La difícil transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco

El Gobierno español y el vasco están a poco más de un año de romper un tabú: estudiar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. El pacto al que llegaron ambos ejecutivos hace una semana no da más detalles. No hay más, vienen a decir en los ministerios de Administraciones Públicas y de Seguridad Social. La expresión es tan cauta que evidencia que se roza una frontera constitucional: la de la caja única. La ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, descarta la ruptura de esa caja y pone por delante el Pacto de Toledo, donde no será nada fácil lograr un consenso político.

La reivindicación del País Vasco es histórica. La gestión económica de la Seguridad Social figura en su estatuto —y en el de más de la mitad de autonomías— y ningún tribunal ha dicho en 41 años que sea ilegal. Pero no son pocas las voces que ven muy poco espacio para encajar la demanda en la Constitución. Unos solo ven hueco para que una administración autonómica pueda tramitar altas y bajas de la Seguridad Social, con el argumento de que el Tribunal Constitucional ha definido estos trámites como “instrumentales”. Otros creen que podría encargarse también del reconocimiento de las pensiones. Y hay quien ve margen hasta para cobrar cotizaciones y pagar pensiones.

Desde luego no podrían legislar. En eso la Constitución es clara: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. Es decir, solo la Administración central puede decidir sobre las cuantías de las pensiones o las cotizaciones a pagar.

“No pueden recaudar las cotizaciones y pagar las pensiones”, cierra Fidel Ferreras, director general del Instituto Nacional de Seguridad Social durante más de 10 años y ya retirado. Para defender su postura, este antiguo investigador del Instituto Max Planck alemán apunta a la “disponibilidad” del dinero como una cuestión clave de la caja única que señaló el Tribunal Constitucional en una sentencia muy citada de 1989. “La disponibilidad es de la Tesorería General de la Seguridad Social”, continúa, en alusión al órgano del instituto previsor que podría identificarse con esa caja única y que ingresa las cotizaciones, paga las pensiones y es dueño del patrimonio de la Seguridad Social.

Aquella sentencia, en la que 11 de los 12 magistrados del Alto Tribunal no tuvieron piedad con la pretensión de la Generalitat catalana de gestionar los aplazamientos de cotizaciones (hubo votos particulares, pero solo uno fue contrario al fallo) ha tenido continuidad en fallos posteriores. Aunque tampoco cerró la puerta a esa gestión económica, como se lee en la ponencia del nuevo estatuto que prepara el parlamento vasco.

“No se pueden generar 17 cajas. Pero eso no implica que no puedan recaudar y pagar. Pueden cobrar y mandarlo a la caja única”, defiende Cristóbal Molina, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Jaén, quien ve un “absurdo” que no se pueda cumplir un texto legal que no ha sido declarado inconstitucional. Y menciona sentencias posteriores (2002, 2016) que ampliarían el protagonismo autonómico: “Las comunidades forman parte del Estado y del sistema de gestión”.

Uno de los límites que pone Molina es que esa gestión puede dar pie a pensiones más altas por una regulación distinta. Eso rompería los principios del sistema (unidad y solidaridad). No obstante, sería difícil que ocurriera porque las cotizaciones que se recaudan en el País Vasco (algo más de 5.000 millones) —y en el resto de España— no son suficientes para pagar las pensiones (casi 9.000 millones). Este es uno de los motivos que llevaron al ya ex secretario de Estado, Octavio Granado, a concluir en un informe que elaboró en 2016 que una seguridad social vasca “podría aumentar la pobreza en el conjunto del Estado, pero esta misma evolución se produciría en Euskadi”.

“Aquí nadie está poniendo en duda la caja única”, apunta el secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza, que cree que fuera de esta comunidad se está “sobreactuando”. “Aquí no va a haber pensiones distintas de las de Cuenca”, continúa, y añade que su sindicato sí reivindica que el servicio vasco de empleo, Lanbide, pueda pagar las prestaciones por desempleo, que también proceden de lo que se recauda con cotizaciones. ¿Cómo? a través de una encomienda de gestión.

El Gobierno vasco no comenta lo pactado entre Darias y el consejero Josu Erkoreka hasta que se negocie el año que viene. Sí ha hablado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, para quien la gestión económica comprende la recaudación de cotizaciones y el pago de pensiones y que las cartas que reciben los pensionistas lleguen “de las instituciones vascas”.

“Nunca se ha dado una encomienda en más de 40 años”, rechaza Ferreras, quien incide en el poco espacio que ve: “Las sentencias del Constitucional no dan margen ni para que las autonomías interpreten las leyes que rigen la gestión. Está todo regulado, es propio de la Seguridad Social hasta las circulares con los criterios a aplicar”.

Esta posición coincide con la que mantiene Luis Ángel López, letrado de la Seguridad Social y presidente de la asociación que agrupa a este colectivo. “Esto debería debatirse en el Pacto de Toledo”, arranca. Teme que la gestión dé pie a criterios distintos en recaudación: “Cada autonomía defendería su sustrato productivo”.

Y mientras se esgrimen los argumentos, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, intentaba el jueves en el Congreso que este debate no oscurezca la presentación de sus planes: “Les invito a leer lo que se ha acordado. Abrir una discusión técnica. No estamos en eso ahora. No le estamos dedicando ningún esfuerzo en absoluto”.