La Seguridad Social necesitaría 3,78 millones de cotizantes más para no recurrir a la financiación estatal

El Gobierno actual ha apostado claramente por equilibrar el sistema público de pensiones —en números rojos desde 2011— recurriendo, por una parte, a las transferencias del Estado (casi 40.000 millones de euros serán costeados con dinero de impuestos para pagar gastos impropios de la Seguridad Social, pero también una parte del déficit); y, por otro lado, incrementando los ingresos con medidas de prolongación de la vida laboral. De esta manera, el Ejecutivo pretende que el déficit de las pensiones sea este año del 0,5% del PIB, frente al 1,6% que llegó en 2017.

Sin embargo, muchos economistas y expertos en pensiones sostienen que reducir de esta manera el déficit no muestra realmente la salud financiera de un sistema de reparto como el español, máxime en una situación de fuerte envejecimiento poblacional como la actual. Así lo explica el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, sobre las Dimensiones económicas de la longevidad, donde se asegura que “el dato más relevante para conocer la salud del sistema de pensiones de la Seguridad social (dejando fuera el subsistema de clases pasivas de los funcionarios) es el saldo contributivo”. Esto es, lo que se ingresa exclusivamente por cotizaciones sociales y lo que se gasta en pensiones contributivas.

Según este informe, el déficit del segmento exclusivamente contributivo del sistema de pensiones en 2022 habría sido del 1,98% del PIB (unos 26.300 millones frente a poco más de 7.000 contabilizados por la Seguridad Social). Este déficit contributivo puede leerse como la “deuda” por afiliado o por pensionista, indican los autores de este informe, o también se puede relacionar con la cantidad de afiliados adicionales que serían necesarios para equilibrar las cuentas del sistema, sin recurrir a las transferencias estatales. La respuesta a esta última pregunta es, según este trabajo, es que “en 2022, suponiendo que entraran con las mismas bases de cotización existentes, habrían hecho falta 3,78 millones de afiliados adicionales para conseguir el déficit contributivo cero”.

Si se tiene en cuenta que a finales del pasado año había poco más de tres millones de parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la conclusión es que este equilibrio exigiría, además de incorporar a todos los desempleados, buscar otros 750.000 activos entre las personas de edad de trabajar que estuvieran inactivos. Esto evidencia que la solución para alcanzar el déficit cero con aumento de afiliados es prácticamente imposible de conseguir.

Pero es que, además, el fuerte envejecimiento poblacional, que incluye una incorporación masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom, hace que los factores demográficos exijan en 2025 una incorporación aún mayor de afiliados, de más de seis millones de trabajadores, para lograr ese citado equilibrio contributivo.

Esto ocurrirá porque, según las propias proyecciones poblacionales del INE y de la Seguridad Social, citadas por este informe, el peso de las personas activas entre 16 y 64 años caerá desde el 65% actual hasta el 57% en 2050; al tiempo que la población mayor de 64 años aumentará desde el 20% de 2022 al 30% a mediados de siglo. Esto significará, entre otras cosas, que la ratio de afiliados por pensionista se reducirá a la mitad, pasando los 2,24 trabajadores que hoy financian la pensión de un jubilado a que sean solo 1,35 ocupados los que costeen la jubilación de una sola persona.

Con todo esto, los autores del informe aseguran que su intención “no es determinar el déficit contributivo futuro de la Seguridad Social, sino aislar el efecto que puede tener la evolución de la población sobre el sistema de pensiones, utilizando como variable relevante el número da filiados adicionales que tendrían que entrar en el sistema de pensiones”. Como conclusión añaden que si la situación de partida del sistema “es preocupante” aún lo son más las proyecciones a futuro, porque salvo en 2030, según sus cálculos, todos los años “se necesitarían un número adicional de afiliados que incluso sería superior al número de parados”.

Si bien, dicho todo esto, Seguridad Social rechaza de plano toda esta tesis porque sus responsables son contrarios a esta contabilidad exclusivamente contributiva, argumentando que ha sido el propio Pacto de Toledo el que ha estipulado que los gastos impropios se financien con impuestos.

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