Beneficiados y perjudicados por la reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones diseñada por el Ministerio de Seguridad Social pretende aumentar las prestaciones sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Dos ambiciones intrínsecamente enfrentadas, que el ministro José Luis Escrivá ha maridado con un aumento de los ingresos derivado de la subida de cotizaciones. Entre las modificaciones que proyectan una mejoría de las pensiones está la posibilidad de ampliar el periodo de cómputo —los años que se toman como referencia para calcular la pensión— de 25 a 29, descartando los dos peores y eligiendo los 27 con mayores cotizaciones. O quedarse con los últimos 25, como sucedía hasta ahora.

Un horizonte más amplio beneficiará a aquellos trabajadores con carreras irregulares, en palabras de Escrivá. Sin embargo, el impacto puede no ser relevante para otros perfiles con carreras más estables. EL PAÍS ha consultado a distintos tipos de trabajadores próximos a la jubilación cómo creen que puede afectarles los cambios del nuevo marco legislativo.

Un autónomo: “Deberían contemplarse todos mis años cotizados y no los últimos”

La pensión de jubilación media de un autónomo es 600 euros más baja que la de un asalariado. Entre otras razones, porque el 80% de ellos cotiza por la base mínima. Con estas dos variables sobre la mesa, el Ministerio de Seguridad Social aprobó —tras recibir el visto bueno de las principales organizaciones de autónomos—, un sistema de cotización basado en los ingresos reales con el que se busca una mejor cobertura al terminar la vida laboral. Según ha defendido el ministro Escrivá, dos de cada tres miembros de este colectivo se van a beneficiar del nuevo marco y tendrán una pensión mayor.

Francisco Gordillo cumplirá 64 años en junio después de toda una vida como trabajador por cuenta propia. “En febrero sumé 39 años cotizados”, dice. Tiene una tienda de fruta, pescado y carne en Sevilla, en un local que comparte con otros dos autónomos. Ha trabajado ininterrumpidamente, por lo que no tiene lagunas de cotización —los periodos en los que una persona no ha aportado a la Seguridad Social, por encontrarse, por ejemplo, en situación de desempleo—, aunque ha ido variando su base de cotización: “Hasta que llegué a los 50 años estuve pagando la mínima, que entonces era de 800 euros. Después la subí a los 1.200″.

Gordillo es crítico con la reforma: “Está mal hecha, porque lo que debería contemplarse es toda la vida laboral de una persona, y no sus últimos 25 o 29 años”. Y se explica: “Una persona que haya trabajado hasta los 55 años y de repente se quede sin empleo, se encuentra en una edad muy mala para encontrar otro trabajo y ve cómo le quedan 10 años por delante, que va a tener muy difícil cubrir, y la pensión con la que va a vivir el resto de su vida se le va a recortar”. Los críticos con este planteamiento señalan que incluir en el cálculo los primeros años de la vida laboral, cuando los salarios suelen ser inferiores, repercute en una menor pensión.

Un ‘baby boomer’ con carrera estable: “No cambia mi situación”

Francisco Javier Goicoechea tiene 65 años recién cumplidos, 42 cotizados y, de momento, poca intención de jubilarse. La vida laboral de este ingeniero navarro afincado en Madrid es un ejemplo idílico de cómo ha desarrollado su carrera buena parte de su generación, la de los baby boomers —aquellos nacidos entre 1946 y 1964—, cuyo retiro pondrá en tensión el sistema de pensiones por tratarse de una hornada numerosa y con prestaciones elevadas: “No he dejado de trabajar desde que salí de la universidad”. Y, aunque su empresa ha ido sufriendo cambios societarios, su empleador ha sido el mismo.

La reforma afectará a su cotización en los años que le quedan, pero no a su pensión: con el aumento de las bases máximas, su empresa pagará más por él lo que le quede de vida laboral. “A mí no me cambia nada”, reconoce. No ha tenido periodos de inactividad en su carrera y tendrá derecho a la pensión máxima cuando se jubile. Esto, cuenta, lo hará “en principio en tres años”. Por cada año de más cotizado, Goicochea puede elegir entre varios incentivos: una cantidad alzada que dependerá de los años cotizados y que puede ir desde los 5.000 hasta los 12.000 euros; un incremento del 4% por cada año de más o una combinación de ambas.

Aunque le beneficiaría, no está de acuerdo con que las pensiones máximas se revaloricen al mismo ritmo que las más bajas: “No me parece sostenible. Mantendría la revisión al IPC solo para las menores o aumentaría el periodo requerido de cotización”.

