El Gobierno garantiza que no se romperá el principio de caja única de la Seguridad Social

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró este viernes que el acuerdo con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez recoge el “traspaso efectivo” al País Vasco de todas las transferencias incluidas el Estatuto de Gernika que están aún pendientes. Entre estas materias está la eterna demanda nacionalista de recibir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pero la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, enfrió rápidamente estas expectativas al insistir en que “no se ha singularizado nada respecto a la Seguridad Social en el acuerdo que se ha alcanzado con el PNV”.

Sin embargo, aunque parezcan posturas encontradas o, al menos, contradictorias, ambos están en lo cierto. El acuerdo firmado entre los socialistas y los nacionalistas vascos no recoge literalmente el compromiso del futuro Gobierno a traspasar al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero sí a “efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos español y vasco en la legislatura anterior”. En este listado, reconocido por la propia Seguridad Social, estaba en 2020 dicho traspaso del régimen económico.

De hecho, Montero admitió también que este compromiso ha quedado recogido “exactamente con el mismo literal que figura en los acuerdos clásicos con el PNV: que, por supuesto, el Gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto de Gernika, que es una ley que obliga a todas las administraciones y entre ellas algunas competencias que todavía no se han podido desarrollar”, dijo la ministra de Hacienda en funciones. Si bien, precisó que, en cualquier caso, este traspaso no se encuentra entre los “singulares” que deberán hacerse en el plazo de tres meses sino en los que se deben cumplir en los próximos dos años.

La clave es, entonces, hasta dónde podrían llevar estas futuras negociaciones. En el Ministerio de Seguridad Social lo tienen claro: se abordará, pero lo que se acuerde, en el caso de que se llegara a algún consenso, “no rompería la caja única del sistema en ningún caso, porque está garantizada constitucionalmente”. Pero ¿qué es la caja única? En lo que se refiere a las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad temporal, viudedad, orfandad y favor de familiares) este principio indica que su encuadramiento jurídico será estatal y, por tanto, su regulación normativa también, solo el Gobierno español puede legislar en la materia; así como el reconocimiento de las prestaciones, su abono y financiación y la Inspección e imposición de sanciones estarán todas en manos del Estado.

Según esto, quedaría poco margen para una transferencia de la gestión económica del sistema, aunque fuentes conocedoras del proceso que se abrió de manera muy incipiente en 2020 apuntan a que el traspaso de la gestión del régimen económico se centraría fundamentalmente en el pago de las prestaciones. De hecho, en febrero de 2020, la hoy vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, negó en RTVE que esta transferencia del régimen económico de la Seguridad Social fuera a suponer una ruptura de la caja única, ya que, según explicó, consistiría “simplemente” en que la ventanilla de cobro de las pensiones “pasaría de la administración general del Estado a la administración vasca”. Para ello, la Seguridad Social debería, al menos, facilitar al País Vasco las identidades, cuantía de las pensiones y datos para el ingreso de la prestación de sus pensionistas.

Esta sería, por tanto, una interpretación posible de cara a futuras negociaciones, si bien el artículo 18 del Estatuto de Gernika parece que va algo más allá al atribuir al País Vasco “el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma”. Así, una vez dejada al margen la potestad legislativa en materia de Seguridad Social, quedaría determinar el alcance de lo que suponen los conceptos de “desarrollo legislativo” y “ejecución de la legislación básica”. Esto es, decidir si se podría limitar al pago de las prestaciones o debería afectar también a la recaudación. Fuentes cercanas al Gobierno niegan esta última posibilidad, ya que incluyen la potestad de ingresar las cotizaciones en el núcleo duro de lo que conforma la caja única y que, por tanto, es intransferible.

Pensiones deficitarias

El profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, quien también fue director de Ordenación de la Seguridad Social, advirtió este viernes de que esta transferencia puede tener un amplio margen de interpretación y si se traspasan los pagos, pero sobre todo la recaudación y el reconocimiento de las prestaciones, podría quebrar parte de la caja única del sistema. Es más, este economista llama la atención sobre el hecho de que el saldo de las pensiones contributivas del País Vasco, con datos cerrados de 2021, ofrece un déficit entre ingresos y gastos de 4.087 millones de euros, que actualmente se paga con transferencias y deuda del Estado, por lo que de producirse esta transferencia, dicha cantidad debería incluirse en el cálculo del cupo del sistema de financiación vasco.

Otras fuentes conocedoras de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de traspaso de competencias y caja única de la Seguridad Social dudan del encaje de transferir incluso solo el pago de las prestaciones. Aunque está el precedente de las pensiones no contributivas (asistenciales) —cuya competencia desde el inicio para su gestión y pago está en las comunidades autónomas; así como la gestión del ingreso mínimo vital, que ha sido ya transferido al País Vasco y Navarra y posiblemente lo será a Cataluña—, no hay precedentes de que esto pueda extenderse a las pensiones contributivas, explican estas fuentes.

A estas dudas se suman las quejas de las cúpulas sindicales de CC OO y UGT quienes se quejaron de que “la singular importancia de estas cuestiones” requiere que cualquier actuación en materia de Seguridad Social “debe ser abordada en el Pacto de Toledo y la concertación social, en lugar de en espacios bilaterales entre el Estado y una o más comunidades autónomas”. Y de la misma forma exigieron que los compromisos en materia de negociación colectiva incluidos en este acuerdo del PSOE y el PNV sean discutidos en el diálogo social.

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