercados, porque eso les va a permitir enfrentar la disciplina fiscal. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) era un elemento de emergencia. De lo que se trata es de que salgan a los mercados y por tanto tengan autonomía.

P. Y recuperen la disciplina fiscal.

R. Y disciplina, sí. Si papá Estado te financia a través del FLA tu exceso de déficit es muy difícil que las comunidades autónomas vuelvan a las reglas fiscales.

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