Escrivá activa un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto de la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social ha cerrado con Unidas Podemos y con Bruselas la reforma con la que espera garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La arquitectura que sostiene el pilar más robusto del Estado de bienestar se enfrenta al desafío del envejecimiento de la población y la jubilación del baby boom. Todos estos elementos estresan las cuentas, que tendrán más presión al vincular las pensiones a la inflación. Para evitarlo el Ejecutivo ya ha aprobado medidas con el objetivo de engordar la hucha de la Seguridad Social, como los mecanismos para alargar la edad real de jubilación o el cambio en el sistema de autónomos para que coticen por sus ingresos reales. El último paso en esa línea es esta reforma de las pensiones, que se centra en incrementar los ingresos mediante tres instrumentos principales: el aumento de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023) de 2024 a 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales; una cuota de solidaridad a los salarios más altos del 1% en 2025 que irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045; y un alza del mecanismo de equidad intergeneracional: en vez de ser de 0,6 puntos se dobla hasta 1,2 en 2050, a un ritmo de crecimiento de una décima al año.

Esta reforma elevará el gasto en pensiones al entorno del 15% del producto interior bruto (PIB), según fuentes de la negociación, frente al 12% que representa hoy. El Gobierno tiene claro que no debe pasar de ese límite y por ello el texto que planteó este viernes a los agentes sociales, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye mecanismos automáticos por si se desvía el gasto de la Seguridad Social por la tensión que supondrán las amenazas en el horizonte para las cuentas públicas. Si el Parlamento no se pone de acuerdo en cómo aumentar los ingresos o recortar el coste del sistema, el mecanismo de equidad intergeneracional subirá de forma automática para asegurar un incremento en las cotizaciones. El aumento de las cuotas será equivalente a un 20% del exceso de gasto sobre las proyecciones previstas por el Gobierno. Fuentes de la negociación calculan que este nuevo modelo de pensiones supondrá un aumento de los ingresos de 15.000 millones de euros al año, mientras que el gasto se incrementaría en 2.500 millones.

El organismo encargado de auditar el comportamiento del nuevo sistema es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La Seguridad Social le encomienda que a partir de marzo de 2025, cada tres años, realice un informe de evaluación del modelo, en el que calcule el comportamiento de las políticas adoptadas para el periodo 2022-2050. El dato clave, según destaca el texto, es “el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo”. Insta a que la AIReF utilice “los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea”.

“Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB”, detalla el texto de Seguridad Social. Si el impacto es superior o inferior a ese 1,7%, la AIReF deberá comprobar que con la desviación el gasto total sigue sin superar ese 15%.

Ante eventuales excesos, el Gobierno pedirá a la AIReF otro informe que analice esta situación y será competencia del Ejecutivo “identificar un conjunto amplio de medidas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones”. Si se da esta circunstancia, el Ejecutivo abrirá una negociación con los agentes sociales para “corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones”. El texto de la reforma indica que esto se puede conseguir mediante “un aumento de las cotizaciones” o con “otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto”. También contempla una combinación de ambas medidas.

De este análisis resultaría un proyecto de ley que se remitiría al Congreso de los Diputados. Ante la posibilidad de que la reforma que plantee el Gobierno no prospere en el Parlamento, la Seguridad Social indica que el mecanismo de equidad intergeneracional crecería de forma automática para asegurar más ingresos. “La cotización del mecanismo de equidad intergeneracional aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación del informe y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto neto sea corregido”, añade el borrador que la Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales.

El Gobierno detalló esta reforma a sindicatos y empresarios este viernes en el Ministerio de Seguridad Social. Además de las modificaciones en materia de ingresos, la mejora de las lagunas de cotización y de las pensiones contributivas y mínimas, el otro gran cambio que introduce la reforma es la opción dual para el periodo de cómputo (los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión): los pensionistas podrán elegir entre quedarse en el sistema actual, de 25 años, o pasar a un cálculo de 29 años, pudiendo excluir los dos de peor cotización. La Seguridad Social aplicará directamente el sistema que más beneficioso resulte a cada pensionista. Este doble sistema convivirá hasta 2044, cuando el sistema de 27 años quedaría como el único posible.

Rechazo de la patronal, valoración positiva de los sindicatos

La patronal rechaza frontalmente el planteamiento del Ministerio de Seguridad Social. “El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”, indican las organizaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA en un comunicado conjunto, que hicieron público antes del final de la reunión. En el mismo texto catalogan la propuesta de Escrivá como “regresiva” porque “implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”. “Insistimos en que la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”, añaden.

Pese a esta posición tan contraria al planteamiento del Gobierno, fuentes de la CEOE confirman que participarán en una nueva reunión convocada por el Ejecutivo para el próximo lunes, también en el ministerio. En ese encuentro también intervendrán los sindicatos, que hacen un mejor diagnóstico de la reforma. “Especial valoración positiva merece el hecho de que se mantenga la orientación de la reforma del sistema de Seguridad Social, iniciada en 2021, basada en el refuerzo de los ingresos del sistema y garantizando sobre esta variable la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones”, indican CC OO y UGT en un comunicado conjunto.

Respecto a la auditoría periódica de la AIReF, los sindicatos destacan que “cualquier compromiso de seguimiento de la evolución del sistema de Seguridad Social debe ser complementario y auxiliar al marco de concertación política y social que está dando excelentes resultados en España desde su definición en 1995 en el marco del Pacto de Toledo”. Los negociadores sindicales que acudieron a la reunión, Fernando Luján por parte de UGT y Carlos Bravo de CC OO, insistieron en que la reforma no está cerrada y que ven margen para mejorarla, por ejemplo en las políticas para eliminar la brecha de género en las pensiones.

Al igual que los sindicatos, la parte de Unidas Podemos en el Gobierno celebró este viernes la reforma. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que este cambio en el sistema de pensiones refuerza las prestaciones más bajas, “que afectan especialmente a las mujeres; para ello mejoramos la cobertura de las lagunas de cotización que se derivan de la inestabilidad laboral”. Es un discurso parecido al de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra: “La propuesta sobre pensiones que hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos”.

La idea con la que trabaja la Seguridad Social es que el próximo miércoles Escrivá explique los cambios en materia de pensiones al Pacto de Toledo y, posteriormente, si no hay sorpresas, se apruebe por real decreto ley en el Consejo de Ministros. Después será el turno del trámite parlamentario.

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