El cóctel que ha logrado recortar las horas extra que no se cobran: más inspecciones de Trabajo y menos actividad

Varios equipos de inspectores de Trabajo y Seguridad Social irrumpían de forma coordinada el pasado noviembre en las sedes madrileñas de las cuatro grandes empresas de consultoría —Deloitte, PwC, KPMG y EY— conocidas como las big four. El objetivo era comprobar si cumplían con las obligaciones legales en materia de horarios y jornada de trabajo, incluidas la obligatoriedad de mantener un registro diario de jornada y abonar o compensar las horas extra. La redada sirvió para confirmar lo que era un secreto a voces: jornadas de trabajo de más de 12 y 14 horas por parte de un buen número de sus empleados que no recibían nada a cambio. Los expedientes finales de esta investigación aún no son oficiales, pero se prevé una liquidación por horas extra no pagadas que podría rondar los 700.000 euros y sanciones que podrían ser ejemplares, sobre todo, para que tengan un efecto disuasorio para el resto de las empresas y sectores.

Precisamente, este efecto disuasorio , que se amplifica cuando se dan inspecciones con amplio eco en los medios de comunicación, como en el caso de las big four, está empezando a hacer mella, y se presenta como una de las causas que está haciendo disminuir las prolongaciones de jornada no remuneradas, como reflejan los datos oficiales.

En España se realizaron entre abril y junio de este año seis millones de horas extra a la semana, un 9% menos respecto al mismo trimestre del año pasado, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). La estadística diferencia entre las horas extraordinarias pagadas y las que los empleados no cobran. Son estas últimas las que han caído más llamativamente, hasta los 2,57 millones de horas —el nivel más bajo en un segundo trimestre de la serie histórica, que inicia en 2008—, tras experimentar una fuerte y poco habitual caída del 21% en comparación con el mismo periodo de 2022. Por el contrario, las horas extra que sí son abonadas crecieron un 2,5% en el segundo trimestre de este año, hasta los 3,45 millones.

El Ministerio de Trabajo tiene claro el origen de estos resultados: “Vigilar que la legislación se cumpla con el máximo rigor en esta materia es una prioridad absoluta”. De hecho, fuentes ministeriales hacen hincapié en que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está ya empleando con buenos resultados el algoritmo MAX (Más algoritmos para menos horas extra) para detectar los excesos horarios con la mayor efectividad posible.

En 2022, el número de actuaciones de la Inspección de Trabajo en empresas para controlar los horarios creció un 20%, hasta las 27.457; el importe de las sanciones por las infracciones encontradas se duplicó, sumando 10,7 millones de euros. En 2023, los controles se han reforzado aún más. Solo en los siete primeros meses del año casi se han realizado tantas inspecciones como en todo el año pasado: 20.718 actuaciones en esta materia.

Históricamente, lo habitual es que haya más horas extra pagadas que no pagadas —en la actualidad son el 57% frente al 43%—, pero antes de la ley que pasó a exigir el registro horario en mayo de 2019 —algo en lo que se empeñó firmemente la entonces ministra socialista de Empleo y Seguridad Social, Magdalena Valerio— había trimestres en los que se registraban más horas extraordinarias no remuneradas. Esta situación no ha vuelto a ocurrir desde que entró en vigor el registro obligatorio, si bien hay algunos sectores en los que sí se han trabajado más horas extra de manera gratuita que pagadas. Es el caso de la información y las comunicaciones; las actividades financieras y de seguros; los servicios profesionales o científicos y técnicos, donde se ubican las grandes consultoras antes citadas.

Alberto, de 46 años, ingeniero de telecomunicaciones que trabaja desde casi hace dos décadas para una multinacional tecnológica, describe una de las prácticas que está detrás de las horas extra no pagadas: “Las horas extra que presentamos los empleados para que nos sean abonadas son casi siempre porque nos han pedido nuestros jefes que las hagamos para llegar a tiempo a la entrega de algún pedido o para arreglar a horas intempestivas alguna avería de sistemas informáticos. Solo los profesionales más cualificados de la empresa pueden pasar las horas extra que ellos estimen, sin que se las pidan los jefes”.

