Las pensiones de los funcionarios elevan los números rojos de todo el sistema público en 14.000 millones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé que el sistema de pensiones cierre este año con un déficit del 0,5% del PIB (unos 7.200 millones de euros). Sin embargo, esta previsión se queda corta si se quiere mostrar una foto completa del conjunto de las pensiones públicas, por dos motivos: el primero es que esta proyección presupuestaria no incluye el saldo negativo (equivalente al 1% del PIB, alrededor de 14.000 millones de euros) de las pensiones de clases pasivas, que son las que cobran los funcionarios de carrera del Estado y la Justicia (civiles y militares), así como los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Y, en segundo lugar, ese medio punto de déficit que prevé el Gobierno se situaría más cerca del 0,9% (unos 12.600 millones) si no se contabilizan los casi 3.000 millones de ingresos de recaudación por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que no se podrán gastar en el pago de pensiones hasta 2032, ya que se deben depositar en el Fondo de Reserva. No obstante, en el Ministerio justifican la incorporación de lo recaudado por esta cotización adicional en sus ingresos presupuestarios de este año “porque es una operación que está plenamente permitida por la Intervención General del Estado”.

El saldo negativo de las pensiones de las llamadas clases pasivas, que ascenderá en 2023 a unos 14.000 millones de euros, se explica porque este sistema es “a extinguir”, insisten desde la Seguridad Social, y dejó de admitir afiliados en 2010. Desde el 1 de enero de 2011, todos los nuevos funcionarios y empleados públicos se adscriben al Régimen General de la Seguridad Social. Esto ha hecho que los ingresos por cotizaciones de los funcionarios que siguen adscritos a clases pasivas sean menores cada año que pasa, ya que el sistema cuenta cada vez con menos cotizantes (algo más de 600.000 actualmente).

Así, según el cálculo elaborado con datos oficiales por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Juan Carlos I Miguel Ángel García, los ingresos de las clases pasivas han pasado del 0,8% del PIB en 2010 al 0,5% en la actualidad. Mientras que el gasto en pensiones de estos funcionarios —incluido en el capítulo de remuneración de los empleados públicos— ha aumentado del 0,9% del PIB en 2010 al 1,5% en 2023. Esto supone que, de los más de 21.000 millones que cuestan estas prestaciones de jubilados, el sistema solo recauda unos 7.000 millones por las cuotas que pagan los funcionarios y las denominadas cotizaciones imputadas de la empresa (en este caso el Estado es el empleador).

Dicho esto, fuentes del departamento de José Luis Escrivá inciden en que el saldo negativo de las clases pasivas no forma parte en ningún caso del déficit de la Seguridad Social y remarcan que la financiación de la Seguridad Social está establecida en la recomendación primera del Pacto de Toledo. Sin embargo, también habría razones para incluir las cuentas de las pensiones de las clases pasivas en la evaluación de la salud financiera del sistema público de pensiones. En primer lugar, para dar una imagen completa del pago de todo tipo de prestaciones de jubilación, que es, además, como lo evalúa Bruselas.

Otro motivo para dar esta foto más amplia y general del sistema de pensiones es que la Seguridad Social sí recibe desde 2010 las cotizaciones de todos los nuevos funcionarios —han aportado en cotizaciones en torno a 5.000 millones de euros desde 2019—, aunque los pagos de las pensiones de este colectivo se imputen como gasto de personal y se abonen con impuestos y, por lo tanto, sea el Estado el que financia el déficit de las clases pasivas, como recuerdan en el Ministerio de Inclusión. Es más, dado que es un régimen a extinguir, el desequilibrio del sistema de clases pasivas aumentará durante los próximos años y sus afiliados estarán jubilándose hasta 2060. Además, en 2020, en plena pandemia, el Ministerio de José Luis Escrivá asumió la gestión del pago de casi 700.000 pensiones de clases pasivas.

Por todo esto, García defiende que “dado que las pensiones de clases pasivas también hay que pagarlas, utilizar solo la Seguridad Social para realizar la valoración del sistema público de pensiones no refleja de forma completa su realidad”. En opinión de este experto, que también estuvo al frente de la Seguridad Social como director de ordenación, “el análisis del sistema público de pensiones se debe realizar como suma del sistema de Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas, porque en última instancia es el saldo de los dos el que incide en la composición y saldo de las cuentas públicas españolas”.