Una trayectoria irregular: “Tendré que trabajar todos los años que pueda para mejorar mi pensión”

“La última vez que comprobé cuánto me correspondería de pensión casi me entra una depresión y no he vuelto a mirarlo”, cuenta Yolanda Babiecki (Madrid, 65 años). Geóloga de carrera, ha hecho “de todo” en la vida: al salir de la universidad, y tras varios empleos en el mundo de la arqueología, estuvo trabajando como profesora ayudante mientras preparaba su tesis doctoral. No llegó a acabarla porque decidió dedicarse a tiempo completo a la educación de sus hijos. Desde entonces, ha ido alternando trabajos puntuales como profesora en academias o para empresas, con contratos por cuenta ajena pero temporales. También ha asesorado en materias de medioambiente a empresas como autónoma.

Ahora es profesora de jardinería como docente de la Comunidad de Madrid, y las cuentas no le salen: tiene 22 años cotizados, de los cuales menos de 10 han sido como asalariada. Todo lo demás ha sido como autónoma, y alternando épocas sin trabajo. “Voy a seguir trabajando todo lo que pueda, porque estoy bien de salud y además lo necesito para mejorar mi pensión”. De la reforma, lo que más le afecta es el plus de 30 euros que recibiría por cada uno de sus cuatro hijos. Lo que sí defiende es que hay que retrasar la jubilación: “No queda más remedio”.

Un fijo discontinuo: “Va a mejorar la pensión de las mujeres con este contrato”

Uno de los contratos estrella de la reforma laboral es el del fijo discontinuo, diseñado para cubrir actividades estacionales y sustituir al temporal. Se trata de una modalidad en la que el trabajador tiene garantizado el empleo durante un tiempo determinado al año, y el empresario la obligación de llamarlo cuando den comienzo estas campañas. También ofrece una mayor indemnización en caso de despido. El empleado, por su parte, cotiza mientras esté en situación de actividad, y durante el periodo de inactividad cobra la prestación por desempleo. Cuando no reciba paro, no aportará nada al sistema, y comenzará a acumular lagunas.

Antonio Ferro, de 60 años, firmó hace dos meses un contrato de este tipo. Hasta ese momento venía siendo indefinido, pero ha acordado permanecer así durante cuatro años en la empresa donde trabaja, una cadena hotelera con presencia en Lloret de Mar (Girona), y después volver a ser fijo. Además, suma 42 años cotizados, por lo que la jubilación se le antoja próxima. En su condición de secretario general de la Federación de Servicios de CC OO de Girona, está al tanto de los beneficios que aporta el nuevo marco, especialmente para las mujeres. “En zonas como la Costa Brava, donde se trabaja cada vez menos meses, hay muchas mujeres que por no tener los años de cotización necesarios cobran pensiones no contributivas, y estas se van a incrementar en un 20% y es algo importantísimo. Va a suponerles una gran mejora”, detalla. “Además, son las que se cogen, por lo general, más reducciones de jornada, y con la reforma se les va a cubrir hasta tres años la base de cotización como si estuvieran a jornada completa”, añade.

Un funcionario: “A mí no me afecta”

Santiago Collado se jubiló el año pasado. Lo hizo con 64 años, y después de haber estado durante los últimos 39 dando clase en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco de San Sebastián. “A mí esta reforma no me afecta”, asegura, por este antiguo profesor universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿El motivo? Ha cotizado como funcionario en el régimen de clases pasivas —en el que se encuentran alrededor de 670.000 personas—, que es distinto al de los trabajadores del sector privado, y que, por ejemplo, en el caso de Collado, le permite retirarse a los 60 años de forma voluntaria con la pensión máxima al acreditar 32 años cotizados (pertenece al cuerpo A1).

Además de no afectarle por estar ya jubilado, los trabajadores públicos cuentan con una tabla de edad diferente para poder retirarse: a los funcionarios sujetos al Régimen de Clases Pasivas, la jubilación o retiro forzoso se les declara de oficio a los 65 años; excepto a los profesores universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, para los que se prolonga hasta los 70.

“El aumento del número de años puede beneficiar puntualmente a algunas personas, pero en términos generales el impacto va a ser limitado”, reflexiona. De hecho, el problema principal, según él, va a permanecer a pesar de los cambios acordados: “El número de pensionistas va a ser cada vez mayor, y sus pensiones más altas. ¿Cómo se va a financiar eso?”. Junto con esta variable, a su juicio no resuelta, Collado también afea el modo en el que se ha aprobado una reforma de este calado. “La forma de hacerlo ha sido muy apresurada. Se han puesto las pilas a última hora y han existido elementos políticos que han condicionado lo que debería ser un pacto global”, sentencia.

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