Un grupo de economistas cuestionan las previsiones de Escrivá en pensiones y ven un deterioro de la sostenibilidad presupuestaria

El grupo de economistas que se ha especializado en España en hacer números sobre las pensiones es bastante reducido. Hasta 16 de ellos han suscrito un estudio dirigido por Fedea que refuta las conclusiones que acaba de publicar el Ministerio de Seguridad Social en un informe que valora la sostenibilidad de la última reforma de pensiones, que liga de nuevo la revalorización de las prestaciones al IPC. Este documento del Ejecutivo se ha elaborado para justificar ante Bruselas que la reforma aprobada el año pasado mejorará la sostenibilidad del sistema de pensiones de jubilación, incluyendo las no contributivas y las de los funcionarios. Sin embargo, estos expertos afirman que “el informe dibuja un panorama optimista sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema público de pensiones tras la reforma”. Mientras que el ministerio defiende que el efecto de sus medidas es prácticamente nulo sobre el saldo presupuestario, los economistas de Fedea sostienen que se está infravalorando el impacto de las reformas sobre el déficit del sistema. Según sus cálculos, el gasto en pensiones, una vez restadas las medidas de ingresos, subirá en 1,5 puntos de PIB en promedio entre 2022 y 2050. Y excederá en 2050 los 3,5 puntos de PIB, unos 52.000 millones a fecha actual, la mitad de lo que se recauda por IRPF. En consecuencia, según sus números, debería ya activarse el mecanismo corrector que se pondrá en marcha en 2025 y que evaluará cada tres años la sostenibilidad de las pensiones. De ponerse este en marcha, la legislación ya contempla que tendrían que aprobarse nuevos aumentos de ingresos u otras medidas compensatorias de ajuste de gasto. Es decir, otra reforma. Y, de no tomarse estas medidas, aumentarían automáticamente las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores.

Casi dos millones más de población que las estadísticas de Eurostat; el 50% de los nuevos pensionistas demorando su jubilación tres años, o una productividad que duplica la que ha tenido España en las últimas tres décadas… Estas son algunas de las hipótesis en las que se basa el Ministerio de Seguridad Social y que cuestiona el informe de Fedea. “Desafortunadamente, las proyecciones del Ministerio resultan, según nuestra evaluación, poco plausibles. Se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones, así como en estimaciones no suficientemente documentadas y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios de algunas de las medidas de la reciente reforma”, dice el documento publicado por Fedea.

Uno de los mayores ahorros que prevé el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consiste en que esperan que el 50% de los pensionistas retrase su jubilación, de media, 3 años más allá de la edad legal de forma voluntaria. Y ello gracias a los incentivos que ha establecido para demorar el retiro. “Convendría ser más cautos”, señalan los expertos de Fedea. En todo caso, no supondría los ahorros que presupone el ministerio, del 1,35% del PIB en 2050, porque el ahorro nunca podría superar el pago en pensiones de la mitad de los nuevos jubilados en esos tres años, y además luego habría un mayor coste por los incentivos que hay que abonar en forma de mayores pensiones por haber cotizado más años. Sitúan el ahorro estimado en menos de un tercio: un 0,41%. Y este se neutralizaría una vez se incorporan los desembolsos que hay que hacer por los incentivos a demorar la jubilación, ya sea en un pago único o mejorando la prestación.

En cuanto a la mejora de las pensiones mínimas vinculándolas a umbrales de pobreza para evitar que no se queden atrás, esta iniciativa apenas supone coste para la Seguridad Social. En cambio, alcanza el 0,28% del PIB para Fedea en 2050. Y los cambios en las cotizaciones de autónomos supondrían que estos contribuyan casi un 28% más cuando se haya completado el sistema dentro de nueve años, señala Fedea. Brindaría unos ingresos del 0,75% del PIB, pero estos se anularían porque a la vez también habría que mejorar sus pensiones y, por tanto, elevar el gasto.

Respecto a la subida de cotizaciones planeadas por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la reforma de los autónomos, el destope gradual de las bases máximas y la cuota de solidaridad, los expertos advierten del impacto que pueda tener en la actividad y en el empleo, algo que el estudio de la Seguridad Social no tiene en cuenta.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Social alega los efectos beneficiosos de la reforma laboral, el afloramiento de economía sumergida y las subidas del SMI para afirmar que así se conseguirá hasta un 0,6% del PIB al año en ingresos. Por el contrario, los expertos de Fedea consideran que es muy difícil analizar estos efectos y que “la reforma de pensiones debe valorarse en función de sus propios méritos”. Y añaden que si la economía es capaz de reducir el desempleo con bajos niveles de crecimiento, como argumenta el Gobierno, eso no sería precisamente bueno para la productividad y, por lo tanto, para los salarios y las cotizaciones. “La adopción de buenas políticas económicas en las próximas décadas no puede darse por sentado”, indican. Además, recuerdan que los cálculos de la Seguridad Social suponen que las subidas del salario mínimo no reducen en absoluto el empleo.

Los economistas ponen el énfasis en que no conviene infravalorar los costes económicos, políticos y sociales de activar las subidas de cotización previstas en el mecanismo corrector de las pensiones que se aplicará en 2025. “Dado su elevado nivel, una subida adicional de las cuotas para cubrir el crecimiento del déficit del sistema público de pensiones podría tener efectos adversos sobre el crecimiento potencial, el empleo, la productividad y, en definitiva, sobre el bienestar”, subrayan.

Para su informe sobre la sostenibilidad del sistema, la Seguridad Social usa unas proyecciones propias de población. Estas son notablemente más optimistas que las de Eurostat, recalca Fedea. De hecho, las de Eurostat serán la base para los escenarios del Ageing Report, el informe europeo sobre envejecimiento que se publicará en 2024 y cuyas estimaciones se utilizarán para evaluar la reforma de pensiones española en 2025.

El documento de la Seguridad Social vaticina que entre 2023 y 2050 habrá 1,8 millones de ocupados más que los que augura Eurostat. Esto se basa en un mayor tasa de nacimientos sin hablar de políticas que lo favorezcan. Y, sobre todo, en una mayor llegada de inmigrantes para compensar las carencias del mercado laboral español. “Sin embargo, la experiencia de Japón o las provincias españolas en las que se ha reducido el número de ocupados muestra que los flujos migratorios no se ajustan necesariamente para evitar el descenso del empleo”, argumentan los economistas de Fedea. El ministerio también reduce el crecimiento de la esperanza de vida sobre el que proyecta Eurostat. Si se utilizaran las previsiones demográficas de Eurostat en lugar de las de Escrivá, el gasto en pensiones subiría en 1,2 puntos de PIB más, señalan.

La Seguridad Social engorda además la productividad en sus previsiones para así conseguir crecimientos del PIB mucho mayores en los próximos años. Pese a que durante los últimos años treinta años ha sido del 0,6% anual, el ministerio pronostica incrementos entre el 1,2% y el 1,6%. “Por cada décima anual de menor crecimiento de la productividad, el gasto en pensiones en 2050 aumentaría en unas tres décimas de PIB”, explica el informe de Fedea. En total, el desembolso en pensiones engordaría hasta en 2,5 puntos de PIB si se usan las últimas estimaciones macroeconómicas del Ageing Report publicado en 2021.

Respuesta de la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social considera que es un informe proveniente de un sector de la academia que ya ha manifestado anteriormente sus críticas a la política del Gobierno en esta materia y responde a algunos de los cuestionamientos que estos expertos hacen sobre la reforma del Ejecutivo. El primero de ellos es sobre el impacto de los incentivos a la jubilación demorada, cuyo ahorro estimado por el Ejecutivo es mayor que el calculado por los autores de este estudio, que asegura que las previsiones de la Seguridad Social no incluyen, entre otras cosas, el mayor gasto por las pensiones más elevadas que cobrarán quienes retrasen su retiro. Si bien desde el Ministerio aseguran a EL PAIS que la prueba del ahorro que tendrá esta medida es que “esta modalidad (de jubilación demorada) ya empieza a dar resultados, ya que se han duplicado las jubilaciones de este tipo”.

Esta misma crítica hacen los expertos de Fedea con las estimaciones sobre los mayores ingresos que repercutirá el nuevo sistema de cotización de los autónomos, ya que aseguran que sus pensiones más elevadas en el futuro no están incluidas en las proyecciones de la Seguridad Social, algo que niegan rotundamente desde el ministerio. “Tanto para calcular el impacto de la jubilación demorada como de la reforma de la cotización de los autónomos se han tenido en cuenta el incremento del gasto que supondrán”, asegura el departamento que dirige Escrivá.

Asimismo, a la hora de evaluar el gasto en pensiones sobre el PIB, así como la evolución del empleo o la productividad, estas mismas fuentes consideran que los autores de este informe “no tienen en cuenta el fuerte impacto que tendrá el Plan de Recuperación, nuevas revisiones al alza del PIB o importantes reformas pendientes para la próxima legislatura como la fiscal o la de la Administración Pública”.

Los economistas y académicos firmantes del documento coordinado por Fedea son: Ángel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC), coordinador del trabajo; Mercedes Ayuso (Universidad de Barcelona); José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA y U. Complutense); Enrique Devesa (U. de Valencia e IVIE); Javier Díaz Giménez (IESE); Julián Díaz-Saavedra (U. de Granada); Rafael Doménech (BBVA Research y U. de Valencia); Inmaculada Domínguez Fabián (U. de Extremadura); Luisa Fuster (U. Carlos III); Miguel Ángel García Díaz (U. Rey Juan Carlos I y FEDEA); José Antonio Herce (LoRIS); Sergi Jiménez (U. Pompeu Fabra y FEDEA); José María Marín Vigueras (U. Carlos III); Concepció Patxot (U. de Barcelona); Alfonso Sánchez Martín (FEDEA); y Felipe Serrano (U. del País Vasco).

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