Para completar la ampliación fotográfica del conjunto del sistema público a final de año, el déficit previsto por el equipo de Escrivá, del 0,5%, terminará siendo algo más elevado si la contabilidad se hace excluyendo del capítulo de los ingresos casi 3.000 millones que recaudará la Seguridad Social por la nueva cotización del MEI (que alimenta la nueva hucha de las pensiones), ya que esto recortará el ritmo de crecimiento de la recaudación por cotizaciones (a través de las cuotas de los trabajadores y las imputadas a la empresa) hasta el entorno del 8,2%. Aunque este es un fuerte crecimiento de los ingresos, es algo menor que el importante avance del gasto, de alrededor del 11%, impulsado por la revalorización de las pensiones un 8,5%, según el IPC; el incremento del número de prestaciones en un 1% y la mayor cuantía de estas últimas (lo que supone un aumento del 0,7% más).

Evaluación europea

Con esta contabilidad, que utiliza la Comisión Europea en las evaluaciones que se incluyen en su Ageing Report, el agujero presupuestario de todas las pensiones públicas en su conjunto se elevaría a final de año al entorno del 1,5% (-0,5% de la Seguridad Social y -1% de las clases pasivas), lo que equivaldrá a algo más de 21.000 millones de euros. Y esto después de haber inyectado al sistema, vía transferencias de impuestos, más de 20.000 millones de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social. Si además no se tuviera en cuenta la recaudación del MEI, el desequilibrio sería del 1,9% del PIB (26.000 millones). Es más, el saldo negativo aumentaría hasta el 3,3% del PIB, alerta García, “si no se hubiera aplicado la nueva transferencia estatal en concepto de gastos impropios, que ha cambiado de ubicación el saldo negativo en las cuentas públicas”, trasladándolo desde la Seguridad Social al Estado. Aunque el equipo de Escrivá insiste en defender la previsión de déficit del 0,5% porque es el que arroja la metodología contable admitida por la Intervención General.

Otra forma de estimar el desequilibrio presupuestario del sistema, y que arroja cifras parecidas a las de sumar el déficit de la Seguridad Social y el de las clases pasivas, es el utilizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y editor de los Cuadernos de Información Económica de Funcas, Eduardo Bandrés Moliné, quien en su análisis del Presupuesto de la Seguridad Social diferencia el déficit contributivo “real” del “nominal”. Concretamente, este economista toma los casi 7.200 millones de déficit previsto por el Ministerio de Escrivá (nominal) para 2023, les suma los 15.478 millones que forman parte de las transferencias corrientes del Estado para “prestaciones y funciones contributivas” y les resta los 2.793 millones de recaudación prevista del MEI. El resultado da un déficit “real” de la parte contributiva del sistema de 25.470 millones, muy superior al déficit nominal. Si bien en este punto, fuentes del Ministerio de Inclusión también apuestan por el déficit nominal, porque transferir gastos impropios del sistema, entre ellos parte de las prestaciones contributivas, al Estado es algo avalado por la inmensa mayoría del arco parlamentario en el Pacto de Toledo.

La reforma de las pensiones en dos fases (2021 y 2023) que llevó a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la legislatura que acaba de terminar, pretendía, entre otras cosas, devolver el equilibrio a las cuentas del sistema público de pensiones. Para ello se aprobaron medidas orientadas fundamentalmente a aumentar los ingresos, no solo sin hacer ajustes en el gasto sino, además, manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas. Se trataba de sentar las bases de un futuro sistema más saneado para recibir un fuerte incremento de jubilados nacidos en el baby boom, y que empezarán a retirarse masivamente a partir de mediados de la presente década.

Sin embargo, la realidad social y económica ha impedido al ministro Escrivá acabar la legislatura con las cuentas del sistema de pensiones en positivo. Primero fue la pandemia, que llevó el déficit del sistema hasta el 2,6% en 2020; y, después, la crisis inflacionista agravada por la guerra de Ucrania, que ha impedido un mayor saneamiento de dichas cuentas públicas.

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