Moody’s pide a España más ajustes en el sistema de pensiones para evitar un deterioro de su calificación crediticia

La agencia estadounidense de calificación Moody’s lanza un aviso a navegantes: si España no hace nuevos ajustes en materia de pensiones, el déficit del sistema empezará a ejercer presiones sobre el perfil crediticio del país desde finales de esta década. Esto dificultaría su financiación en los mercados al encarecer sus emisiones de deuda. Esta es la principal advertencia hecha este martes por la agencia de calificación estadounidense Moody’s, que ha llamado nuevamente la atención sobre “un previsible agravamiento de los desequilibrios presupuestarios de las cuentas públicas españolas como consecuencia de los crecientes déficit del sistema de pensiones; lo que ejercerá una presión negativa sobre la calificación de la deuda española (Baa1 estable) en los próximos años”.

Ante esta advertencia, los analistas de esta entidad sugieren “la adopción de nuevas medidas de ahorro para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones sería algo positivo desde el punto de vista crediticio”. En concreto, apuntan la conveniencia de llevar a cabo “reformas estructurales que aumenten la tasa de empleo o el PIB real potencial”. Calculan, por ejemplo, que si la economía española creciera más del 1,25% anual que recogen las proyecciones de Moody’s en el periodo 2023-2060, se ahorraría medio punto de déficit de la Seguridad Social en 2030; 1,4 puntos en 2040 y 2,3 puntos en 2050. Esto dejaría el déficit del sistema en el entorno del 2% en la década de 2040 “y podría reducirse aún más con medidas adicionales”, añaden.

La necesidad de tomar nuevas medidas en el terreno de las pensiones viene determinada, según Moody’s, porque el intenso envejecimiento de la población española —se pasará de los actuales nueve millones de pensionistas a 12 millones en 2040 y alcanzará un máximo de 14 millones en la década de 2050,— y la decisión política de revalorizar todas prestaciones con el IPC por ley, restarán eficacia a la última reforma del sistema liderada por el Ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

“El Gobierno español ha introducido recientemente medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, así como incentivos para que la gente retrase voluntariamente su jubilación, pero sus efectos se verán mermados por el aumento previsto del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población y a la decisión del Gobierno —avalada por la mayoría del arco parlamentario y los agentes sociales— de vincular el pago de las pensiones futuras a la inflación”, precisa el documento de Moody’s conocido este martes, donde sus analistas matizan, no obstante, que este análisis no supone el anuncio de ninguna decisión de recalificación para España. Además, según sus estimaciones, dichas medidas de la última reforma de pensiones hecha en dos fases (2021 y 2023) elevarán los ingresos en torno al 1% en su punto álgido, lo que evidencia la dificultad de abordar unos déficits del sistema que, según esta agencia pueden alcanzar el 4% del PIB a finales de la década de 2040.

El hecho de que la población española vaya a envejecer más rápido que la de los países de su entorno preocupa especialmente los analistas de esta agencia de calificación de deuda. Consideran que “es poco probable que la población en edad de trabajar, que en última instancia es la que financia el pago de las pensiones, siga el ritmo de avance del envejecimiento poblacional, ni siquiera si se mantienen las elevadas tasas actuales de inmigración neta”.

Según el último Ageing Report 2021 de la Comisión Europea, la tasa de dependencia de la tercera edad (porcentaje de mayores de 65 años sobre la población total) se duplicará en las próximas décadas hasta alcanzar el 65% en 2050, frente al 57% de la media prevista para la UE en ese año. Esto representa el mayor incremento de todos los países de la UE y solo Portugal, Grecia e Italia tendrán tasas superiores a la española en ese año. De esta forma, el ratio de personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años pasará en España del 3,1 de 2019 al 1,5 en 2050, lo que disparará el gasto en pensiones y dificultará enormemente su financiación.

En consecuencia, la principal alerta que hace Moody’s es que el déficit de la Seguridad Social española aumentará gradualmente hasta finales de la década de 2040. En 2030, en ausencia de nuevas medidas, este déficit se habrá incrementado en 0,9 puntos porcentuales hasta situarse en el 1,4% del PIB, desde el 0,5% previsto por el Gobierno para 2023 (sin tener en cuenta las pensiones de las clases pasivas). En la década siguiente, el déficit aumentará 1,8 puntos porcentuales más, hasta el 3,2% del PIB. “Y estimamos que el déficit de la Seguridad Social no empezará a reducirse de nuevo antes del final de la década de 2040, cuando alcanzará un máximo del 4% del PIB, superando incluso el déficit que esperamos para todos los niveles de las administraciones públicas (que prevé que sea del 3,2% del PIB en 2024)”, explican los economistas de la agencia estadounidense.

En Moody’s admiten que desde el Gobierno “hay voluntad de abordar las desviaciones del gasto” tal y como establece la última reforma de pensiones, cada tres años y en un proceso en el que participe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y según lo estipulado en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Si bien, acto seguido, los autores de este documento recuerdan que cualquier medida exigirá aprobación parlamentaria y esta no está garantizada, indican.

Impacto de las medidas tomadas

La agencia reconoce que la última reforma de pensiones elevará los ingresos de la Seguridad Social desde la actual cantidad equivalente al 13,1% del PIB hasta alrededor del 13,7% del PIB al final de la presente década (para luego volver a caer al 13% cuando termine la aplicación de las medidas temporales para aumentar la recaudación). Si bien, también en este punto, los analistas de Moody’s lanzan otra advertencia: los ingresos previstos podrían ser inferiores si las medidas adoptadas precisamente para elevarlos tuvieran “efectos económicos indeseables” como, por ejemplo, la posible pérdida de 100.000 empleos (debido a los distintos incrementos de cotizaciones sociales aprobados), según cálculos de fuentes no citadas en este informe.

Junto a esta posibilidad de que el sistema ingrese menos de lo previsto, desde esta agencia añaden que la eficacia de los incentivos aprobados para retrasar voluntariamente la edad de jubilación de los trabajadores en activo, como medida de ahorro, “podría ser limitada”. Y van más allá, al apuntar medidas que, directamente, en su opinión, “tendrán un impacto negativo en las cuentas”, como la revalorización con el IPC de las pensiones, al tiempo que el Gobierno abolió el factor de sostenibilidad aprobado en 2013, que vinculaba la cuantía de las futuras pensiones a la esperanza de vida.

Estas decisiones “tienen un coste” aseguran desde Moody’s, donde también resaltan que el sistema se someterá a otras tensiones como el efecto sustitución (las nuevas pensiones son ahora un 25% superiores a las que se dan de baja por las mejores carreras de cotización), que lleva años incrementando el gasto; o al aumento de las pensiones mínimas muy por encima de la inflación entre 2024 y 2027, para cerrar la brecha con el umbral de la pobreza y la subida, en menor medida, de las pensiones máximas, en este caso ligeramente por encima del IPC, para compensar las mayores aportaciones de las rentas altas.

Todo ello, y si no se adoptan medidas adicionales, elevará el gasto en pensiones en unos 3,4 puntos porcentuales hasta el 14,7% del PIB en 2040, lo que supone un aumento tres veces superior a la previsión media de la UE para el periodo 2019-2040, según las previsiones de la Comisión. Es más, estiman que si se tiene en cuenta todo el sistema de Seguridad Social y no solo las pensiones contributivas, el gasto total aumentará hasta el 15,1% del PIB en 2030 y hasta el 16,8% en 2040.

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