Registros incorrectos

La obligatoriedad del registro de jornada diario tiene como objetivo poner negro sobre blanco las horas que realizan los trabajadores por encima de su jornada ordinaria, pero no es tan fácil. El registro horario de Alberto, por ejemplo, se hace de manera incorrecta. Firma los viernes por la tarde su hora de entrada y salida de toda la semana, poniendo su horario oficial y sin incluir las horas extra porque no se las van a pagar ni compensar con tiempo libre, explica.

El adjunto a la secretaría de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Raúl Olmos, llama la atención sobre el hecho de que, más allá de la reciente caída de las horas extra, si las cifras del segundo trimestre se comparan con las de 2019, antes de la pandemia, el número de horas de más que se realizan es prácticamente el mismo. Sin embargo, se han recortado un 11% las que no se pagan y han aumentado en el mismo porcentaje las que se abonan. “Eso es un claro reflejo del efecto de la obligatoriedad del registro horario y de las inspecciones”, señala el sindicalista. Olmo resalta que el descenso de las horas, sobre todo las no pagadas, es fruto también del efecto composición: han disminuido las horas extra en los dos sectores que declaran hacer más, que son la industria (866.900 horas a la semana entre abril y junio, en su mayoría pagadas) y la sanidad (casi 800.000 semanales en el segundo trimestre), que ha reducido a la mitad las horas no cobradas.

Sin embargo, otras fuentes apuntan que la caída de las horas extra en el segundo trimestre, fundamentalmente las no pagadas, no se puede atribuir en solitario a un aumento de los controles de la Inspección, ni a la implantación del registro horario. También responde a una pérdida progresiva del dinamismo del mercado de trabajo, tal y como reflejan los últimos datos estadísticos, que apuntan a un récord de empleo, pero con cierta pérdida de fuelle en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Así lo asegura un responsable de Derecho del Trabajo de uno de los bufetes de abogados más importantes de la capital. Explica que cuando se ralentiza la actividad, las horas extra no pagadas son las primeras en caer: “Desde principios de año los laboralistas venimos notando que se empieza a producir un progresivo parón y esto se nota en la disminución de las horas extraordinarias”. Es más, asegura que “la gran bolsa de horas extra sigue estando donde ya estaba antes del registro horario, en las pequeñas empresas. Las grandes, aunque solo sea por eludir responsabilidades, se preocupan más de que no se prolonguen las jornadas ante posibles demandas por el derecho a la desconexión o por problemas de salud mental.

Miguel Ángel Montero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y responsable de esta área en el sindicato CSIF, confirma que “la mayor resistencia a llevar de manera correcta un registro horario que evidencie las horas extra está en las pymes, porque en las grandes compañías normalmente son los comités de empresa los que ejercen ese control”. Habitualmente, reconoce este inspector, “las pequeñas empresas o directamente no firman a la entrada y la salida diariamente; o firman ambas al entrar o tienen un registro en A, que es el que enseñan a la Inspección y otro en B”.

Una trabajadora de una peluquería de un céntrico barrio madrileño, que lleva seis años empleada en el establecimiento, admite que no hay control. “No se registran en ningún sitio las horas a las que entramos o salimos”, afirma, y tira de sarcasmo para decir que ella sobrepasa su jornada en dos o tres horas cada semana. “Si me pagaran ahora todas las horas extra que he hecho estos años me podría comprar un coche”.

Pese a que el registro horario aún no es una realidad generalizada en todas las pymes, aunque sea obligatorio, Montero considera que “la ley fue buena, sobre todo por el efecto disuasorio. Pero requiere mejoras que deberían de pasar por la digitalización obligatoria de los registros”. En su opinión, el paso siguiente sería obligar a que el registro fuera telemático, porque eliminaría parte del fraude que ahora se encuentra en las inspecciones.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal