La reforma de las pensiones deja dos ajustes para la próxima legislatura

La reforma de pensiones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, deja dos ajustes pendientes para la próxima legislatura. Por un lado, la subida de cotizaciones a los autónomos, que tendrá que hacerse a partir de 2026 para que vayan gradualmente equiparándose a las de los asalariados en un proceso que debe culminar antes de 2032, tal y como recoge la legislación. Por otro lado, el mecanismo de cierre que ha impuesto la Comisión Europea, que se activa a partir de 2025 y que, en el supuesto de no tomar medidas, corrige automáticamente a base de subidas de cotizaciones cualquier desfase que pueda surgir sobre unas proyecciones a 30 años que ya implican unos niveles de gasto sobre PIB de los más altos de Europa.

El número de pensionistas va a aumentar desde los 10 millones de la actualidad hasta los 15 millones en 2050. Este es el único dato que se puede dar por seguro respecto a las pensiones. Se trata de un incremento del 50% en el número de beneficiarios y que pondrá presión sobre la principal partida del gasto público, con un coste anual que en estos momentos ronda los 190.000 millones de euros y que supone casi un tercio del total del presupuesto de las Administraciones.

La reforma de pensiones de Escrivá básicamente consiste en volver a revalorizar las prestaciones con el IPC; suprimir el factor de sostenibilidad —un instrumento que aprobó el Gobierno del PP y que reducía la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida—; elevar los ingresos por cotizaciones, y transferir más de 20.000 millones de euros del Presupuesto del Estado. Sin embargo, la Comisión Europea ha apretado. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que inventó el ministro Escrivá para sustituir al Factor de Sostenibilidad ha sido insuficiente. El Ejecutivo europeo lo ha reforzado imponiendo un mecanismo de cierre del sistema que se activará en el caso de que haya desviaciones y que comenzará a evaluarse a partir de 2025 cada 3 años. Si se encuentra un desfase, habrá que tomar medidas. De no hacerlo, se activará un incremento automático de cotizaciones que corregirá el exceso a razón de un 20% al año. El ministro ha explicado que ve muy poco probable que este se ponga en funcionamiento. De hacerlo, sería por muy poco.

Para justificarlo, en su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso, Escrivá mostraba un gráfico en el que se exhibía la evolución del gasto público sobre PIB sin concretar en qué supuestos se basaba. Decía que este se elevaría del 12,2% del PIB en 2023 hasta el 15% en 2047. Pero que 1,5 puntos se corregirían con las medidas de ingresos aprobadas. Y otros 1,5 puntos de PIB por los incentivos para alargar la vida laboral. De esta forma, el problema se presentaba como algo manejable.

Para comprobar si hay una desviación del gasto en pensiones, el mecanismo impuesto por la Comisión toma el gasto calculado con su informe sobre envejecimiento, que se publica cada tres años y que recoge proyecciones por países a varias décadas. En marzo de 2025, la Autoridad Fiscal tendrá que evaluar si, según la actualización que se publicará en mayo de 2024, el desembolso medio entre 2022 y 2050 supera el 15% del PIB. Y si las medidas adoptadas de ingresos con la reforma alcanzan el 1,7% del PIB de media anual para compensar una parte del incremento de gasto. Todo lo que exceda de la combinación de esas dos cifras —es decir, un equilibrio entre ingresos y gastos del 13,3% del PIB— sería el desfase que hay que corregir, ya sea con medidas o con el aumento automático de cotizaciones.

Diferencias en los cálculos

El primer inconveniente en los cálculos que da el ministro es que el informe de envejecimiento coge todas las pensiones públicas incluyendo las de los funcionarios, las llamadas clases pasivas. Y entonces el gasto inicial es superior en más de un punto de PIB al que presentó Escrivá en el Congreso el miércoles. En 2023 se sitúa alrededor del 13,5% del PIB.

Según el actual informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea, con la revalorización del IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad, el desembolso en pensiones tocará el 16,6% del PIB en 2050, por encima de la previsión que mostró el ministro una vez se incluyen las prestaciones de funcionarios.

Si se calcula la media de gasto del periodo 2022-2050 con el vigente informe de envejecimiento, ya sale prácticamente el 15% del PIB que pone como límite la Comisión. Además, habría que sumar los incrementos de gasto aprobados que plantea la reforma, como el descarte de los dos peores años en el cómputo, la subida de la pensión mínima, la mejora del cierre de lagunas, las medidas para acortar la brecha de género, el aumento de prestaciones de autónomos, las cotizaciones de becarios o la jubilación parcial. Con estos nuevos desembolsos y un ligero desfase añadido que ya se aprecia en las previsiones debido a la inflación, el gasto se aproximaría al 17% del PIB en 2050, según coinciden una decena de expertos.

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Europea, de aquí a 2050 solo Italia alcanzará esa cifra del 17% del PIB. Francia, en cuyos números no se plasma la actual reforma, registra su máximo en 2030 con el 15,6% del PIB. Portugal, el 14,6% en 2035. Y Alemania nunca rebasa el 13%.

Por la parte del gasto, el ministro indicó que se pretenden ahorrar 1,5 puntos de PIB gracias a los incentivos para alargar la vida laboral. Sin embargo, estas se basan, según la memoria económica de la primera parte de la reforma, en que al menos un 45% de los trabajadores se jubilen de media tres años más tarde. Los expertos consultados subrayan la dificultad de que se cumplan estas estimaciones al no haber un estudio que las respalde.

Ingresos

Por la parte de los ingresos, la reforma plantea el destope de las cotizaciones para rentas altas, el recargo solidario y elevar poco a poco el MEI hasta el 1,2% de cotización. Con ello se busca ingresar unos 15.000 millones de euros al año, el 1,2% del PIB. Según cálculos tanto del director de Fedea, Ángel de la Fuente, como del actuario Enrique Devesa, estas cifras podrían reducirse en al menos un cuarto cuando estén completamente desplegadas.

En todo caso, hay que añadir las cotizaciones de autónomos, que tendría que aprobar otro Gobierno y que podrían generar hasta medio punto de PIB de recaudación. Pero incluso llegando con estas al 1,5 del PIB planteado por Escrivá, faltaría para el 1,7% que reclama la Comisión. Además, “los periodos transitorios son demasiado largos y retrasan sus efectos”, explica el economista José Antonio Herce. De modo que en la media del periodo sería todavía más difícil lograr el 1,7% del PIB en ingresos. “Con el gasto situándose pronto en el 15% del PIB y las medidas sin llegar al 1,7%, existe un riesgo sustancial de que se tenga que activar el mecanismo ya en 2025″, sostiene De la Fuente. Hasta una decena de economistas consultados respaldan este análisis.

Los expertos consideran que hay una inconsistencia en el discurso de Escrivá, que ha insistido en que las subidas de cotizaciones son pequeñas. ”Esto no es un asunto que se arregla con 15.000 millones de ingresos. Si fuera solo eso, no sería un problema”, señala el catedrático de la Complutense Ignacio Conde-Ruiz.

De ahí el automatismo de cierre que impone la Comisión. Según cálculos tanto de Rafael Doménech, economista del BBVA, como de Miguel Ángel García, investigador de Fedea, corregir ese desfase supondría subir las cotizaciones en más de dos puntos por cada punto adicional de PIB que haya que recaudar, dejándolas entre las más altas de Europa.

“En un entorno competitivo y con problemas de productividad se suben los costes laborales, yendo contra los salarios y el empleo”, comenta el economista José Carlos Díez. “Tendría un efecto sobre la economía”, añade Francisco Vidal, director de Economía de Cepyme.

Como explica el ministro, esta reforma logra mantener la pensión en el 80% del salario medio frente al 50% que supondría seguir con la reforma del PP sin inyectar ingresos. “La reforma que había planteado Escrivá inicialmente ponía un límite al crecimiento del gasto con la ampliación del periodo de cálculo a los 35 años y manteniendo el factor de sostenibilidad. Pero todo esto se ha caído y la actual reforma no pone ningún dique al gasto”, explica Miguel Ángel García.

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