Una reforma sólida que garantiza unas pensiones justas y sostenibles

Esta semana, poco antes de que se cumplan tres años del hito que supuso la histórica renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, hemos completado la reforma de pensiones que iniciamos en 2021. Aunque las últimas modificaciones normativas fueron aprobadas el pasado mes de marzo, el compromiso asumido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exigía la publicación de un completo informe que explicara, a partir de proyecciones demográficas y macroeconómicas, cómo las medidas adoptadas garantizan la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el largo plazo.

Se trata de un ejercicio de transparencia notable, inédito en anteriores reformas, y que, en mi opinión, plasma las dos grandes características de este proceso 2021-2023. En primer lugar, se trata de una reforma profunda que, a través de un equilibrio muy medido, incide tanto en los gastos como en los ingresos del sistema con el fin de recuperar y extender derechos, mejorando la suficiencia, equidad y sostenibilidad financiera y social de nuestras pensiones. Y, en segundo lugar, es una reforma comprehensiva, cuyos diferentes elementos se complementan entre sí, y que se engarza en el proceso de transformación sin precedentes que está viviendo nuestra economía impulsada por el Plan de Recuperación y los fondos Next Generation, en estrecha conexión con la gran transformación experimentada por nuestro mercado de trabajo tras de la reforma laboral de hace dos años.

Me atrevería a recomendar la lectura del prolijo informe a todo el mundo, pero especialmente a aquellos que han sido más escépticos con la reforma en estos últimos años, a veces sin profundizar suficientemente en el contenido e implicaciones de cada una de las medidas.

En este sentido, hemos visto recientemente cómo algunos analistas han acuñado nuevos conceptos (déficit contributivo, déficit básico…) que, lejos de enriquecer el análisis de un asunto tan sensible como las pensiones, ponen de manifiesto dos cosas. De un lado, una visión arcaica del principio de contributividad como si la Seguridad Social respondiera exclusivamente a la lógica del seguro privado, prescindiendo del otro gran eje vertebrador de nuestro sistema, el principio de solidaridad, que inspira la separación de fuentes y la mayor implicación del Estado en su financiación consagrada por el Pacto de Toledo. Y, de otro, revela un empeño por no reconocer la indiscutible mejora de las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit ha bajado del 1,6% del Producto Interior Bruto en 2016 al 0,4% en 2022, en una senda positiva que nos ha de llevar al equilibrio próximamente.

En clave más positiva, la lectura del informe permite constatar el avance que ha supuesto la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. No solo ha evitado el fuerte recorte que la reforma de 2013 imponía a la futura pensión de los jóvenes, sino que al establecer una pequeña cotización adicional ha permitido, por primera vez en una década, volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida como hucha de las pensiones que cerrará el año con más de 5.500 millones de euros- y así afrontar con mayor holgura el gran reto demográfico de la jubilación de los baby boomers de las próximas décadas.

Los buenos resultados del empleo también desmienten a aquellos que auguraban que la introducción del MEI iba a suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo, de forma que se sacrificaría el empleo de hoy para rescatar las pensiones de mañana. Pues bien, lo cierto es que la afiliación a la Seguridad Social desde enero, momento en el que empezó a aplicarse esta cotización adicional, ofrece uno de los mejores registros de la serie histórica, con prácticamente 500.000 empleos creados en nueve meses.

Los números también son alentadores en cuanto a otra de las medidas analizadas en el informe de proyecciones y que persigue alinear la edad de jubilación efectiva con la legal con incentivos positivos para la prolongación de la carrera profesional, algo que se llegó a tildar de “brindis al sol”. Aunque lógicamente desplegará la mayor parte de sus efectos a medio plazo, constatamos que ya está teniendo un impacto notable. El porcentaje de personas que ha decidido continuar voluntariamente trabajando tras haber cumplido la edad de jubilación ha crecido más de tres puntos porcentuales en un año, situándose ya por encima del 8% de todas las altas y con una tendencia creciente cada mes.

Y no quisiera dejar de mencionar la recuperación del derecho a la revalorización de pensiones. El informe acredita que el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas —no olvidemos, un imperativo constitucional—, es un objetivo económicamente viable. Más que un indicio de ello es que la subida sin precedentes del 8,5% en 2023 no vaya a impedir el cumplimiento del objetivo de déficit este ejercicio.

En fin, son muchas las medidas incluidas en este proceso de reformas de casi tres años que se culmina ahora con este hito y que sería imposible detallar en pocas líneas. Creo que el informe, como la evidencia que vamos observando mes a mes, ponen claramente de manifiesto que se trata de una reforma meditada, profunda y solvente. Sin olvidar un aspecto clave para su legitimación: los cambios introducidos han sido fruto de un intenso proceso diálogo con los interlocutores sociales, con los grupos parlamentarios que se han sumado a este proceso y con las instituciones europeas. Ajenos al ruido, todos estos actores han hecho aportaciones esenciales que redundan en una reforma mejor, más completa y sólida. Concluyo, por tanto, con un agradecimiento sincero a todos ellos.

Borja Suárez Corujo es secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal